La industria automotriz argentina atraviesa un momento de su historia que muchos consideran crucial, presionada por un efecto de pinzas: de un lado, la persistente inestabilidad política y económica interna, que impacta en las inversiones, y del otro, las transformaciones globales del negocio y sus desafíos para las terminales radicadas en el país.

El combo arroja sobre la mesa más preguntas que respuestas en un sector considerado como uno de los más importantes de la industria nacional. Entre los que conocen al sector con mayor profundidad, empiezan a ganar lugar los pronósticos más negativos.

El panorama se agrava si se considera la red de proveedores locales de autopartes y los cientos de miles de empleos que dependen de la actividad.

Recesión

En respuesta a la caída de las ventas internas, las automotrices ajustaron plantillas en 2024: Renault despidió a 270 tercerizados en marzo y Volkswagen cesanteó a 300 operarios en agosto. La producción del año fue un 17% más baja que en 2023.

Pero cuando se esperaba un 2025 de crecimiento, las empresas continúan con el ajuste de sus dotaciones. En enero, General Motors despidió a 300 obreros, mientras que Toyota echó a 20 e hizo trascender que se vienen 200 más.

Presión externa

Las principales tendencias de la industria a nivel global son los avances hacia la electrificación y la movilidad sostenible, junto con otros objetivos de tipo tecnológico.

La legislación europea, por caso, presiona a las empresas del sector para que aceleren la transformación del parque automotor en el marco de una agenda medioambiental rigurosa. Esa exigencia impacta en la fisonomía del negocio a nivel mundial.

La tendencia a la electrificación es un problema urgente para la industria argentina, como quedó demostrado recientemente con la transferencia de la producción y comercialización de Mercedes Benz a la empresa local Open Cars, del empresario Pablo Peralta, que administrará el negocio a través del sello Prestige Auto.

A la salida del mercado local de una empresa emblemática se le sumó el hecho de que quien toman la posta es una empresa relacionada al comercio de autos y a los servicios relacionados, pero no a la industria.

Al confirmarse la transferencia, Open Cars y Prestige Autos remarcaron el compromiso con «el mercado argentino» y dieron un mensaje de paz social al asegurar que mantendrán los puestos de trabajo en la planta de Virrey del Pino en la que se fabrica el utilitario Sprinter.

El expertise industrial estará a cargo del presidente y CEO de Prestige Auto, Daniel Herrero, expresidente de Toyota Argentina, quien declaró que uno de los objetivos será desarrollar nuevos negocios de movilidad y que está en estudio una inversión china para un proyecto de electromovilidad.

Habrá que ver de qué manera se desarrollan esos objetivos cuando la Argentina carece de una ley específica para la electromovilidad.

Pesimismo

Cierto sector de la opinión especializada en la industria automotriz sostiene que las demoras en la implementación de una ley sentenciaron la suerte de la industria argentina en materia de movilidad eléctrica, que el tren pasó y que Brasil aprovechó la oportunidad que se le presentaba a la región. De ser así, el panorama de Mercedes Benz en el país parece cuesta arriba, un desafío más grande de lo esperado.

Brasil ya recibe inversiones muy importantes para desarrollos fabriles de electromovilidad que llegan masivamente desde China, un factor que las terminales argentinas proyectan como un serio problema de competencia para el cortísimo plazo de dos a tres años, según información del portal A Rodar Post. «

Perdidos en la interna

Entre los recuerdos del gobierno del Frente de Todos (2019-2023) persiste el de la interna que dividió durante cuatro años a las tres patas de la coalición que precedió al ascenso de Javier Milei.
Y entre las políticas que quedaron en el camino, víctimas de aquellos desacoples, se destaca el proyecto de ley de electromovilidad, que se anunció en el Congreso en marzo de 2021 para perderse después entre los intereses cruzados.
En una entrevista, el exministro de Producción del gobierno que encabezaba Alberto Fernández, Matías Kulfas, acusó a la facción kirchnerista del gobierno, en particular al diputado Máximo Kirchner, de haber interferido para que el proyecto no avanzara en el Congreso de la Nación.
Según el exfuncionario, el año en que se envió el proyecto de ley al Parlamento, las terminales automotrices tenían propuestas para electrificar parte de su producción de vehículos a partir de 2025, en particular Toyota y Ford, que hasta prepararon convenios laborales específicos para esa modalidad.