La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) publicó este lunes un informe -de 44 páginas- sobre las detenciones arbitrarias de manifestantes y la brutal represión que se desató el pasado 12 de junio en el Congreso de la Nación mientras el Senado trataba la Ley Bases, que finalmente fue aprobada.
Este terrible hecho de violencia institucional fue protagonizado por las fuerzas federales, por lo que se vieron lesionados los principios y símbolos democráticos legítimamente establecidos. Participaron, Gendarmería Nacional Argentina (GNA); Prefectura Naval Argentina (PNA); Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); Policía Federal Argentina (PFA) y un grupo reducido de Policías de la Ciudad de Buenos Aires.
Brutalidad policial
Registraron más de seiscientas “personas heridas con quemaduras de gases químicos, disparos con postas de goma y golpes con palos”, denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Y reclamó que detuvieron injustamente “a treinta y cinco manifestantes, de los cuales cinco aún siguen presos en cárceles federales”.
El 12 de junio marcó un punto de inflexión en la historia de la represión. Porque ese día se llevó a cabo la máxima expresión de la brutalidad policial desde que se implementó el protocolo antipiquetes de la ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich:” Todo esto solo nos trae a la memoria las oscuras noches dictatoriales que sufrió nuestro país en los ’70 y que no queremos que se repita”, señaló el secretario ejecutivo.
Les resulta vergonzosa la acusación infundada del presidente Javier Milei, “sobre la existencia de un plan para dar un golpe de Estado protagonizado por ‘terroristas’, como así también el procesamiento de los manifestantes”, remarcó el letrado. También dijo que lo ocurrido “marca una peligrosa intención política de criminalizar la protesta social y pone en peligro el sistema democrático y republicano de gobierno”, advirtió.
Un trabajo colectivo
El presente informe fue elaborado a partir del monitoreo del despliegue de las fuerzas de seguridad durante la concentración pacífica. Lo hicieron con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de CABA-Defensoría del Pueblo. Además, articulan con el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA). Porque desde que se implementó el protocolo antipiquetes decidieron unirse para realizar el mejor registro posible.
Así pudieron plasmar que el operativo de seguridad “culminó con treintaicinco detenciones, veintidós fueron realizadas por la Policía de la Ciudad y trece por Policía Federal”, enumeró el abogado. De ese total, “treinta y tres personas fueron imputadas por la justicia federal acusadas de haber cometido graves delitos, cinco de ellas continúan detenidas en unidades penitenciarias y reclamamos que sean liberadas”, enfatizó.
La acusación fue expresada en el comunicado de Milei, “que denunció la concentración contra la Ley Bases como un hecho terrorista”, apuntó el secretario ejecutivo. Luego continuó con el pedido “de prisión preventiva del fiscal Carlos Stornelli, que intentó convalidar judicialmente esta hipótesis sin ningún fundamento sólido”, subrayó.
Días posteriores a los hechos ocurridos en cercanías del Congreso de la Nación, “la mayoría de las personas fueron liberadas porque no existen pruebas para ello”, aseguró el letrado. La decisión de la jueza Servini de Cubría, “de liberar a veintisiete de las treinta y tres personas, dan cuenta del injustificado pedido del fiscal”, enfatizó.
Vendedores ambulantes detenidos
Entre las detenciones, “había tres integrantes de una familia que estaban vendiendo empanadas, uno que estaba en un puesto de choripanes, una persona con padecimientos de salud mental y otra en situación de calle que -según Milei- intentaron dar un golpe terrorista”, detalló.
Las mayorías de las aprehensiones se produjeron en zonas alejadas al Parlamento y entre una y dos horas después de que la manifestación fuera dispersada por el accionar represivo. “Ninguna de las personas opuso resistencia, las policías federales ejercieron un uso desmedido de la fuerza, desplegando violencia física y verbal en medio de un reclamo ordenado y pacífico”, aseguró el letrado.
Se registraron 638 personas heridas “por la brutalidad policial con heridas de posta de goma, quemadura provocada por los gases químicos, traumatismos de cráneo por los palazos, dificultades respiratorias agudas, situaciones de broncoespasmos y crisis de angustia por todo lo que sufrieron”, denunció el secretario ejecutivo.
Es por todo ello que los organismos de Derechos Humanos se unieron para poder hacer el mejor trabajo posible sobre la prevención de la tortura. Así, finalmente pudieron elaborar el presente relevamiento de 44 páginas, que cuenta con el registro de todos los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad durante la protesta social. Podes leer el informe completo en este link.
