Con niveles de mortalidad similares a zonas de alto conflicto y el jefe de Gobierno fuera del país en los momentos de mayor tensión, Haití sufre una crisis humanitaria y de violencia sin precedentes que no para de escalar desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.
Desde el jueves rige en la capital, Puerto Príncipe, el estado de emergencia prorrogado por un mes más, a la espera de la realización de nuevas elecciones que traigan un nuevo gobierno. Ya con el apoyo internacional que pudo tener cuando se hizo cargo en su etapa más débil, el primer ministro Ariel Henry debía renunciar en febrero, pero un acuerdo con la oposición le permitió quedarse hasta la renovación de autoridades. Las pandillas que controlan la ciudad sumiéndola en una ola de violencia inusitada, exigen su salida. Lo mismo las organizaciones humanitarias que intervienen en el territorio como Médicos sin Fronteras (MSF) y la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití (RNDDH). La ONU continúa el reclamo de ayuda internacional que hizo días atrás en la cumbre de la Celac y los Estados Unidos empiezan a poner en cuestionamiento su apoyo original al gobierno de transición.
Según las organizaciones el escenario es, literalmente, de guerra. Puerto Príncipe está dividida en muchas líneas de frente. “Barrios enteros están bajo el control de grupos armados que cambian territorios. En las zonas pobladas y empobrecidas, las calles tienen barricadas y en algunas áreas hay francotiradores que disparan a lo que ven”, dice un informe de MSF.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, habló este jueves con Henry para pedirle una transición política «urgente» hacia un «gobierno más amplio e inclusivo», según Brian Nichols, jefe del área para América Latina. La crisis en Haití, afirmó, «tiene proporciones humanitarias que requieren una respuesta global» comparable con Ucrania o Gaza, aseguró. «Acelerar el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad es crucial» para ayudar al país, añadió. Según declaraciones del exembajador estadounidense en Haití, James Foley, recogidas por la agencia The Associated Press, la administración Biden es en parte responsable del desastre. “Ellos lo arruinaron”, dijo. «Condujeron este caballo hacia su perdición. Es el fruto de las elecciones que hicimos».
Hasta el cierre de esta edición, el primer ministro no había logrado regresar a Haití desde su viaje a Kenia, la semana pasada, para acordar el despliegue de una misión policial internacional respaldada por la ONU. Desde el martes se encuentra en Puerto Rico tras no haber podido aterrizar en el aeropuerto haitiano por motivos de seguridad, y que la vecina República Dominicana le negara la entrada a su avión.
En su país, el vacío de poder se agrava por la casi completa retirada de la policía de las instituciones estatales clave y por la fuga masiva de cientos de asesinos, secuestradores y otros delincuentes violentos de las dos cárceles más grandes del país durante el fin de semana pasado.
A la espera de conocer el futuro de Henry, las pandillas presionan, lideradas por el expolicía Jimmy «Barbecue» Chérizier, quien amenazó con una «guerra civil» si el primer ministro no renuncia. Desde la semana pasada esos grupos armados han atacado numerosos lugares estratégicos como las comisarías, el aeropuerto internacional o varias cárceles. La situación sin control dio lugar a secuestros, asesinatos y vandalismo.
Además, los enfrentamientos entre bandas forzaron a miles de residentes a abandonar algunos barrios, mientras que en otros, como Cité Soleil, se encuentran atrapados por los combates. La ONU calcula que 18.000 personas están desplazadas. El operador privado del puerto de la capital, el mayor del país, Caribbean Port Services (CPS), anunció este jueves la suspensión de sus actividades por los «recientes disturbios».
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) advirtió que el sistema de salud haitiano está «cerca de colapsar». Además de medicamentos, faltan equipos médicos, sangre y camas para tratar a los pacientes con heridas de bala. «Muchas instalaciones sanitarias están cerradas o han tenido que reducir drásticamente sus operaciones», indicó.
