El cine se ha convertido en uno de los principales objetivos de las políticas de destrucción cultural del gobierno de Milei, algo que por el momento despierta diversas hipótesis. El Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires sin embargo tiene su formación en 2020, cuando pandemia mediante se hizo evidente el desamparo de los trabajadores del sector.

“Teníamos el beneficio de las herramientas digitales que nos permitía tener una comunicación con gente de toda la provincia –apunta Flor Calcagno, realizadora y guionista, entre otras de Margarita (2016), sobre aquellos comienzos–. Ahí vimos que teníamos un montón de cosas en común y que había muchas ganas de trabajar en conjunto. A partir del estado de situación que recogimos en distintas charlas, reuniones y entrevistas, lo que surgió en común era que en la provincia de Buenos Aires necesitamos una Ley Audiovisual y un Instituto Audiovisual. Ahí nos reunimos con el presidente de la cámara  de Diputados, que era Federico Otermín. La propuesta del área de audiovisual tiene un eje central que es lo laboral”.

La pandemia puso de manifiesto que en el sector la precarización mandaba y que, a diferencia de otras provincias del país, la de Buenos Aires no tenía una ley que, apalancada en la política del Incaa, diera mayor fomento a la producción. La acción en conjunto del sector llevó a la redacción de una “ley larga y una ley corta”, señala Mario Verón, también realizador e integrante del foro. La situación política dio para que ingresara la versión corta y así surgió el proyecto de ley que a mediados de 2023 fue presentado a la Legislatura Provincial por el gobernador Axel Kicillof.

Es sabido que los tiempos legislativos no siempre coinciden con las necesidades de la gente, pero momentos de crisis como los actuales llevan a la gente a situaciones angustiantes que tienen que ver con poder pagar un alquiler, un médico o una comida. “La ley larga la pensábamos para fomentar también la industria de los videojuegos –explica Verón–, donde los lenguajes van mutando. Que son importantes como lo avalan un montón de estudios que indican que mejoran la atención y la solución de conflictos, además de generar trabajo. Que esa producción de contenido esté dentro de un marco legal nos parecía importante. Pero se logró presentar la ley: había un vacío legal que hubo voluntad de salvar, ahora está un poco quieta y queremos que se ponga en agenda”.

Una ley que marcaría una clara diferencia

“Si sale esta ley va a marcar una clara diferencia entre lo que es la gestión provincial y la nacional –dice Calcagno–. Nosotros lo planteamos todo el tiempo. Y a eso apuntan muchas de las declaraciones de Florencia Saintout desde el Instituto Cultural de la Provincia. Hubo cohesión política de caminar juntos este proyecto, pero obviamente que siempre va a haber rispideces, porque nosotros somos el sector y ellos tienen que administrar algo y tienen que ver cómo lo hacen. Nos parece que ahora que está en la comisión es el momento en el que hay que salir a militarlo. La ley establece una serie de políticas públicas que apoyan y fomentan la actividad audiovisual en la provincia, desde la producción, y establece un plan de fomento para diferentes líneas (desarrollo, producción, postproducción). Eso significa trabajo para nosotros y la traducción es lineal. Nos parece que la dimensión de lo económico es algo central”.

“En producción por cantidad de habitantes, la Argentina está entre las cuatro principales cinematografías del mundo –explica Verón–. Y es una cinematografía multipremiada que no solamente se reduce a un estreno en el Gaumont los martes al mediodía, sino que también tiene otro tipo de distribución en espacios culturales, espacios independientes que no se cuentan, como tampoco se habla de que es un bien cultural que construye nuestra memoria”. Entre otras virtudes, la ley fomentaría “producciones de diferentes escalas que permitan trabajar a las productoras más chicas y favorecer la inserción. Con ese objetivo se estimularía el cine comunitario, los vínculos con universidades y el foco en los desarrollos locales. Todo esto implicaría un crecimiento y que después surjan más Torre Nilson”, sugiere Calcagno.

“Según el Observatorio de Medios Audiovisuales, cuando el Incaa funcionaba, por cada peso que circulaba volvían dos –suma argumentos Verón–. Hay regiones en las que nos movemos cuando hacemos una producción audiovisual y se reactivan con el uso de hotelería, comidas, remises y más, que alimentan circuitos en microeconomías”. Pero para Verón el asunto va más allá: «Lo que está pasando con el cine es un profundo acto de censura a nuestra forma de contar: el 50% de la producción de cine argentino es documental, y ese 50% se financiaba con el 4,19 del presupuesto total. Ese cine construía nuestra memoria».

En las últimas horas del viernes se confirmó que a partir de este martes la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados bonaerense comenzará a dar curso a dos proyectos de ley que abordan los vacíos jurídicos y legislativos en el mundo de la producción audiovisual de la provincia. En ese marco, expondrán Mario Verón (Documentalistas de Argentina), José Campusano (Cluster Audiovisual), Florencia Calcagno y Leandro Calcagno (Red Sur Sur). El camino seguramente no será sencillo, pero los reclamos están siendo escuchados y ojalá desemboquen en la ley que el sector necesita y merece. «