La escena se repitió el martes a última hora en varios despachos industriales. Un empresario atendió su teléfono celular, saludó al ministro de la Nación y escuchó la noticia: al día siguiente se publicaría un mega-decreto destinado a «desburocratizar» numerosas ramas del Estado. 

Algunos de los informados celebraron la noticia, felicitaron al funcionario y cortaron la línea. Otros pidieron más detalles y se enteraron de que la norma disponía la eliminación de más de 300 licencias no automáticas (LNA) de importación; un instrumento que no impide la entrada de productos extranjeros pero funciona como una herramienta de administración del comercio exterior. 

En este contexto de déficit comercial récord y baja de la producción local, varios de los «sorprendidos» cuestionaron al mensajero del Ejecutivo y otros incluso le reclamaron carácter para resistir los pedidos de los organismos internacionales. En todos los casos, el ministro, impávido, insistió con las virtudes «desburocratizantes» y «modernizadoras» de la nueva normativa y se despidió hasta nuevo aviso. 

El Decreto 27/2018 se publicó el jueves. El texto consta de más de 180 artículos desarrollados a lo largo de 80 páginas. Una extensión poco usual para un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). 

Los contenidos trascienden las importaciones; la medida propone reducir la injerencia del Estado en áreas tan diversas que alcanzan a nueve ministerios. Sin embargo, el levantamiento de las LNA encendió la alerta en los sectores de la industria que más sintieron el cambio de la política económica. 

Entre ellos crece la sospecha de que el gobierno, embarcado en la «reforma permanente» que pregona el presidente, Mauricio Macri, decidirá liberar paulatinamente las importaciones de los 1800 productos protegidos, provocando consecuencias inciertas para la producción y el empleo nacionales. 

La hilandería es una de las 314 perjudicadas de esta primera tanda. El dirigente Jorge Sorabilla, vicepresidente de la Unión Industrial (UIA) y hombre de la hilandera TN & Platex dio cuenta del malestar que domina al sector desde que se conoció la noticia. 

Sorabilla consideró que el retiro de las LNA es «indiferente» desde el punto de vista operativo pero lamentó la decisión en un contexto económico: «Con endeudamiento externo para financiar déficit fiscal, con tasas altas, ajustes en los servicios, impacto en los costos, atraso cambiario y caída de volúmenes de producción de la industria, que todavía no se reactiva».

El dirigente de la UIA agregó: «El problema son las señales» que da la administración nacional con este tipo de medidas, que además se tomaron «en forma inconsulta». Y fustigó las «dos velocidades» de un gobierno que por un lado abre una mesa de trabajo sectorial pero en medio anuncia el fin de las LNA: «El desmantelamiento de las herramientas de administración de comercio va a una velocidad y las que favorecen al sector va a otra mucho más lenta», comparó.

Por ahora la medida no tocó a los fabricantes de ropa pero en el sector no descartan que el gobierno siga levantando obstáculos para la llegada de importaciones y que los próximos afectados serán justamente los que producen prendas terminadas. 

Damián Regalini, titular de la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias, admitió el temor de que el gobierno continúe con el resto de las posiciones arancelarias que incluyen los productos terminados. «Ya tenemos una escalada de ropa lista en ascenso. Solamente en octubre entró al país el doble de medias importadas que en todo 2016», graficó. 

Regalini defendió las LNA como herramientas estadísticas: «No tienen a la administración de comercio como horizonte per se. Aunque este gobierno las aplique según reglamentos de la OMC (Organización Mundial de Comercio), las LNA tienen un espíritu estadístico que da previsibilidad al importador y al productor. Lo que se viene es eliminar todas las licencias». 

Sorabilla coincidió: «Las LNA no son un fin en sí mismo sino un instrumento cuyo objetivo es el desarrollo. Hay que usarlas de manera virtuosa para generar desarrollo». 

Los que conocen la industria sostienen que la novedad disgustó a los fabriles en general. Algunos hicieron gestiones para retrasar el anuncio pero el gobierno no hizo caso. En la gran industria, salvo algunos dirigentes que militan en Cambiemos, la opinión es que el gobierno «sobreactúa» su deseo de ser aceptado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 

En la vereda de las pymes industriales, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, anunció que mañana pedirá una reunión con el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, para reclamarle por reglamentos técnicos y medidas antidumping que el gobierno se comprometió a ejecutar sin resultados hasta ahora.  

