En medio de la discusión por el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso, Guillermo Francos recuperó parte de su poder como ministro del Interior. Aunque sin capacidad para poner la firma en el manejo de fondos discrecionales -puesto que el uso de la billetera quedó delegada a su par de la cartera económica, Luis Caputo-, el ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández reabrió en los últimos días el libro de quejas para los gobernadores tras superar los rumores sobre su posible salida del gabinete.

Atado a la voluntad de una mayoría que no posee, la insistencia del Ejecutivo por avanzar con reformas sin instancia de negociación empieza a perder fuerza. Las críticas por el rompimiento de los usos y costumbres del funcionamiento del aparato estatal, recibidas incluso de parte de sectores que se disponen como aliados circunstanciales, obligaron al oficialismo a habilitar nuevamente el canal de intercambio. Es en este punto donde la capacidad de diálogo del ex presidente del Banco Provincia vuelve a ser clave.

¿Arquero como Milei?

Este lunes, el ministro se reunió con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y mantuvo una extensa charla telefónica con el salteño Gustavo Sáenz, quienes se sumaron a la lista de dirigentes que dejaron a la vista su preocupación por las reformas previstas en materia de industria y producción.

Con voluntad de diálogo, el ministro les concedió explicaciones frente a los puntos que inquietan a los mandatarios e incluso se mostró abierto a escuchar los reclamos por la reducción del índice de puntos coparticipables que perciben las provincias tras la quita del Impuesto a las Ganancias. Sin dar mayores definiciones, Francos prometió acercar al presidente esta inquietud, que ya había sido presentada en la primera reunión que los titulares de las 23 provincias tuvieron con Javier Milei el pasado diciembre.

La misma instancia tuvo lugar horas antes con funcionarios de los gobiernos de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy y Tucumán. Los cuadros provinciales llegaron a Balcarce 50 para reclamar que no se modifique la Ley N°27.640 que regula la industria del biocombustible y bioetanol, sector clave en la economía de estas jurisdicciones. Después de algunos intercambios, salieron victoriosos. 

La noticia la dio a conocer el propio Francos a través de un escueto comunicado. “Clarificamos que el porcentaje de corte de biocombustibles establecido en el proyecto Ley es un piso que no va a reducirse y acordamos seguir conversando y analizando estos temas, que tienen impacto en las economías regionales de cada provincia”, sostuvo en su cuenta de Twitter. 

Este nuevo “reajuste” en los textos que integran la ley se suma al que presionaron los gobernadores patagónicos, encabezado por el chubutense Ignacio Torres, frente a la modificación de la Ley de Pesca y es recibida con buenos ojos por parte de varios gobernadores que observaban con preocupación la negativa del oficialismo ante la gesta de acuerdos. 

A pesar de que la desaceleración es evidente, desde Casa Rosada insisten en que estas reuniones no dan paso a “negociaciones”, sino que son estrictas instancias de diálogo con todos los sectores para “aclarar” los puntos que no estén bien explayados en los artículos. Sin querer echar luz a la apertura de acuerdos, el discurso oficial se mantendrá en la línea de no aceptar modificaciones aunque puertas adentro se concreten.

Si bien hasta el momento la agenda no está cerrada, Guillermo Francos continuará con las reuniones con gobernadores y dirigentes del arco político a lo largo de la semana.

Desde el círculo del ministro del Interior advierten que el funcionario está abierto a escuchar reclamos una actitud que podría aceitar la construcción de acuerdos para conseguir mayor flexibilidad en el tratamiento del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Tras recibir a varios mandatarios ligados al peronismo, en los próximos días podría llegar el turno del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. 

Guillermo Francos, crítico del actual sistema de partidos

Este miércoles, el ministro del Interior publicó una serie de tuits para expresar la posición del Gobierno nacional respecto a las modificaciones del sistema electoral propuestas en la mega ley. El objetivo sería «generar un proceso de transformación y de cambio en la vinculación de la política con el pueblo» al simplificar los calendarios electorales.

«En estos últimos 12 años las PASO implicaron un enorme gasto para el Estado. Solamente en 2023 se gastaron $11 mil millones entre aportes de campaña y boletas electorales para 15 agrupaciones políticas, 10 de las cuales no pasaron el piso previsto por la Ley», escribió Francos.

En lo que quizás sea el pasaje más polémico de sus definiciones, el ministro refirió: «Hoy tenemos 791 partidos políticos con capacidad de participar en elecciones nacionales. Tenemos que dar la discusión sobre el sentido para la política argentina de tener tantas agrupaciones, que no aportan al funcionamiento del sistema democrático».