La urgencia por concretar una primera sesión mixta en la Cámara de Diputados y la necesidad de estrenarla con la sanción de proyectos que reúnan el mayor consenso posible son dos de las razones que argumentan en el oficialismo para justificar por qué todavía no presentaron el anunciado proyecto de ley que buscará aplicar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Ambas explicaciones no son las únicas, podría incluirse la concentración oficial en la renegociación de la deuda, por ejemplo, pero alcanzaron para que empresarios y voceros económicos dieran por muerta la iniciativa que deslizó el presidente Alberto Fernández hace un mes. Este viernes, durante la conferencia realizada en Olivos para anunciar la extensión de la cuarentena, ratificó tibiamente que la idea sigue en carpeta: «Todo eso es posible», cintureó ante una pregunta periodística, y no aportó ningún detalle adicional a las aclaraciones que formuló la semana pasada el ministro de Economía, Martín Guzmán.
«Es sólo una de las medidas de un paquete amplio. En las próximas dos semanas vamos a anunciar nuevas medidas, necesitamos actuar con flexibilidad y con principios bien claros: debemos proteger el capital y el saber hacer (know how) de las empresas, porque el día en que se termine esto del coronavirus las vamos a necesitar», expresó el jefe del Palacio de Hacienda al canal C5N para confirmar que el posible impuesto a los ricos, o muy ricos, ingresará a la Cámara Baja dentro de una serie de exenciones impositivas y beneficios fiscales, como anticipó Tiempo hace un mes. Sin embargo, desde que fue revelada esa estrategia combinada no hubo avances en la presentación del borrador.
Los problemas no sólo son técnicos y operativos para el diseño de un texto que implemente un gravamen o una contribución fiscal por única vez. También son políticos, porque en la medida en que se dilata el ingreso de un texto concreto para abrir el debate, cada vez son más los miembros de la oposición que buscan que la discusión se retrase el mayor tiempo posible. En Juntos por el Cambio, la mayoría del macrismo está en contra, un sector de la Coalición Cívica se prestaría a analizarlo y el radicalismo está dividido entre quienes se animarían a posibilitar la discusión y aquellos que se niegan terminantemente a sumar otro impuesto.
En el Frente de Todos tampoco hay posiciones unánimes. El encargado de diseñar el proyecto es el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, junto al presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner. También intervienen sus equipos técnicos, con el apoyo de especialistas de la cartera económica. Detrás de ellos está la ayuda moderada de los diputados de extracción sindical, como el titular de la CTA, Hugo Yasky, que tuvieron que dar marcha atrás con el texto que impulsaba el «Impuesto Patria» para unificar posiciones. Sin embargo, cerca del presidente de la Cámara, Sergio Massa, se muestran distantes de la iniciativa, aunque aclaran que “Sergio no la empujó y tampoco la frenó». El tigrense, al igual que Guzmán, prefiere un paquete de incentivos y beneficios que «vistan» un posible impuesto único, antes que una discusión redistributiva dentro del Congreso en medio de la crisis por la pandemia.
No es la posición que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández, que sigue en detalle el trabajo de Heller. El titular del Credicoop sugiere cautela para elegir el momento adecuado de presentación y Guzmán les pidió a los socios de la coalición oficialista «coherencia» para contribuir al «plan integral» que delinea la Casa Rosada con los discretos aportes el exministro de Economía y excandidato presidencial Roberto Lavagna.
La explicación de Guzmán sobre la concepción del proyecto revela que la palabra final la tendrá el Ejecutivo, aunque el presidente no le ponga el gancho al texto. Ese movimiento despierta incógnitas en el Frente de Todos. Algunos diputados consideran que se avecina una negociación compleja con los empresarios, donde el Ejecutivo combinará el abanico de beneficios y exenciones impositivas como una forma de contener malheridos y evitar un derrumbe más estrepitoso de la actividad. Luego de la seducción vendrá el momento de tocar bolsillos ajenos y definir cómo hará el Estado para financiar esas medidas luego de la cuarta fase de la cuarentena. En ese momento aparecería la idea del impuesto único, aunque también existe el riesgo real de que la idea se diluya dentro del paquete de medidas.
Esa segunda alternativa es la que más convence a un sector del FdeT y a casi todo Cambiemos. En medio de ese cruce de intereses y perspectivas fiscales, los millonarios afectados ya comenzaron a hacer llamados telefónicos para hacer sentir sus críticas. En los próximos días se sabrá quiénes serán los bloques más permeables a esas presiones veladas, cuyos impulsores buscan que el proyecto quede fuera de agenda. Las diferencias al respecto son tan grandes, que funcionaron como motor para que la primera sesión mixta desemboque en proyectos de mayor acuerdo, como la sanción de la Ley de Economía del Conocimiento, que está frenada desde enero, y la exención del Impuesto a las Ganancias para el personal de salud y fuerzas de seguridad.
El «menú de la unidad» también sumaría tasas impositivas cero para la producción y comercialización de insumos sanitarios esenciales: guantes quirúrgicos, alcohol en gel, alcohol puro, desinfectantes, cámaras de rayos gamma, entre otros, mientras dure la pandemia. El texto es una de las alternativas que cruzan oficialistas y opositores, pero ninguna de las fuentes consultadas menciona al impuesto extra como parte de la negociación.
