Uno de los (tantos) dramas cotidianos de la Argentina en la carrera por llegar a fin de mes es el alquiler. Una problemática que viene de hace años y que casi ningún gobierno lo tuvo en cuenta para elaborar políticas públicas hacia un público que, solo en la Ciudad de Buenos Aires, son más de un millón: más de un tercio de sus habitantes.
En un contexto de contrados desregulados, subas de precios y un Estado ausente por motus propio, el público inquilino quedó librado a la bondad del mercado. Y eso no parece estar ocurriendo. De acuerdo a la flamante Encuesta Nacional de Inquilinos, realizada en septiembre, uno de cada cuatro debió mudarse en los últimos tres meses por no poder afrontar el costo del alquiler.
«Mientras los principales análisis del mercado y el gobierno se concentran en estudiar la oferta, nosotros creemos indispensable evaluar trimestralmente lo que está sucediendo con las condiciones de vida de los inquilinos y la dinámica del acceso a la vivienda en alquiler en el contexto de desregulación por decreto», destaca el informe.
Inquilinos en la Argentina: los números del drama
De la norma que regulaba el sector ya no queda nada. Sólo el 14,8% de los inquilinos está bajo las condiciones de la Ley de Alquileres, con plazo de 3 años y actualización anual por el Índice de Contratos de Locación.
Y cada vez el alquiler ocupa más terreno en los gastos mensuales (algo que también sucede con el peso de las tarifas). En septiembre, el 44,5% de los ingresos totales del hogar se destinó a pagar el alquiler más las expensas. «En el caso de aquellos alquileres que iniciaron después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, la incidencia asciende al 49,8%», marca el informe.
Destaca que los contratos iniciados en el año 2024 bajo el DNU 70/2023 pagan hasta un 35% más que aquellos que comenzaron en el marco de la Ley de Alquileres. En algunas provincias como en Santa Fe, alcanza hasta una diferencia del 40%.
«Los resultados del informe de septiembre son preocupantes. Todo se podría resumir en ‘no puedo seguir pagando el alquiler’. Las actualizaciones trimestrales, las exigencias para el ingreso a la vivienda, y los aumentos de tarifas, servicios, alquileres y transporte están llevando la situación a un lugar muy peligroso para toda la sociedad», remarca Gervasio Múñoz, de Inquilinos Agrupados.
Entre la preocupación por el futuro y el endeudamiento del presente
Lo que preocupa no es solo el presente sino el futuro: el 88,9% de los inquilinos encuestados considera que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses.
También está el endeudamiento: el 64,6% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo actualmente. Las deudas contraídas son para: alimentos, alquiler y tarjetas de crédito. Y el 5% de los inquilinos se encuentra desempleado.
En promedio, 7 de cada 10 inquilinos/as que firmaron sus contratos luego del Decreto 70 tienen aumentos mensuales o cada 3-4 meses. El 94,8% de las personas inquilinas tiene actualizaciones en el precio del alquiler en plazos iguales o menores a 6 meses.
«La amplia mayoría (más del 80%) respondió que la situación de la vivienda y la evolución de sus salarios/ingresos son los principales motivos de preocupación en la actualidad. Luego siguen las tarifas», completa la Encuesta.
Dos fenómenos: Airbnb y la vuelta a la casa de los viejos
Hay un par de fenómenos que atraviesan este contexto. Por un lado, el crecimiento exponencial de los alquileres temporarios. El llamado ‘Efecto Airbnb’ que encarece los precios al dolarizarlos y fragmentarlos por plazos cortos. Baja la oferta para alquileres largos, y además genera subida de precios, en un mercado desregulado. El año pasado llegó a pensarse un proyecto de ley para actuar sobre esos temporarios, como se hizo en New York, pero con la administración de Jorge Macri la idea fue desechada.
La Encuesta refleja que en los contratos firmados a partir del DNU, el plazo de 3 años ya sólo se presenta en el 7,2% de los casos: «como contrapartida, creció fuertemente la participación de contratos de alquiler cortos. Aquellos con un período de duración menor o igual a 1 año representan el 17,1% de los casos». Los contratos entre 1 y 2 años son ahora los más frecuentes, en un 59,9% de los casos relevados en septiembre.
