La Junta Directiva del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) manifestó su apoyo al Poder Judicial de Brasil y, en particular, a su máximo órgano, el Supremo Tribunal Federal, ante los ataques recientes por parte del empresario Elon Musk.
En su declaración, COPAJU ‒entidad creada a instancias del Papa Francisco y formalizada como persona jurídica de derecho canónico internacional en 2023‒ señaló que el dueño de la red social X se ha negado a cumplir con decisiones del Supremo Tribunal Federal para retirar perfiles de esa plataforma que fueron utilizados para propagar ideas que atacan a la democracia brasileña, en particular, cuentas empleadas para incitar a la participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasil el 8 de enero de 2023. El Comité agregó que, tras esta desobediencia, Musk decidió retirar de ese país a todos los representantes de X, evitando así que hubiese un responsable por las acciones de su empresa.
La Junta Directiva aclaró que “no se trata de una disputa entre individuos (…). Esta es una situación en la que un empresario extranjero, que mantiene empresas que operan en Brasil, incumple deliberadamente la legislación y determinaciones del Poder Judicial de este país”.
COPAJU aseguró que “el Supremo Tribunal Federal es el máximo guardián de la Constitución y la democracia brasileñas”, y que, como tal, ha estado actuando para frenar los intentos de golpe y hacer que sus perpetradores rindan cuentas. Y precisó que si bien los particulares, “sin importar su posición social”, tienen permitido discrepar con las decisiones judiciales e intentar reformarlas mediante el sistema de recursos, no están habilitados a proferir amenazas que pongan en peligro la integridad física y moral de ningún juez, ni atacar o menoscabar las instituciones del sistema democrático.
Es en este sentido que la Junta Directiva del Comité, “desde una posición en favor de los principios democráticos y la defensa de la independencia judicial”, expresó su apoyo a la actuación del Supremo Tribunal Federal y el Poder Judicial brasileño.
El pronunciamiento lleva las firmas del presidente de COPAJU, el juez Roberto Andrés Gallardo; su vicepresidenta, la jueza brasileña Ana Inés Algorta Latorre; el secretario Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar de Cámara en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los vocales Daniel David Urrutia Laubreaux, juez chileno; María Julia Figueredo Vivas, magistrada colombiana; y Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, jueza de la Corte Suprema de Perú.