La prédica anti-Estado llegó al Foro Económico de Davos de la mano del presidente Javier Milei, quien brindó el mismo discurso de campaña, lleno de números indemostrables, y basado en una teoría económica regresiva. Pero, sobre todo, en su intervención buscó dejar bien en claro que el origen de todos los males es el Estado.

Milei hizo referencia a que la justicia social “es injusta” porque es “violenta”, ya que “el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva”. Criticó incluso a las políticas de género, que desde su perspectiva devinieron en “mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico y darles trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formatos de ministerios de la mujer u organismos internacionales dedicados a promover esta agenda”. Defendió los procesos de concentración económica, que no son fallas de mercado (las cuales no existen según su visión) sino algo virtuoso, porque de esta forma aumenta la productividad. Dirigiéndose a los principales directivos de corporaciones multinacionales presentes, expresó: “ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes”.

Milei también afirmó que “Occidente está en peligro” debido a la amenaza del “colectivismo”. A su vez, ante el auditorio, incluidos importantes funcionarios del FMI, señaló que “los neo-marxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades, y sí, también de los organismos internacionales”.

En clara contraposición con la postura de Milei, en un mensaje escrito para el Foro de Davos, el Papa Francisco sostuvo que “el mundo de los negocios y las finanzas opera ahora en contextos económicos cada vez más amplios, en los que los Estados nacionales tienen una capacidad limitada para gobernar los rápidos cambios en las relaciones económicas y financieras internacionales. Esta situación exige que las propias empresas se guíen cada vez más no sólo por la búsqueda de un beneficio justo, sino también por elevadas normas éticas, especialmente con respecto a los países menos desarrollados, que no deberían estar a merced de sistemas financieros abusivos o usureros”. También subrayó la importancia de que las estructuras intergubernamentales puedan ejercer eficazmente sus funciones de control y orientación en el sector económico.

Respecto de las “amenazas del colectivismo” para Occidente, la realidad muestra otra faceta: la concentración económica y la desigualdad avanzan en el mundo. Un reciente informe de la organización Oxfam señala que “desde 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado. Durante el mismo período, la riqueza acumulada de cerca de 5.000 millones de personas a nivel global se ha reducido”. Según el informe, “a base de exprimir a sus trabajadores y trabajadoras, evadir y eludir impuestos, privatizar los servicios públicos y alimentar el colapso climático, las empresas están impulsando la desigualdad y generando una riqueza cada vez mayor para sus ya ricos propietarios”.

Estamos viviendo, continúa Oxfam, “una era marcada por un poder monopolístico que permite a las empresas controlar los mercados, establecer los términos de intercambio, y obtener beneficios sin temor a perder negocio. No se trata de un fenómeno abstracto sino de una realidad que nos afecta a todos y todas de muchas maneras: influye en nuestros salarios, y determina los alimentos y las medicinas que podemos permitirnos pagar”, y agrega “esta realidad, lejos de ser una casualidad, es producto del poder que han cedido nuestros Gobiernos a los monopolios”. En Argentina lo estamos viviendo tras la asunción del nuevo gobierno y lo viviremos con particular crudeza si se consolidan las políticas que éste plantea.

Desmantelar el Estado

En la semana un medio de comunicación de gran llegada tituló: “Cáncer de piel: la vacuna argentina para el melanoma podría estar disponible a partir de marzo”. Es la primera en el mundo de este tipo, según señaló uno de los científicos que lideró su desarrollo, investigador superior del Conicet, organismo que participó en la investigación. Esta institución, como otras, hoy se ve fuertemente amenazada por el recorte presupuestario y por las iniciativas de desmantelamiento del Estado que impulsa el Poder Ejecutivo, y que no están teniendo el debate que el funcionamiento de la democracia demanda.

Sobre el denominado proyecto de “Ley Ómnibus”, muchas de las negociaciones del contenido de un posible acuerdo, que estaría dándose entre el oficialismo y sectores de la oposición, suceden a nuestras espaldas, ya que la principal fuerza política en Diputados (UxP) no está presente. Por su parte, el paquete de modificaciones que habría aceptado el Ejecutivo (se habla de 100 artículos), si bien a lo sumo cumple con algunos requisitos de sectores específicos o regionales, que no subestimamos, no modifica el espíritu del proyecto.

En rigor, el giro del proyecto “Ómnibus” a sólo tres comisiones, cuando por su relevancia y variedad de temas debería haberse girado como mínimo a 25 comisiones, indica cierto desdén hacia el rol del Parlamento. Las comisiones hacen a la especialización de los temas, y si bien juntar la discusión en dos o más de ellas es un mecanismo que se suele utilizar cuando hay cercanía entre los temas a tratar y para facilitar el debate, esto no funciona en un proyecto con estas características y magnitud.

También cabe citar la amenaza de varios funcionarios de primer nivel, al tratar de enfrentar al Parlamento con la ciudadanía, diciendo que si no se aprueba esta mega ley el ajuste va a ser más grande.

Pretenden que no se discuta y que todo sea rápido para evitar que se sigan sumando quejas y que se generalice el rechazo al programa. Más allá de los reclamos puntuales, la sociedad no debe perder de vista el espíritu del proyecto: se apunta esencialmente a sacar al Estado del medio, a quitar de un plumazo derechos de las mayorías que son conquistas históricas, y a que ganen las grandes corporaciones.

Más de 1.500 referentes de la cultura, la ciencia, la política, los organismos de derechos humanos y el sindicalismo rechazamos la “Ley Ómnibus” y el DNU bajo el lema “En defensa del Estado social de derecho. En defensa de cada uno y cada una. En defensa de todos y todas decimos ¡fuera de la Constitución, nada! ¡Ni decreto ni megaley!”.

El documento sostiene, sobre el Decreto 70/23, que “es ilegal e ilegítimo, atenta contra los trabajadores del sector privado, los trabajadores del sector público, los consumidores y usuarios, los inquilinos, los deportistas, los industriales, los comerciantes, trabajadores y trabajadoras de la cultura, además de poner en grave riesgo la soberanía nacional y el cuidado del ambiente”. Sobre la Ley Ómnibus previene que “la aprobación de este proyecto sería la culminación de un desguace del Estado social de derecho que, bajo la excusa de su mal funcionamiento actual, se pretende destruir en vez de reparar”.

Adhiero especialmente al cierre del documento, que expresa que quienes “creemos en una Argentina justa, soberana, independiente, plural, democrática y humana nos oponemos tajantemente a este atropello contra el Pueblo, y con la Constitución en la mano lucharemos para evitarlo, comenzando con la participación activa en la jornada nacional de protesta del miércoles 24 de enero”.