Lo otro que sucede es el fenómeno de «vuelta a la casa de los viejos». Algo que no se daba en los años anteriores. Al mismo tiempo, se alarga la estadía de los hijos jóvenes que siguen viviendo en lo de sus padres. La Encuesta refleja que la edad promedio de emancipación hoy se encuentra entre los 26 y 30 años: «las condiciones laborales de los menores de 25 años y las exigencias del mercado inmobiliario -recibos de sueldo que tripliquen el valor del alquiler, antigüedad laboral- es la primera barrera de acceso al alquiler de vivienda».
El fenómeno social de «volver a lo de los viejos» fue revelado por Tiempo ya en marzo, y se repite en muchas otras personas que tienen trabajo e ingresos medios o bajos, que tuvieron que buscar en el hogar familiar un refugio ante los aumentos descontrolados tras la devaluación de diciembre y el DNU 70 del gobierno nacional que derogó la Ley de Alquileres y que pasó a «liberar» el mercado: ahora es todo un arreglo entre privados. Dueño-inquilino. Una relación que ya se sabe asimétrica.
Facundo S. alquilaba en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, cerca de Agronomía. A principio de año pasó de valer $ 50 mil a casi $ 200 mil. Las expensas que pagaba ya estaban en $ 35 mil e iban en aumento. Todo en subida, menos sus ingresos. A pesar de que Facundo trabaja casi todo el día como jefe de compras de una firma de locales gastronómicos, en enero se vio obligado a tomar una decisión incómoda: volvió a vivir a la casa de sus padres.
«Era una locura, 250 mil pesos por mes más impuestos, básicamente todo mi salario se me iba a ir ahí, por eso decidí volver con mi familia. Además me pedían seguro de caución, ahora ya no quieren más garantía propietaria», contó Facundo a Tiempo.
Desde enero, Facundo mudó sus pertenencias a una habitación en la casa de sus padres en Colegiales. Aporta para los gastos comunes, la comida y el sustento de su mascota, un pequeño gato. Sólo así le queda un resto para, de vez en cuando, salir a tomar una cerveza o compartir una comida.
«No tengo que pagar un alquiler, eso me dio un grado más de posibilidades de disfrute, de salir a tomar una birra con alguien, ningún lujo, en algún sentido siento que tengo el privilegio de tener un techo familiar, algo que mucha gente no tiene». Pero por otro lado le cae la sensación del paso atrás en su independencia: «una persona aspira, por los menos, a vivir solo, a mantenerse, tener una vida digna, es un retroceso importante».
Inquilinos en problemas
El aumento descontrolado de los alquileres tiene otras aristas: jubilados que van a vivir a lo de algún hijo/a, familias que se mudan a barrios o ciudades más alejadas.
«Los inquilinos e inquilinas no pueden pagar los alquileres, y ante las renovaciones y los precios desmedidos que se piden, la opción para los que pueden, es volver a vivir con sus padres», remarcó tiempo atrás Tamara Lescano, integrante de Inquilinos Agrupados.
Cuenta que las consultas ante esta situación se multiplicaron: «es muy angustiante, incluso compañeros de la agrupación tuvieron que volver a vivir con su familia, en alguna habitación con hijes y sus parejas, porque no podían afrontar los nuevos valores de los alquileres».
Expone casos de inquilinos a los que se les promete una renovación a determinado monto y a último momento los propietarios o inmobiliarias les piden mucho más dinero o incumplen la palabra. Con el decreto 70/23, las dificultades se exacerbaron. «Desregula los ajustes dentro de contrato, los plazos pueden ser los que se les ocurra al rentista, entonces se genera una incertidumbre y un miedo de no poder pagarlo más adelante».
Desalojos
Un número que crece, y que es la cara más cruel del drama de alquilar: ya en junio el 15% respondía que fue desalojado por no poder afrontar los aumentos de los alquileres.
«Entre las respuestas relevadas, la enorme mayoría (97,8%) cree que los únicos beneficiados con el DNU 70/2023 y su consecuente eliminación de la Ley de Alquileres son los rentistas y el mercado inmobiliario», afirman desde Inquilinos Agrupados.
La crisis ya trascendió una generación: el 41% de los inquilinos afirmaron que sus padres no son propietarios.
