El proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo propone en uno de sus artículos la derogación de la Ley de Movilidad Jubilatoria y faculta al Gobierno a establecer una fórmula automática de ajuste en las prestaciones, junto con la potestad de fijar de manera periódica los aumentos de haberes hasta que comience a regir el nuevo esquema. Asimismo, faculta al Poder ejecutivo nacional a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones dispuestas por la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los «criterios de equidad y sustentabilidad económica».

Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos «atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos», completa el proyecto. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había informado que los haberes jubilatorios se van a «recomponer» por medio de un decreto «a la espera de un nuevo mecanismo» que reemplace la Ley de Movilidad.

Por otro lado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pasaría a ser controlado por directamente por el Poder Ejecutivo, a través del Tesoro.

«Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 867/07 al Tesoro Nacional. Facúltase el PODER EJECUTIVO NACIONAL a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo», sostiene el proyecto.

Vale recordar que el FGS durante el gobierno anterior creció más del 117% y alcanzó los 76.000 mil millones de dólares, el valor más alto desde su creación, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se había reducido casi a la mitad.