Agregó que, para llevar adelante medidas como las que ordena el 27/2018, el gobierno «tiene la obligación de establecer reglas y para eso tenemos que trabajar paralelamente. Si no aplicamos medidas antidumping en forma paralela vamos a perder varios sectores de la industria porque la liberación masiva de las posiciones va a afectar a centenares de industrias». 

Disconformidad en transporte de carga y aviación 

El Decreto 27/2018 incluyó medidas para el transporte que generaron polémica y desazón en algunos ámbitos privados que, como pasó en el caso de los textiles, se vieron sorprendidos con una novedad que se conoció de manera imprevista y en medio de negociaciones. 

Un caso tiene que ver con el transporte de carga. El Decreto presidencial habilita la implementación de los llamados bitrenes. Se trata de camiones de carga equipados con dos acoplados para hacer más eficiente y más rentable el negocio de las empresas del rubro, de acuerdo a los argumentos que publicó el gobierno nacional en el texto publicado el jueves en el Boletín Oficial.  El tema lleva años en el debate interno de los transportistas. El resultado se plasmó en una propuesta que las empresas del sector, nucleadas en la federación FADEEAC, sistematizaron este año y que constituye una «Propuesta Técnica Vehicular (PTV) alternativa a los bitrenes», definieron fuentes de ese sector.  Los transportistas no quisieron contestar si el gobierno estaba al tanto de este proyecto pero desconocieron la propuesta oficial de los bitrenes: «Porque el Departamento de Infraestructura y Asuntos Técnicos de FADEEAC solamente trabajó en la PTV». Otro punto insólito tiene que ver con el pase de nueve aeropuertos que estaban bajo injerencia de la Fuerza Aérea (FAA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) al exclusivo control de esta última. La medida enfrenta al gobierno con la FAA pero también con los vecinos de los aeropuertos que ven con malos ojos la ampliación del tráfico aéreo en los barrios que rodean a las terminales.

Congreso: impugnarán la norma

Distintos legisladores señalaron que impugnarán el Decreto de Necesidad y Urgencia, cuya aprobación por default está garantizada por la mayoría que tiene Cambiemos en la Comisión Bicameral de seguimiento de los DNU.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, anticipó que su bloque propondrá su derogación. «Está claro que el presidente Mauricio Macri se burla del Parlamento y saca este decreto con la excusa de desburocratizar el Estado», dijo.

Por su parte, la exdiputada Margarita Stolbizer (GEN) también anunció que pedirá a la Justicia que declare «inconstitucional» el DNU por considerar que «afecta seriamente la división de poderes, vulnera derechos y modifica un centenar de leyes».

En tanto, la diputada por Santa Fe, Alejandra Rodenas, sostuvo que el DNU «no reúne los requisitos indispensables para su validez. No hay circunstancias de excepcionalidad que lo justifiquen y esto lo transforma en inconstitucional». Y agregó: «Es inadmisible que se modifiquen temas tan sensibles como la inembargabilidad de las cuentas sueldo».

El FGS, fuera de las normas

En nombre de «dotar» al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) «de instrumentos y medios de contratación ágiles y apropiados para lograr la negociación de sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras y bursátiles modernas», el decretazo habilitó al FGS para manejarse como un fondo privado, por fuera de las normas que regulan las contrataciones en la administración pública, consignó ayer el diario Página/12.

El matutino indicó que de esta manera, el FGS podría contratar «sin licitación previa a una entidad privada extranjera para que, por ejemplo, se encargue de liquidar una porción de las acciones de las empresas que están en su poder».

Además, puso la lupa sobre el stock de créditos Argenta, que suman unos 5000 millones de pesos. Por el DNU, el FGS podrá vender esas deudas en el mercado de capitales, operación que se llama securitizar, por la cual el riesgo se traslada al comprador de la deuda, quien a cambio, recibe un interés real elevado. Se trata de activos seguros «ya que Anses descuenta el repago de cada préstamo del haber jubilatorio o la asignación». «