Los números de la Encuesta Nacional Inquilina hablan por sí solos: desde la vigencia del decreto 70/2023, inquilinas e inquilinos destinan un 41% del ingreso familiar al alquiler: quienes todavía tienen contratos bajo la Ley de Alquileres destinan el 31%.
Los contratos de dos o tres años dieron paso a otros de corta duración, con aumentos en menor tiempo. El 41% de los contratos firmados en la era Milei tienen un plazo menor a un año y de éstos, el 91,5% (casi todos) tiene una actualización de precios de seis meses o menos, con aumentos trimestrales. Alquilar en la Era Milei suma otro punto más: el endeudamiento de las personas para costear su vivienda.
La encuesta fue realizada durante el mes de marzo de 2024 a 4.000 personas que alquilan en todo el país por la Federación de Inquilinos Nacional (que integra Inquilinos Agrupados) y Ni Una Menos “con el objetivo de conocer en qué situación económica y de vivienda se encuentran los inquilinos y las inquilinas a partir del Decreto 70/2023 que eliminó todo marco regulatorio para alquilar vivienda en la Argentina”.
Alquileres y deudas impagables
En un contexto de profunda recesión económica, los precios para alquilar han escalado a niveles inauditos. Según lo recabado por la encuesta mencionada, en la Ciudad de Buenos Aires un departamento familiar de tres ambientes pasó de costar $ 245.467 a $ 344.291 desde que el DNU 70/23 entró en vigencia. En tanto que en provincia de Buenos Aires, pasó de $ 156.637 a $254.270 y en Santa Fe, de $ 140.461 a $ 191.742.
El 60,1% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo. Según detalla el informe: “en cuanto a la entidad acreedora, se destacan fundamentalmente los bancos emisores de tarjetas de crédito, en un 42,2% de los casos, resultados similares a los del mes de enero”. Ee acuerdo a los datos recabados, se detectaron dos objetivos prioritarios que originaron dichas deudas: el pago de alimentos y de tarjetas de crédito.
“Entre quienes hoy alquilan y se encuentran con deudas, hay más del 60% que recurrió a pedir dinero prestado para poder pagar sólo el alquiler; o el alquiler y los gastos de alimentos; o el alquiler y gastos por urgencias médicas u otros gastos”, resalta el informe.
La encuesta desagrega datos sobre el endeudamiento de mujeres y personas LGBT+ y varones. De los resultados surge que el primer grupo se endeuda en mayor proporción que los varones a la hora de cubrir gastos de alimentos (31,5% contra un 20,1%) y costos asociados a urgencias médicas (4,4% contra 2,4%).
En contraste, en el caso de los varones, el porcentaje en el que ellos se endeudan es mayor cuando se trata de pagar el alquiler (18,5% contra 15,2%) como así también para cubrir el pago de tarjetas de crédito (34,3% contra un 30,2%) u otras deudas.
Indexados a futuro
La encuesta refleja que el índice más frecuente utilizado en los alquileres vigentes es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, en segundo lugar, el Índice de Contratos de Locación (ICL). “Sin embargo, cuando se comparan los casos de alquileres iniciados antes del DNU 70/2023 con aquellos iniciados posteriormente, se observa que en los contratos más nuevos es mucho menos frecuente el uso del ICL”, detalla el informe.
El nuevo índice en boga, sostiene el trabajo, tiene en cuenta las variaciones salariales y su uso se extendió desde que crecieron los alquileres que se actualizan a partir de la cotización del dólar o vía mecanismos informales, principalmente establecidos por los propietarios.
Sin mirada política para la vivienda
“Mientras esté el decreto vigente, absolutamente todo lo que haga el gobierno nacional va a ser para beneficiar la rentabilidad del mercado inmobiliario”, dice a Tiempo Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.
Muñoz expresa que en aquellas provincias donde gobierna Unión por la Patria se podrían tomar medidas que atiendan la situación inquilina, aún con la vigencia de la norma.
“Pero tampoco se hace y las consecuencias son las que estamos viviendo, por un lado el gobierno nacional avanza muy violentamente, por otro lado la oposición no muestra otra mirada sobre la política de vivienda más que entregar cinco casas por mes. Mientras tanto, millones de inquilinos están en la situación que se refleja en la encuesta”, asevera.
Según comentó el referente, desde la vigencia del decreto 70/23 aumentaron las consultas en Inquilinos Agrupados, “sobre todo de adultos mayores que no pueden pagar el alquiler. Algunos se van a vivir con los hijos, algunos hijos a lo de los padres, otros se van a lugares más chicos, más alejados, a hoteles, a la calle, esa es la situación que hoy estamos viendo y además el recorte en otros gastos, en la alimentación sobre todo”.
Para Muñoz, el mercado está cumpliendo con los objetivos que se propuso Milei en su campaña contra la Ley de Alquileres: contratos más cortos para tener más ingresos a la hora de firmar un contrato nuevo y actualizaciones por inflación. “La pregunta importante que hay que hacerse –concluye– es por qué nadie más dice nada acerca de la situación del acceso a la vivienda en alquiler que es la mayoritaria, casi 11 millones de personas en la Argentina, y sin embargo los únicos que hablan son los representantes… del mercado inmobiliario”.
