“Si el señor representa a una institución de seguridad debería estar identificado”, argumentó un hombre en la estación Lacroze de la línea B de subte, dirigiéndose a una persona vestida de traje negro que intentaba sacar a una mujer que dormía con su bebé en el lugar. “Yo no tengo por qué identificarme”, respondió el hombre de negro que, al parecer, tampoco quiso brindar sus datos a la policía porteña que llegó rápidamente.

La escena apareció en un video que se viralizó en junio de 2019 y que causó gran revuelo. Por entonces, usuarios y usuarias del subte se preguntaban ¿Quiénes son esos hombres de negro? En 2019 el viaje en subte acumuló un alza de 35,4% en los primeros cinco meses del año, pasó de $15,50 a $16,50 en febrero, y en mayo dio un salto a 21 pesos. Si bien hoy parecen cifras menores, el contexto económico de aquellos años estaba sumido en una profunda crisis económica, producto de las políticas ejecutadas por la presidencia de Mauricio Macri.

Cinco años después, los mismos hombres de negro volvieron a aparecer en todas las estaciones de subte. No es casual. Como en 2019, la mayoría de los usuarios no pueden pagar el boleto. En pocos meses, pasó de $125 a 650 pesos a la espera de otro aumento pendiente que llevaría el valor a 757 pesos. Como hace cinco años, la historia se repite: aumentó la pobreza, se profundizó la crisis económica, más ajuste, y la imposibilidad de poder pagar el transporte público de un pueblo sumido en una profunda crisis social.

Mientras tanto la pregunta sigue vigente: ¿Quiénes son esos hombres de negro?

Los hombres de negro, puestos detrás de los molinetes, ejercen una violencia simbólica que se transforma en física si alguien quiere pasar sin pagar el boleto.

La función que cumplen viola el convenio firmado con Metrovías, actualmente vigente bajo la nueva fachada de la empresa y el cambio de nombre: EMOVA.

Deben estar identificados

El artículo 455 de la Ley 5688 que refiere al “Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad”, ordena que el personal debe “llevar consigo la credencial que acredite su habilitación debiendo exhibirla cada vez que le sea requerida” además de contar con una “identificación visible de nombre, apellido y número de registro en su uniforme”. Situación que la empresa no cumple.

“La importancia de que estén identificados es porque pueden ocurrir situaciones de violencia, de maltrato y para efectuar cualquier canal de denuncia, así sea judicial o también interno, uno tiene que saber a qué empresa está prestando servicios”, explica a Tiempo Natalia D’Alessandro, abogada e integrante de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI).

La especialista en seguridad afirma que el requerimiento “es el mismo que la Ley exige a funcionarios policiales, porque cualquier instancia de control de denuncia que se quiera hacer sobre un maltrato recibido por parte de ellos o de ellas exige poder identificarlos. Si bien se puede identificar en cuanto al lugar y el horario en que están prestando servicios, obviamente que ahí queda como a disposición de la institución o de la empresa poder identificar, o no, al personal involucrado en un hecho que puede dar origen a un delito o a una acción administrativa”, termina.

A quiénes responden los hombres de negro

Tiempo accedió al acta firmada en la última audiencia entre metrodelegados y EMOVA realizada el 30 de julio. El documento atestigua el reclamo gremial, pero la empresa se negó a plasmar por escrito la razón social de la tercerizada, la cantidad de personal contratado, la paga y el gasto que representa.

La empresa en cuestión es Rebor Seguridad S.A., radicada en la Provincia de Buenos Aires y habilitada para ejercer su actividad en Capital Federal, en la Provincia de Santa Fe, en Chaco, y en la Provincia de Córdoba. La sede de CABA se ubica en Fray. J. María de Oro 2350, 1°C en el barrio de Palermo y fue fundada sobre finales de los 90´. Entre otros clientes se encuentran el Grupo Arcor, La Serenísima, el Grupo Roggio, La Suizo argentina y Bagley, etc.

Según pudo conocer este medio, EMOVA contrató alrededor de 80 personas de la firma Rebor que trabajan entre 8 y 10 horas, con salarios que no llegan a los 700.000 pesos.

Violación al convenio laboral

“La semana pasada hicimos una presentación a partir de la aparición de esta gente en la línea de molinetes que, por otro lado, es violatoria de nuestro convenio colectivo de trabajo firmado con la empresa”, explicó a este medio Jorge Méndez, secretario de organización de metrodelegados.

El apartado de dicho convenio estipula una de las funciones que debe ser realizada por trabajadores de subte y no por agentes externos: “Colabora en el control del correcto ingreso y pago de los usuarios y las acreditaciones de invalidez, jubilación y otras gestiones administrativas que hacen al expendio de pasajes o servicios a los usuarios”.

Pero esta función EMOVA la dejó en manos de estos hombres que encima ejercen violencia y no están identificados. “La audiencia fue en la subsecretaría de trabajo y la empresa dijo que a estas personas las contrataron por el término de 90 días para recuperar los valores de recaudación porque en los últimos meses hubo mucha evasión”, agrega Méndez y recuerda que “la seguridad la tiene que brindar el Estado y no privado, pero EMOVA argumenta que ellos no están para hacer seguridad sino para velar por los intereses de la empresa. No quieren reconocer que son de seguridad porque saben que es ilegal”. «