Los intendentes recibieron la iniciativa del gobierno nacional de extenderles la autoridad para controlar los precios minoristas positivamente pero con algunas dudas sobre las posibilidades reales de hacer algo para frenar los aumentos de los precios.

Aunque la novedad se difundió como parte de la Ley de Defensa de la Competencia, desde el municipio de San Martín aclararon que son tareas que tienen que ver con la Ley de Abastecimiento.

“Esta delegación va a permitir que los intendentes amplíen las facultades de control sobre mayoristas por ejemplo e intervenir en forma directa, sin intermediación de Nación ni provincia (de Buenos Aires) sobre los costos y su incidencia en los precios. Es decir que el DNU (que prepara el gobierno nacional) viene a fortalecer la autonomía municipal y el poder de policía”, interpretó una fuente.

En ese municipio cruzaron a los jefes comunales, Fernando Gray, de Esteban Echeverría; Jorge Macri, de Vicente López; y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, quienes saludaron la medida oficial con el argumento de que hoy por hoy no tienen facultades para el control de precios.

Los voceros indicaron que los municipios cuentan con facultades de control y de sanción en el marco de la Ley de Defensa al Consumidor y que pueden fiscalizar, controlar y multar por hasta $500 mil a proveedores de bienes y servicios incluyendo a supermercados.   

En una entrevista que dio este fin de semana al medio web El Cohete a la Luna, Alberto Fernández aseguró que las grandes cadenas de supermercados no tienen que ver con los aumentos de precios y limitó el problema a los comercios de barrio.

El argumento del presidente es que las grandes firmas tienen la lista de Precios Máximos acordada con su administración para retrotraer los precios minoristas a los valores del 6 de marzo pero en los llamados comercios de proximidad carecen de las espaldas necesarias para negociar con los proveedores.

 La afirmación llamó la atención en tiempos de remarcaciones generales. Si bien mantuvieron los precios de los acuerdos firmados con el gobierno los grandes supermercados remarcan habitualmente los productos y marcas que están por fuera de esas listas de acuerdo.

Mientras se desarrolla el decreto presidencial que verá la luz dentro de pocas horas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires recordó que ya dispone de un instrumento para que los municipios puedan ejercer la función a la que apunta Nación.

La administración de Axel Kicillof destacó la herramienta del Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos Esenciales (SIMAP), una página web abierta a comerciantes y consumidores que identifiquen abusos de precios o falta de abastecimiento en productos puntuales.

Mientras se discute el marco regulatorio los comercios de proximidad a los que concurre la mayor parte de los consumidores minoristas siguen recibiendo aumentos en productos esenciales para la vida cotidiana.

En el arranque de esta semana sobresalió el precio de la garrafa, que llegó a los comercios con aumentos del 12,5% según fuentes de los almacenes de barrio consultadas por este medio.