La Cooperativa de Vivienda Papa Francisco resiste un inminente desalojo en Parque Patricios. Se trata de 100 familias que habitan en un edificio ubicado sobre la calle Santa Cruz 140. El colectivo de familias continúa su lucha por el derecho a la vivienda luego de varias instancias judiciales y negociaciones contra la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En agosto pasado, el juez Nacional en lo Civil Fernando Jorge Virginio Cesari dictó fecha de instrumentación del desalojo los días, 18, 19 y 20 de septiembre. En ese contexto de incertidumbre, las familias realizan este lunes una conferencia de prensa para reclamar una alternativa favorable para las familias.
Las familias reclaman la suspensión de la medida dispuesta por el juez y adelantaron que el próximo miércoles 18, cuando se haga presente el oficial de justicia junto con la policía, insistirán con su postura. “Pedimos un proceso de negociación serio con el Gobierno de la Ciudad para obtener una salida de fondo”, afirmó Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa Papa Francisco.
“En las últimas horas culmina el juicio de desalojo que enfrentamos hace diez años. Lo inició el empresario Leonardo Ratuschny, quien se dedica a los emprendimientos hoteleros en la Ciudad de Buenos Aires. Las familias han realizado todos los esfuerzos para que el Estado les otorgue una solución viable al reclamo pero hasta el momento continúa con la postura de desconocer la problemática “, denuncia Jorge Abasto, referente de la coordinadora de inquilinos de Buenos Aires.
En el edificio Santa Cruz funcionaba la fábrica textil SELSA en la década de 1990. Cuando la empresa textil quebró, los edificios de los talleres fueron casi inmediatamente vendidos o rematados. De todos los edificios, sólo había quedado sin vender el de la sede social, que fue abandonado y a partir del año 2002 comenzó a ser ocupado y recuperado como vivienda por familias.
En el año 2010, el edificio de la sede social fue subastado y las familias que allí viven intentaron obtener un crédito para comprarlo, pero no lo lograron.
«La organización se da por el proceso de lucha para que no nos desalojen», explica Llanos. La asociación se conformó en el 2014 para cumplir con los requisitos que exige el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y así «poder entrar al programa de autogestión de la vivienda», que contempla el otorgamiento de créditos.
Según lo establece la ley 341, la normativa reconoce a las cooperativas de vivienda y les permite acceder a créditos a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
«El IVC está al tanto de nuestra problemática por lo menos desde 2014, cuando estaba como presidente Emilio Basavilbaso. Y todos los años nos responden lo mismo, que no hay presupuesto. Desde que asumió Juan Maquieyra no podemos tener una reunión con él para comentarle nuestra problemática, no nos quiere recibir. Y todas las mesas de trabajo que propusimos y que intentamos sostener siempre terminaron truncas porque no hay voluntad política. El organismo desoye nuestro reclamo argumentando que hay 350 cooperativas en lista de espera más allá de que hayamos presentado toda la documentación y las formalidades nuestro caso no es prioritario”, cuenta Llanos.
En ese marco, criticó: «Trabajamos todos estos años para lograr una solución definitiva y al final todo termina en la nada. Con voluntad política, esto se soluciona en dos segundos», finalizó.
