El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar una nueva víctima del terrorismo de Estado entre los restos hallados en el Pozo de Vargas durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de René Salustiano Ruiz, la persona 120 en ser identificada en la mayor fosa común del terrorismo de Estado, ubicada en Tafí Viejo, las afueras de San Miguel de Tucumán. 

El análisis se hizo sobre los restos recuperados por el Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), que al finalizar su trabajo en 2023 encontró huesos pertenecientes a 149 personas.

René Salustiano Ruiz tenía 39 años y era conocido como “Chala”. Vivía en Caspichango, en el departamento de Montero, epicentro de la represión ilegal desatada a partir del Operativo Independencia.

Su familia, que fue informada de la identificación a fines del año pasado, denunció la desaparición el 2 de junio de 1976. Ruiz fue visto por sobrevivientes en el centro clandestino de detención Arsenal Miguel de Azcuénaga, a cargo del Ejército. 

En el juicio que se desarrolló por los crímenes cometidos en ese centro clandestino, Juan Manuel Quinteros, también oriundo de Caspichango, recordó haberlo cruzado al ‘Chala’ Ruiz en el Arsenal.

Durante el juicio, que finalizó en 2013, contó que “frente a su casillero estaba ‘Chala’ Ruiz, que le pidió que le diga a su mujer dónde estaba para que ponga un abogado y lo saque. Ruiz no salió nunca. Trabajaba en el monte con la leña, vivía de Santa Mónica para arriba”.

Quinteros recordó que en la zona de Caspinchango y Santa Lucía se vivía con miedo. “Había tanques de guerra, a las 20 horas había que apagar las luces, llevaban a quienes ellos querían. En esa época en Caspinchango vivían alrededor de unas 600 familias, se conocían casi todos. La mayoría vivía de pelar caña. Precisó que entre Caspinchango y Santa Lucía hay unos siete kilómetros. Que el Ejército ingresó al lugar a partir de marzo del 76, que estaban en los galpones de Caspinchango. Allí el personal militar imponía orden”, señaló.

La investigación en el Pozo de Vargas comenzó en 2001, a partir de los testimonios de Pedro Mercado, Juan Carlos Díaz y Santos Molina, quienes indicaron que el pozo era utilizado para ocultar cuerpos de personas secuestradas y asesinadas durante el Operativo Independencia y la posterior dictadura militar.

El informe con las denuncias sobre la existencia de un pozo de inhumación clandestina se presentó en el Juzgado Federal de Tucumán, lo que dio lugar a una pericia en abril de 2002 y el comienzo de los trabajos allí.

Luego de más de 20 años, el 10 de febrero de 2023 se anunció la finalización de la excavación:en los más de 40 metros de profundidad se recuperaron los restos de 149 personas, de las que 120 ya fueron identificadas por el EAAF.