El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Mar del Plata ordenó reformar de manera urgente las condiciones de detención de las mujeres alojadas en la Unidad Penal 50 de Batán, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Lo hizo durante los últimos días en respuesta a un hábeas corpus colectivo que fue presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en el que denuncia que las internas allí cautivas padecen hacinamiento extremo, requisas abusivas y falta de higiene.

Los magistrados ordenaron a las autoridades penitenciarias que realicen mejoras en la infraestructura de la institución de encierro con celeridad. También exigieron el cese de tratos crueles y degradantes, el acceso a la comunicación con sus familias y que garanticen la seguridad en el establecimiento.

Prácticas abusivas en la cárcel de mujeres

“En una de nuestras inspecciones, detectamos que las mujeres sufren hacinamiento y nos contaron que son víctimas de prácticas abusivas cuando las requisan. La Justicia pudo comprobar que viven en condiciones degradantes y que allí se cometen graves violaciones a los Derechos Humanos”, denunció Sandra Raggio, directora general de la CPM, en diálogo con Tiempo.

“Las detenidas viven en condiciones extremadamente precarias, sin calefacción ni ventilación adecuadas en un ambiente muy violento, la iluminación es deficiente, las duchas están en mal estado y sin agua caliente”, señaló la directora general.

“Estas condiciones inhumanas ponen en riesgo la salud física y mental de las mujeres que están alojadas en ese penal. El hacinamiento en las celdas vulnera la privacidad de ellas y pueden transmitirse distintos tipos de enfermedades”, advirtió Raggio. “Las detenidas sufren prácticas abusivas, por ejemplo, las requisas corporales degradantes y vejatorias que tienen que atravesar ellas y sus familiares cuando las visitan”, agregó.

Impacto psicológico

“Todo esto genera un impacto psicológico devastador, con cuadros de ansiedad y depresión cada vez más frecuentes. Además, la falta de seguridad en esa cárcel genera miedo en las detenidas. La violencia en ese lugar viola toda la legislación nacional y tratados internacionales de Derechos Humanos”, argumentó la directora general.

El fallo del Tribunal Criminal 1 de Mar del Plata “dispuso la realización de inspecciones periódicas y también la presentación de informes regulares sobre los avances y realización de todo lo que ordenó”, cerró Raggio.

Medida cautelar en Sierra Chica 

“Respecto a la Unidad Penal 2 de Sierra Chica, durante los últimos días la Justicia dictó una medida cautelar. Ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires que no aloje personas en celdas del sector de sanidad, porque no cumplen ningún requisito para la internación de personas”, aseguró Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, a Tiempo.

“No tienen baños ni instalación de agua potable, se encuentran totalmente deterioradas, están todas sucias, sin vidrios, húmedas, sin asistencia de médicos ni enfermeros”, denunció el letrado. Por eso, la jueza de Ejecución Penal 2 de Azul, Silvia Torres, “hizo lugar a nuestra denuncia y requirió informes sobre obras a desarrollarse en el pabellón siete de ese penal”, remarcó.

Dictamen de la jueza

La magistrada solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires “que informe si existen planes de alguna obra de reparación edilicia del sector de sanidad de ese penal y que comunique sobre las posibilidades económicas que dispone para repararla”, subrayó el secretario ejecutivo. Todo ello, “teniendo en cuenta el peligro que existe por el estado precario de la instalación eléctrica, de gas y el vencimiento de los matafuegos del sector”, detalló.

“En la última inspección que hicimos en el lugar, relevamos que personas enfermas permanecen en sectores inadecuados y sin atención de los profesionales de la salud. Hay que tener en cuenta que la principal causa de muerte en las cárceles de todo el país es por falta de atención médica”, advirtió el abogado.

Por todo ello, “la magistrada resolvió como medida cautelar que no se alojen personas en el sector de sanidad, en esas celdas donde los baños están rotos y que tampoco tienen agua. Además, faltan los vidrios que son tapados por los detenidos con hojas de papel, cartón o frazadas”, finalizó el secretario ejecutivo.