La disolución de la Comisión Nacional del Microcrédito (CONAMI) fue un baldazo de agua helada para la Economía Social y Solidaria. El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, esgrimió las razones de la decisión: «Es un área que tiene 100 personas trabajando y una cartera de créditos. Pero los sueldos son más grandes que toda la cartera de créditos que tiene. Es muy difícil de controlar, no se sabía bien dónde estaba la plata. Por eso, se cierra».
Desde el sector de la Economía Social y Solidaria, dieron su punto de vista. María Eva Raffoul Sinchicay, presidenta de la fundación La Base, explicó en diálogo con ANSOL: «La Base está cumpliendo 20 años este diciembre y en 15 de esos años gestionamos fondos CONAMI; fondos que nos han permitido acompañar el fortalecimiento del trabajo asociativo y autogestionado«.
María Eva la ley 26.117 y apuntó: «Ya en el año 2006 esta ley buscaba promover las finanzas solidarias, entendiendo la importancia de aportar financiamiento a las personas y grupos que no accedían o que accedían en las peores condiciones de usura, pero también fortalecer un sector que era muy pequeño: el de las organizaciones de microcrédito, llevando esta herramienta a todo el país, y no solo quedando en las grandes ciudades de la Argentina».
«La Base creció durante todos estos años, acompañando fábricas recuperadas, grupos asociativos, y la política pública de financiamiento al sector que trajo CONAMI es una parte fundamental de ese crecimiento», remarcó.
Como conclusión, lamentó: «Mientras las grandes empresas reciben subsidios y beneficios fiscales, quienes forman parte de la Economía Social, Solidaria, Popular, Feminista y Comunitaria quedan una y otra vez fuera del sistema».
¿La disolución de la CONAMI es constitucional?
Alberto Gandulfo fue coordinador general de la CONAMI durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Sobre la disolución, expresó: «El Gobierno lanza el Decreto 1094/24 con el fin de disolver la ley 26.117 y un decreto no puede disolver una ley. Son fascistas y gobiernan por decreto y, si no, compran voluntades, como hemos visto con el caso Kueider».
«Se trata de una ley nacional que tiene 22 leyes de adhesión de todas las provincias; es decir, está avanzando sobre las leyes provinciales, lo cual es inconstitucional«, completó.
Sobre los argumentos de Sturzenegger, planteó: «Desde que se fue Cristina Kirchner que la CONAMI se desfinanció. Salvo algún intento de reflotarlo, lo desfinanciaron también durante el Gobierno de Alberto Fernández y hay que hacerse cargo«.
«Esta es la parte que no entienden Sturzenegger. Son subsidios que se transforman en créditos. Son créditos no bancarios, por lo cual no son regulados por el Banco Central. Y esta es una metodología reconocida internacionalmente. Más de 660 mil microcréditos se entregaron hasta 2015. Luego, vinieron los sucesivos desfinanciamientos», recordó.
En otro orden, Gandulfo se solidarizó con las y los trabajadores: «Los equipos técnicos no solo fueron desmantelados y maltratados, sino que jamás tuvieron directiva alguna. Por eso mismo, ponen hoy a disposición a personal altamente calificado como parte del desguace del Estado que se está haciendo».
«Con esto, se castiga a la Economía Social y Solidaria, a la Economía Popular, a las cooperativas de trabajo, a las mutuales, al trabajo autogestivo y se enmarca en la estrategia de un Gobierno que desde hace un año viene haciendo estas cosas, sin miramiento alguno», concluyó.
Finalmente, el dirigente cooperativo y mutual César Malato instó a «las y los legisladores nacionales, sean de los partidos que sean, y a las organizaciones sociales, cooperativas, mutuales, iglesias, fundaciones, asociaciones civiles, a ejercer conjuntamente una acción positiva que ponga en la discusión de la agenda pública la necesidad de una herramienta de las características de la CONAMI, inclusive mejorando los aspectos negativos que pueda haber tenido esta experiencia».
Malato, presidente de la Federación de Cooperativas Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua (FEDESAM), apuntó: «Desde nuestra Federación, repudiamos esta decisión, que evidencia un profundo desconocimiento del impacto positivo de estas políticas. Exigimos que se revea esta medida y que se informe detalladamente sobre la ejecución presupuestaria del programa, la cantidad de microcréditos otorgados en los últimos años y la situación de los trabajadores y beneficiarios afectados por esta decisión».
«El cierre de la CONAMI no solo destruye una iniciativa con impacto probado, sino que también ignora el valor del microcrédito como un motor de inclusión, permitiendo que pequeños productores, trabajadores, mutuales, iglesias y organizaciones sociales se integren al mercado laboral y desarrollen proyectos que fortalecen a sus comunidades», finalizó.
