La Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales manifestó su “preocupación” por las declaraciones del presidente, Mauricio Macri; del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de otros funcionarios del gobierno sobre la decisión de la jueza Patricia Guichandut, cuestionada públicamente por haber concedido una probation a un colombiano con antecedentes penales en su país.

“Se considera oportuno reclamar mesura a las figuras públicas en los cuestionamientos fuera de los carriles legales. Un proceder contrario lejos de contribuir a la institucionalidad, la termina horadando”, sostiene el documento, de una carilla.

La corporación de jueces y fiscales reprochó a esas expresiones buscar “un inmerecido descrédito de la institución como así también de los Magistrados del Poder Judicial de la Nación en su conjunto”.

“Resulta imprescindible que todas las figuras públicas que forman parte de las instituciones democráticas, se expresen con prudencia a la hora de cuestionar a otros Poderes del Estado”.

El texto, firmado por el vicepresidente de la entidad, Marcelo Gallo Tagle, y el secretario general, Enrique Comellas, advierte que “los ciudadanos necesitan confiar en el Poder Judicial como máxima salvaguarda de sus derechos” y, en ese marco, cuestiona “aquellos ataques que se difunden a través de los medios periodísticos fuera de las vías adecuadas y pretendiendo alcanzar en forma generalizada a todos los integrantes de la justicia por igual”.

El fallo que hizo enojar a Macri y a Rodríguez Larreta

La jueza Guichandut homologó un acuerdo de suspensión del juicio a prueba (probation) entre la defensa del colombiano y la fiscalía, en el marco de una causa por un asalto en la modalidad “motochorro” que tramitó bajo el régimen de flagrancia.

La flagrancia impone tiempos muy breves para la resolución de una situación delictiva. Al momento de aprobar el acuerdo, la jueza no contaba (porque no se los habían suministrado) con los antecedentes del imputado en su país de origen.

El bien sustraído, un teléfono celular, fue finalmente recuperado y devuelto a la víctima sin daños. La probation contemplaba, además, un resarcimiento económico de 700 pesos para la damnificada.