El reciente decreto presidencial que habilitó el blanqueo de capitales para los familiares de los funcionarios generó malestar en gran parte de la sociedad. La exclusión de los familiares fue un requisito indispensable para la aprobación de la Ley de Blanqueo, por lo cual el decreto de Mauricio Macri altera el espíritu de la Ley y viola la voluntad expresa de los legisladores.

Resulta llamativo que aquellos que hicieron campaña diciendo que iban a respetar la República, y que perseguirían la transparencia de los actos de gobierno, contraríen las decisiones legislativas. Ante una medida de tal gravedad, no se puede evitar la sospecha de que se pretendería beneficiar al entorno de las familias del presidente y de sus funcionarios. Ya de por sí el blanqueo sancionado este año es cuestionable. A partir de este decreto, se arrojan muchas sombras sobre dicho proceso.

Mauricio Macri ha coronado con esta decisión una serie de preocupantes definiciones vertidas durante la semana. Por un lado, insiste en que los convenios laborales “son del siglo XX y en muchos casos no sirven para el siglo XXI”, en un nuevo avance hacia la flexibilización laboral. Pero lo que él llama “los convenios del siglo XXI” son, en verdad, los convenios del siglo XIX, que en la Argentina se mantuvieron hasta 1945, cuando comenzó la etapa de la creación de una legislación laboral protectiva, e incluso una Constitución Nacional de avanzada en los derechos sociales y laborales.

El presidente también comentó: “Yo gobierno especialmente para los que menos tienen, para el 32% que está en la pobreza.” Una afirmación que es negada por cada una de las medidas tomadas, que han ido en contra de semejante aseveración.

Para finalizar una semana sombría, Venezuela resultó suspendida del Mercosur mediante la invocación de formalismos administrativos. Como en años anteriores, sigue mandando la política en las relaciones del Mercosur. Sólo que ahora lo hace bajo una orientación que intenta desmembrar estos acuerdos latinoamericanos, símbolo de la nueva etapa política en varios países de la región.

Impuesto a las Ganancias para muchos

Al aseverar que el Impuesto a las Ganancias afecta sólo al “3% que más gana” en el país, Macri intentó diluir los aspectos negativos del proyecto del Ejecutivo. De votarse tal como fue presentado, implicaría duplicar la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias respecto de los que pagaban al fin del mandato de Cristina Fernández.

Esta situación se produciría por el bajo monto del mínimo no imponible actual, por la suba de sólo el 15% para 2017, mientras que los salarios aumentarían por encima del 21% según diversas estimaciones. El gobierno aduce una restricción presupuestaria, un tema que no tomó en cuenta al eliminar las retenciones a la minería y al resto de productos y reducir las de la soja. Todo indica una mano blanda para conceder rebajas impositivas a los sectores concentrados, pero una mano dura para incrementar la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias.

Aún resuena la frase de campaña con la voz del presidente: “El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar Impuesto a las Ganancias”. Otro flagrante incumplimiento de promesas electorales.

Cabe destacar el dictamen en minoría presentado por el FPV (al cual me sumé con mi firma) que sustituye la denominación “Impuesto a las Ganancias” por “Impuesto a los altos Ingresos”. Se define que estaría alcanzado el 10% de los trabajadores formales que más ganan, según los cálculos del Sistema Integrado Previsional (SIPA). Se proponen siete escalas de tributación, mientras que se reduce la alícuota mínima a 5% y se mantiene la máxima en 35%. Ello implicaría que hoy un soltero pagaría impuesto a partir de un ingreso bruto mensual de $ 41 mil y un casado con dos hijos a partir de $ 65 mil (hoy estos valores se ubican en 22.747 y 30.120 pesos respectivamente).

Además, se incorporan nuevas deducciones para el conviviente, los hijos/as discapacitados/as sin límite de edad, un monto determinado por alquileres, y por zona desfavorable. Alcanza también a los integrantes del Poder Judicial. Se acompaña con un incremento en varios impuestos, a los plazos fijos y Lebac de más de $ 1,5 millones, a las ganancias por compra venta de títulos, acciones y divisas, a las operaciones con dólar futuro, a los dividendos distribuidos por las empresas (salvo pymes), la remisión de utilidades al exterior y operaciones con empresas extraterritoriales. Se incrementan las retenciones a las exportaciones mineras y se retrotraen a la situación de diciembre de 2015 las retenciones al complejo sojero, entre otras medidas.

No deja de ser sugestivo que, con más de 60 proyectos de modificación del Impuesto a las Ganancias en consideración, el titular de la AFIP, Alberto Abad, se haya referido exclusivamente al costo fiscal del proyecto del Frente Renovador, pretendiendo ignorar la existencia de otros proyectos superadores, como el del FPV.

Una para celebrar

Es un momento de festejo para el movimiento de la economía social y solidaria. Luego de muchos años de duro batallar, el Congreso declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y todas las instalaciones del hotel Bauen –sobre el que pesaba una orden judicial de desalojo– para cederlo en comodato a los trabajadores.

La ley fue votada por todo el arco no macrista del Senado, en base a la sanción de Diputados que surgió de un proyecto consensuado con diversas fuerzas políticas sobre la base de una iniciativa que oportunamente presenté, con el asesoramiento y la aprobación de los integrantes de la Cooperativa Bauen.

Federico Pinedo, senador del PRO, planteó que “dar una fortuna de plata a unos pocos señores, es algo que nosotros no vamos a aceptar”. Estas declaraciones no sólo son intimidantes –insinuando además la posibilidad de un veto presidencial-, sino totalmente incorrectas e infundadas.

No se trata de una transferencia de propiedad a la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires una Empresa Nacional, sino que es un comodato para la consecución de su objeto social, que exige una serie de condiciones y contraprestaciones. La Cooperativa Bauen deberá dar continuidad y crear nuevos espacios a las actividades culturales, educativas y sociales, y mantener su actividad productiva como fuente creadora de trabajo. Deberá, además, destinar permanentemente al menos el 30% de las plazas disponibles para brindar cobertura a pasajeros del turismo social y para dar cobertura a las derivaciones médicas de todo el país, efectuadas a través del INSSJP.

Hay que resaltar la declaración de utilidad pública de los bienes expropiados. La crisis socio-económica como consecuencia de la implementación de políticas neoliberales durante los noventa dejó una enorme secuela de empresas cerradas o abandonadas por sus dueños. Hoy existe un registro de más de 200 empresas recuperadas y gestionadas por sus trabajadores que han logrado sobrevivir, sobreponiéndose a las enormes dificultades de llevar adelante empresas quebradas. Los que han logrado superar este enorme desafío tienen un mérito que debe ser absolutamente reconocido y valorado, además del importante impacto positivo que la presencia de estas organizaciones tiene en la comunidad. «