El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego AIAS volvió a instalarse en la agenda nacional, tras las declaraciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien calificó el régimen como “un sistema que beneficia a unos pocos”. En la provincia, algunos leyeron este lunes el mensaje como un “tirón de oreja”, al gobernador Gustavo Melella quien la semana pasada rechazó la presencia de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson en Ushuaia.
Parte del gobierno que encabeza el presidente Javier Milei considera que este régimen promocional de la isla fueguina debe ser revisado por considerarlo “caro”, pero argumentan que eso debe ser consensuado en el Parlamento y no por decreto. En declaraciones radiales, Francos opinó “No digo que no beneficie a Tierra del Fuego en su conjunto porque hay mucho trabajo local”. Asimismo, aseguró que generó “una serie de derechos adquiridos que son muy complejos de volver atrás”.
En la discusión, el titular de la cartera del interior, metió a otros mandatarios provinciales en la queja y señaló: “Hay una situación de tensión sobre los beneficios del régimen con otros gobernadores que en algún momento deberemos resolver. No tenemos las mayorías parlamentarias, pero vamos a intentarlo”.
Clave de la industria fueguina
El caso es que, en el Congreso, ya hay un proyecto de ley presentado por el bloque de la Coalición Cívica que viene dando esta batalla desde hace unos años, incluso con Elisa Carrió a la cabeza. La iniciativa ampliar la oferta de bienes informáticos y de telecomunicaciones, tales como notebooks y teléfonos celulares, a través de la eliminación de los aranceles aplicables a su importación. De esta manera, se busca reducir los precios de los productos alcanzados para su equiparación con los precios internacionales.
Asimismo, pretende poner fin al beneficio fiscal del Régimen de Promoción de Tierra del Fuego que tiene un mayor impacto en las cuentas públicas. En los argumentos los representantes refieren a la facultad de las empresas beneficiarias para cobrar en nombre del Estado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a sus clientes (consumidores finales, empresas minoristas, etc.) y retener estos fondos en lugar de remitirlos al fisco, permitiéndoles registrar estos ingresos como ganancias.
Si bien en el fin del mundo los libertarios locales les bajaron el tono a las declaraciones a las que no le dieron relevancia, las autoridades provinciales salieron a responder los nuevos cuestionamientos. En el caso de Melella, que fue criticado por Francos por tener “un gesto equivocado hacia la embajada de los Estados Unidos”. Nos llamó la atención y el presidente resolvió viajar él mismo a Ushuaia “, sostuvo el funcionario nacional.
De hecho, la legisladora de Tierra del Fuego por la Libertad Avanza, Natalia Graciania, realizó declaraciones al ser consultada por Radio Splendid. «No puedo estar en contra de los beneficios que ha logrado una población que se ha podido desarrollar. No se cuestiona lo que cuesta el régimen sino las extensiones frente a otras provincias. No está en la agenda del presidente de la nación tocar los beneficios», afirmó.
En tanto, Melella inmediatamente, respondió a través de su cuenta de X: “Continuaré defendiendo una y otra vez la Industria Fueguina porque es soberanía, trabajo y futuro para la Provincia. Genera alrededor de 14 mil empleos directos y 18 mil indirectos. No somos ‘unos pocos’ los beneficiados, sino los más de 220 mil fueguinos que vivimos en una provincia con una industria electrónica fuerte”.
“Se trata también de promover la innovación, la diversificación económica y la generación de ingresos. Por eso, es fundamental entender el significado real de mantener una industria fuerte en esta región del sur argentino, donde el país se ve beneficiado”.
También se pronunciaron, los intendentes de Río Grande y Tolhuin. En el caso de Martín Pérez que comanda la localidad al norte de la isla expresó: «La promoción industrial ha sido históricamente la política más efectiva para fortalecer nuestra soberanía en los espacios fueguinos», y en tal sentido en sus 50 años de implementación interrumpida se ha consolidado un polo productivo y tecnológico de competitividad internacional en nuestra ciudad.
En relación con la discusión actual sobre la continuidad de la ley nacional 19640 y las presiones externas sobre los espacios estratégicos fueguinos, el Intendente Pérez fue claro: «No podemos permitir que se ponga en riesgo el trabajo ni las condiciones de vida de los fueguinos. Defender la promoción industrial va más allá de la eficiencia fiscal; es una cuestión de soberanía y desarrollo estratégico para nuestra nación.»
Por su parte, el jefe comunal del “corazón de la Isla”, Daniel Harrington sostuvo: “Hablar de la Industria Fueguina y defender la Ley 19.640 no es un mero capricho, es entender que detrás del régimen de promoción industrial hay 14mil puestos de trabajo directo y más de 220mil fueguinos beneficiados”.
“De esta manera también defendemos la soberanía, la producción y el trabajo genuino. En Tolhuin la producción se ve impactada en los aserraderos, las empresas foresto industriales y las futuras empresas que se radicarán en nuestro Parque Industrial. De ninguna manera consideramos que “beneficia a unos pocos”, beneficia a todo el país”, añadió en X.
