El Servicio Penitenciario Federal es como un tanque de agua que el tiempo derrotó: tiene filtraciones por todos lados. A la manifestación alrededor del penal de Devoto de la semana pasada, al allanamiento al Ente de Cooperación Penitenciaria (ENCOPE) por irregularidades en el manejo de los fondos por parte del personal del SPF, a la detención del Director de Devoto por obstrucción a un allanamiento en el marco de una causa de drogas, se sumó en las últimas horas el reclamo de las mujeres detenidas en la Unidad IV de Ezeiza.
Las internas realizan una huelga de brazos caídos desde el lunes pasado en reclamo del pago de sus 200 horas de trabajo. Es el trabajo con el que sostienen a sus familias afuera. En abril tuvieron el mismo problema, cuando personal del ENCOPE informó que comenzarían a cobrar 170 horas mensuales de trabajo y no las 200 horas que venían cobrando, señaló a Tiempo María Medrano, referente de la Asociación civil y cultural sin fines de lucro Yo no fui, que forma parte de la Red de Cooperativas de Liberadas y Liberados.
En ese momento, la situación se revirtió por la gestión de la jefa de Trabajo de la Unidad, Brenda Fiorentino. Se acordó firmar por 170 horas y cobrar 200 en mano. El primer mes se respetó el acuerdo, pero en los meses subsiguientes, la Jefa de Trabajo comenzó a pagar 170, después 160 horas, hasta que la semana pasada, a las mujeres que se dedican a la limpieza del penal, les pasaron 140 mensuales, detalló.
Según fuentes del SPF, las horas trabajadas son firmadas por el Director de la Unidad y la Jefa de Trabajo. En este sentido, los voceros añadieron que no da el tiempo material para poder computar 200 horas trabajadas en la cárcel. Habría que ver porque se le pagaron antes. La ley 24660 refiere a dar trabajo pero no menciona las horas. Se tendrá que hacer cargo el funcionario que pautó las condiciones informales.
Finalmente, desde la Red de Cooperativas de Liberados y Organizaciones Sociales en contextos de encierro advirtieron que la nueva avanzada del SPF no es casual. Se enmarca dentro de la sistemática arbitrariedad y discrecionalidad de sus prácticas cotidianas, que se materializan en los obstáculos impuestos al acceso a la salud, a la educación, a la recreación.