La jueza de Responsabilidad Penal Juvenil, Marta Pascual, dictó medidas tras haber comprobado violaciones de derechos a jóvenes que se encuentran alojados en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria (ex CREU) Lomas de Zamora, del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad (MDC). Según la denuncia, los adolescentes allí cautivos permanecían veinte horas de aislamiento extremo en sus celdas, sin participación en ningún tipo de actividad.
«Las celdas son chicas, no te queda otra que estar acostado todo el día. Hay veces que me siento extraño, estar en esta situación me deprime mucho, me pone mal. Acá, estamos encerrados casi todo el tiempo, no tenemos ninguna actividad, nada para hacer. No te queda otra que mirar la pared. No aguanto más estar así«, exclamó un adolescente que permanece en conflicto con la Ley Penal.
Aislamiento extremo
La resolución de jueza es respuesta a una denuncia realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en la que asegura: «Los jóvenes tenían solo cuatro horas de recreación por día, en un espacio un poco más grande que la celda que ocupaban y llevaban varios meses sin poder ver la luz del sol», denunció Sandra Raggio, directora general del organismo, en diálogo con Tiempo.
«Tomamos conocimiento de esta terrible situación durante una de las constantes inspecciones que realizamos con el equipo especializado en niñez de nuestro organismo. Lo hacemos en el marco del proceso de hábeas corpus colectivo, que se tramita desde 2011 por las condiciones de detención en este dispositivo de encierro, que son pésimas», detalló la directora general.
«Constatamos que en el módulo de ingreso los jóvenes podían estar fuera de las celdas sólo cuatro horas al día. En ese tiempo, solo podían mirar televisión y usar los celulares. La institución tampoco respetaba los horarios de las visitas como corresponde, lo usaban como un método de castigo», agregó.
«Cuando entrevistamos a los jóvenes nos dijeron que no accedían a ningún tipo de taller ni actividad, cultural, lúdica ni educativa. Al momento de la inspección, la escuela no estaba funcionando porque el baño estaba roto, pero luego o arreglaron», contó.
«Detectamos el uso arbitrario del régimen disciplinario y de sanciones por parte de los operadores de la institución, en perjuicio de los jóvenes, para manipularlos. Mala alimentación, colchones deteriorados con olor nauseabundo, mal funcionamiento de la calefacción y presencia de roedores», aseguró la directora general.
Resolución de la jueza
Por todo esto, durante los últimos días, Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, en virtud de las flagrantes vulneraciones de derechos constatadas, ordenó a las autoridades que corrijan todas las irregularidades en un plazo de diez días.
«La magistrada dispuso que todos los jóvenes salgan a los patios, que sean incorporados en actividades deportivas, culturales, educativas, de formación y que permanezcan en recreación por más de diez horas por día«, remarcó Raggio.
Además, ordenó que se realicen tareas de mantenimiento e higiene. «En este sentido, ordenó que les den elementos de limpieza a los jóvenes, que las autoridades realicen una fumigación para eliminar plagas, especialmente a los roedores. Y solicitó que se provea un lavarropas industrial para las sábanas y la ropa«, detalló.
Inspección
«Lo más importante es que todo lo que nosotros denunciamos fue comprobado por las autoridades judiciales durante una inspección que hicimos en forma conjunta en ese centro de detención, que fue ordenada por la jueza Pascual», subrayó Raggio.
En la misma, participaron defensores y jueces de garantías departamentales, el presidente de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, funcionarios del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. De todos modos, la magistrada Pascual recomendó continuar con un seguimiento de control en ese dispositivo de encierro dado a las graves irregularidades constatadas.
Los funcionarios judiciales entrevistaron a los jóvenes: «Ellos les dijeron que no tienen espacios educativos, de recreación ni talleres. Además, contaron que los sancionaban quitándoles las cuatro horas diarias que tenían para salir de las celdas, que es el único momento en que pueden hablar con sus familias», aseguró Raggio.
«También pidieron tener acceso a la cancha de fútbol. Les explicaron a los funcionarios que no pueden utilizar ese predio deportivo porque no terminaron la construcción de un muro perimetral. Es lo mismo que nos dicen las autoridades del centro de detención desde hace quince años; por lo cual, las autoridades deberán arbitrar los medios necesarios para concluir esa obra y que los jóvenes puedan acceder como corresponde», finalizó la directora general.
