Parido hace algo más de medio siglo, el exponencial crecimiento económico del Grupo Clarín se cimentó sobre dos pilares: obtener beneficios de los gobiernos y destruir a sus oponentes. Pero pocas veces, como ahora, esas prácticas quedaron expuestas en toda su magnitud. 

Por una combinación de oportunidad política y talento profesional, varios medios del Grupo Indalo lograron disputar audiencias con medios audiovisuales del Grupo Clarín. Pero todo indica que esa impertinencia está cerca de terminar. 

Como suele ocurrir con las empresas, la disputa Indalo-Clarín es una guerra entre malos. Del mismo modo que el grupo que conduce Héctor Magnetto se alimentó con plata dulce de todos los gobiernos, Cristóbal López contó con una canilla libre de dinero público durante el mandato K. Esos desembolsos, parece, no siempre fueron en cash: López habría apalancado la compra y manutención de sus medios con unos 10 mil millones de pesos obtenidos con presuntas maniobras de evasión fiscal. 

La causa judicial –y la acción del gobierno, que secó los medios críticos de pauta oficial– llevó a Indalo al peor de los mundos: empresas intervenidas, bienes y cuentas embargadas, riesgo de terminar en prisión. López quiso huir de ese encierro entregando las llaves a un polémico comprador –el fondo OP Investment–, pero el Poder Judicial le salió al cruce: el jueves, un fallo de la Corte Suprema rechazó el concurso de Oil Petróleo y dejó al grupo al límite de la quiebra. 

El fallo lleva la firma de todos los miembros del máximo tribunal, pero fue orientado por el cortesano Carlos Rosenkrantz, exabogado del Grupo Clarín. Total normalidad. 

El tiro de gracia, de todos modos, llegaría esta semana desde la Cámara de Casación.

Pocos interpretan mejor los intereses corporativos de Clarín que el columnista Marcelo Bonelli. La sintonía fina entre el periodista y sus empleadores se suele percibir con nitidez en el «panorama económico» que Bonelli publica los viernes. Esta semana, el espacio se dedicó a bombardear la venta del Grupo Indalo.

«Cristóbal López podría recibir en las próximas jornadas otro mazazo judicial: la Cámara de Casación tiene todo listo para dictaminar que su deuda con el fisco es una defraudación al Estado y que, por lo tanto, no podría recibir los beneficios de la moratoria tributaria», predice el texto. 

La columna consigna supuestos detalles del fallo judicial que, según el autor, abortaría una «maniobra» de López para adherirse a una moratoria previsional y «zafar» de la deuda por 10.600 millones de pesos que le reclama el fisco.

«La Cámara de Casación estaría ultimando el fallo que le daría un golpe a las pretensiones del ‘zar del juego’ o, en caso contrario, facilitaría la operación de López», sentencia el texto, sin sutilezas. Y menciona con nombre y apellido a los jueces que debieran fallar en línea con las ambiciones del Grupo: los «conservadores» Eduardo Riggi y Liliana Catucci y «la más cercana al kirchnerismo, Ana María Figueroa». El escrache preventivo, se sabe, suele ser una eficaz herramienta de persuasión.  

Con el desparpajo de las operaciones a cielo abierto, el texto firmado por Bonelli concluye con una expresión de deseos disfrazada de pronóstico: «En la AFIP dicen tener la información confidencial de que el fallo frenará la estafa de Cristóbal. Una decisión en ese sentido golpearía el corazón de los planes del empresario kirchnerista: haría fracasar la venta de Indalo al fondo que lidera Ignacio Rosner».

¿Qué beneficios obtendría Clarín con la caída de Indalo? El desguace de las empresas que integran el Grupo de López ha evitaría la irrupción de un nuevo conglomerado mediático  con capacidad financiera suficiente para competir con el multimedio de Magnetto. Pero hay otras razones: el derrumbe de un oponente sirve como advertencia para futuros competidores. «