“Se abalanzaron encima mío, me pegaron con piñas en la cabeza y en el brazo, me tiraron al piso y me lastimaron el codo, todavía tengo marcas de las lesiones, tanto el golpe en el codo derecho como en el bíceps izquierdo”, así relataba Roberto de la Cruz Gómez en instancia judicial cómo ocurrió su detención. El jueves fue el último en ser excarcelado tras participar de las protestas por la sanción de la Ley Bases. Estuvo preso 85 días, los últimos cinco en huelga de hambre.
Aquel 12 de junio marcó un antes y un después en la política represiva del gobierno nacional, que continuó en ascenso, en paralelo con el aumento de despidos y conflictos sociales a causa de la situación económica. Hasta los jubilados fueron atacados por la policía los últimos días.
Ante la Justicia, declaró: “fui a manifestarme por mis derechos, porque la Ley Bases va en contra de los derechos de los trabajadores (…) no fui a alzarme contra la democracia, no fui a hacer ningún golpe de estado, no soy terrorista”. Lo aseguró al enterarse de los dichos del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acerca de los 33 detenidos en aquella movilización a quienes rotularon con ese mote: terroristas.
El 2 de septiembre Roberto decidió iniciar una huelga de hambre de sólidos. Lo hizo porque era el último detenido con motivo de haber ejercitado su derecho a la protesta social aquel día. Tiempo conversó con él en estas últimas horas, yéndose del Complejo Penitenciario Federal de Máxima Seguridad I de Ezeiza donde permaneció alojado casi tres meses.
Antecedentes
Roberto atiende el teléfono y pide un minuto para buscar una hoja y una lapicera. Dice que lo están llamando de todas partes. “Me puse en huelga de hambre porque esperé hasta el final a que la jueza (María Romilda) Servini terminara con este capricho de tenerme detenido. Me quedé con la defensora oficial que ellos me dieron para que no me dijeran que un grupo político me puso un abogado”, asegura.
Desde que fue detenido, los organismos de Derechos Humanos, activismos y la Coordinadora de ex presos de Ley Bases lo acompañan. Dice que varios de los 32 liberados lo llaman, que le cuentan cómo van las cosas, que se puso contento cuando soltaron a Daniela Calarco –detenida por el mismo motivo- pero que cuando le negaron a él la excarcelación sintió en lo más profundo aquella injusticia.
“Tengo antecedentes penales que ya los pagué, ya salí, ya me puse a trabajar. La jueza mostró un desprecio a la reinsersión social que llevaba y se basó en estos antecedentes para lavarse las manos. No me dejó detenido por algo clave en esta causa sino por mi historia”, asevera.
Sin ser escuchado
Cuando se lo llevaron preso Roberto estaba en su día de franco. Es panadero y desde hace un tiempo trabaja en el barrio porteño de Almagro. Su jefe le presentó una carta a la jueza para darle referencias de su trabajo y de la continuidad de la vivienda que le otorgó para evitar que viajara más de dos horas por tramo hasta su casa en Grand Bourg. También fue desoído por Servini.
“Antes de mandarle la última carta, le presenté tres prontos despachos porque le pedía que me recibiera. También para contarle las situaciones que estaba pasando aquí con el Servicio Penitenciario”, apunta.
Previo a la excarcelación Roberto había presentado un hábeas corpus en el que denunciaba las violentas requisas del personal, que se intensificaban cada vez que iban a visitarlo militantes sociales.
“Desde el primer día en que ingresé nos recibieron encapuchados con pasamontañas, nos han tirado gas pimienta. Cada vez que han venido organizaciones, diputados, Abuelas de Plaza de Mayo, la APDH y demás. Me han revisado de pies a cabeza y han abierto todo”, detalla. A pesar de sus pedidos, Servini le comunicó que no lo recibiría.
Palabras a la jueza
Desde que entró al Penal Roberto pidió que le asignaran un trabajo, pero en los 85 días que estuvo no lo logró. Entonces decidió estudiar Filosofía y Letras. “Lo hubiera hecho antes pero cambió todo en el país y tuve que ponerme a laburar. Los exdetenidos que me llaman, me cuentan que no les alcanza para el boleto o para comprar los materiales”, asevera.
El lunes pasado firmó una apelación contra la sentencia de Servini y le entregó su abogado una carta dirigida a la ella en la que escribió: “me tiene detenido por salir a marchar constitucionalmente y no de forma hostil. Para levantar la medida de huelga de hambre sin alimentos dejo la condición de ser excarcelado por falta de méritos como los otros 32 detenidos y liberados y la dejo bajo la responsabilidad de mi salud física y mental”.
Finalmente, tras casi tres meses de detención, este jueves la Cámara Federal determinó su excarcelación con medidas de libertad vigilada: deberá usar tobillera electrónica, reportarse con las autoridades y entregar su pasaporte.
En un video que circula en redes, Roberto –libre– sonríe y se abraza con familiares y ex detenidos de la Ley Bases. Presos por protestar, en el país gobernado por La Libertad Avanza. Hasta que las causas se archiven, la lucha continúa. «
