El Ministerio de Trabajo habilitó la inscripción a una nueva ronda del Programa de Recuperación Productiva (Repro 2) y del Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Crítico Independiente. A través de ellos, el Estado ofrece ayuda económica a empresas para pagar parte de los salarios de sus empleados (hasta $ 9.000), como también a trabajadores independientes, registrados como monotributistas y autónomos (ayuda especial de $ 22 mil).
Para acceder al beneficio, los solicitantes tendrán que demostrar una caída en la facturación real superior al 20 por ciento en relación a la época previa a la pandemia, además del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y/o pago de monotributo. La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial, establece como plazo de inscripción entre el 24 y el 30 de septiembre.
Mientras tanto, se mantiene la expectativa por otros anuncios que realizaría esta semana el Ejecutivo destinados a mejorar el poder adquisitivo de la población (en especial, los sectores de menores recursos) y de esa manera incrementar el consumo privado y la actividad económica. En particular, se refieren al salario mínimo vital y móvil, jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. Según adelantó el nuevo Jefe de Gabinete, Juan Manzur, las decisiones serán comunicadas “en el transcurso de esta semana a través de conferencias de prensa”.
Las medidas en ese sentido, que venían siendo debatidas en el seno del gobierno desde hace algún tiempo, se aceleraron drásticamente después de la derrota electoral que sufrió el oficialismo en las PASO del 12 de este mes. Un ejemplo es lo que ocurrió con el salario mínimo. Se había resuelto una actualización de hasta 35% en varios tramos, el último de los cuales se produciría en febrero de 2022; más tarde se decidió apurar el cronograma, que culminaría en septiembre; y con el resultado electoral conocido, se apuró la convocatoria al Consejo Nacional que decide su monto, que sesionaba este martes. La idea es otorgar un plus que llevaría el incremento anual a entre 46% y 48% y que elevaría el monto de los $ 29.160 actuales a cerca de $ 32 mil mensuales.
Otras iniciativas bajo estudio son: un bono extraordinario para jubilados y pensionados, que acompañaría el incremento de 12,39% fijado para septiembre por la aplicación de la ley de movilidad; la elevación del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias, que en el caso de los trabajadores asalariados subiría de $ 150 mil por mes a $ 175 mil; y una suba extraordinaria (todavía no está resuelto el monto) en los valores de la Asignación Universal por Hijo.
El tema caliente en el gobierno es el regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la ayuda extraordinaria que se ofreció a monotributistas de las categorías más bajas, trabajadores domésticos y de la economía informal y beneficiarios de planes sociales. En los meses más duros de la pandemia, la ayuda (hubo tres rondas de 10 mil pesos) alcanzó a nueve millones de personas. Ahora se evalúa repetirla pero destinada a un sector más acotado. La resistencia inicial a esta cuarta etapa por parte del Ministerio de Economía, basada en cuestiones fiscales, sería doblegada por la presión del ala política del Frente de Todos, que busca dar respuesta a la seria situación social.
