El contrato firmado por el Gobierno de Río Negro con la empresa estatal de aguas de Israel, Mekorot, es de una “manifiesta inconstitucionalidad” y representa claramente “un peligro actual e inminente para la soberanía provincial”, define el proyecto que impulsa la derogación del acuerdo que la exgobernadora Arabela Carreras suscribió en febrero de 2023 con el declarado propósito de realizar una consultoría para el diseño de un Plan Maestro para el manejo de los Recursos Hídricos.
Carreras puso su sello y firma en un polémico contrato con Mekorot, hasta ahora secreto, a través del cual le entregó a esa empresa estatal extranjera la propiedad intelectual sobre la información del patrimonio hídrico y geológico de la provincia de Río Negro.
En el mismo contrato, Carreras se comprometió a mantener la confidencialidad absoluta e indefinida de sus términos, asumió los costos y responsabilidades sobre daños que pudiera ocasionar la empresa, le garantizó inmunidad legal a su personal y aceptó someter sus eventuales diferendos a un arbitraje privado en Inglaterra bajo las leyes de ese país.
El convenio fue también firmado por otras once provincias, en su inmensa mayoría cordilleranas, bajo el paraguas de un acuerdo marco firmado en 1982 entre Israel y la última dictadura, y fue gestionado y financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
El proyecto para la derogación del contrato lo presentaron el jueves último las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito, y el legislador José Luis Berros, del bloque opositor Vamos con Todos. Se trata de los mismos que lograron que el Gobierno provincial finamente entregara el cuestionado convenio, luego de largos meses de insistencia ante las negativas oficiales.
La presentación de Spósito, Odarda y Berros se estructura en base a una pormenorizada enumeración de todas las leyes provinciales y nacionales, de los tratados internacionales y artículos de la Constitución rionegrina que viola el articulado del contrato.
Según denuncian, resulta contrario a los artículos 70, 71, 73 y 84 de la Carta Magna provincial referidos a la propiedad, protección, administración y acceso a las fuentes de agua, además del 181 que obliga a ratificación parlamentaria de todos los acuerdos del Poder Ejecutivo con otros estados nacionales o extranjeros. La estricta confidencialidad también viola el artículo 4, según el cual deben ser públicos todos los actos de Gobierno.
Entre otros aspectos, puntualizan que confronta la Ley nacional 25.831 sobre “el libre acceso a la información pública ambiental”, y violatorio del “Tratado de Escazú” relativo a la garantía sobre el derecho a la información ambiental y a la participación pública en proyectos que impacten sobre el ambiente o la salud humana.
Además de la ilegalidad, el grupo legislativo enfatizó la entrega de soberanía que implica “la renuncia expresa” a la intervención de tribunales rionegrinos para someterse a arbitrajes privados en Inglaterra y bajo las leyes de ese país.
El punto más cuestionado por Berros, Spósito y Odarda es la entrega de la propiedad intelectual sobre la información estratégica para el interés provincial, como es “la ubicación y valor de nuestras fuentes de agua dulce de dominio público” que se hizo en secreto y sin intervención parlamentaria.
Alertan además que todo ello garantiza que la empresa pueda enajenar a otros estados o empresas privadas los resultados de la supuesta consultoría. Pero también, y más grave aún, le concede aprovechar en su propio beneficio las bases de datos y los conocimientos estratégicos surgidos de estudios y producciones científicas acumulados por años de investigación por parte de profesionales y técnicos de los organismos públicos de Río Negro.
El proyecto que pide la derogación del contrato destaca que la misma tarea pudo realizarse con las y los técnicos, científicos, trabajadores y trabajadoras con alta calificación de las universidades nacionales del Comahue y de Río Negro.
En este caso en particular, la calificación de los y las profesionales nacionales puede ejemplificarse en que el director de los proyectos de Mekorot en la América latina es el ciudadano israelí de origen argentino, Diego Berger. Se trata de un ingeniero en Hidrología egresado de la Universidad de Buenos Aires que emigró hacia fines de los años ’80 y realizó dos posgrados en Filosofía y Recursos Hídricos en el Instituto de Tecnologías de Israel, antes de ingresar a la estatal Mekorot hace tres décadas. «
Comunidades mapuches, contra un proyecto minero
Las comunidades mapuches de Río Negro manifestaron esta semana su “más enérgico” rechazo al funcionamiento de un yacimiento de oro y plata en sus territorios de la meseta provincial, conocido como Proyecto Calcatreu.
“No podrán hacerlo, vamos a defender los cerros”, advirtió la werken (vocera) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Fernanda Neculman, durante un encuentro en la localidad de Ingeniero Jacobacci. En sus inmediaciones la multinacional canadiense Patagonia Gold pondrá en marcha la extracción de oro y plata con un alto costo en materia ambiental y un importante consumo de agua que es muy escasa en la zona.
La Coordinadora es la mayor organización mapuche de la provincia, y reúne a más de 160 comunidades que decidieron enfrentar los proyectos mineros contaminantes que intenta imponer el Gobierno del conservador Alberto Weretilneck, ahora aliado del presidente libertario Javier Milei.
“Estamos ante un nuevo avance estatal sobre nuestros territorios, una nueva embestida de las corporaciones y del Gobierno”, lamentó Neculman.
