Durante diciembre, el consenso parlamentario de los diferentes bloques legislativos en la provincia de Buenos Aires logró que, por primera vez y por votación de los dos tercios de ambas Cámaras, se designara a un representante de la oposición para conducir la Defensoría del Pueblo bonaerense. En ese contexto, el abogado y exdiputado provincial por el FpVPJ Guido Lorenzino, quien también se desempeñó como funcionario de las carteras unificadas de Seguridad y Justicia durante el primer mandato del entonces gobernador Daniel Scioli, resultó elegido, acompañado por los defensores adjuntos Walter Martello (General, proveniente del Frente Renovador), Eduardo Ancona (Derechos Sociales) y Marcelo Honores (Derechos Humanos y Usuarios de Salud). «Trato de llevar esta responsabilidad con dos principios rectores: en primer lugar, ser absolutamente parcial a la hora de un conflicto. Cuando hay un conflicto de intereses sobre derechos de vecinos de la Provincia, estoy del lado de la gente siempre. Y en segundo lugar, siempre teniendo una mirada crítica de los temas», definió Lorenzino en diálogo con Tiempo.
¿Por qué proponen que las audiencias públicas sean vinculantes y obligatorias?
Cuando participé de la audiencia por la tarifa del gas, y tenía al ministro de Energía, Juan José Aranguren, delante de mí, tuve la sensación de que estábamos frente a un acto formal que iba a convalidar, digamos lo que digamos, lo que ellos ya habían decidido. No me quiero prestar y no creo que la Defensoría y mucho menos las audiencias públicas estén solamente como una escribanía de contralor de la formalidad.
¿Y esto qué implica?
Nosotros presentamos un proyecto de ley que modifica el mecanismo de audiencias públicas en la provincia de Buenos Aires, y también le sugerimos al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación (Emilio Monzó) y a la vicepresidenta Gabriela Michetti que a nivel nacional se tome nota de este tema. Si queremos una participación real, tiene que haber un vínculo con la decisión, que hoy no hay. Hoy las audiencias públicas son un control formal. Como están planteadas, no sirven. Y nosotros no estamos dispuestos a eso.
¿Qué posición toman ante los incrementos tarifarios?
Los aumentos tienen que guardar proporcionalidad con los ingresos de la gente, ser racionales, y si no hubo inversión durante diez años, porque supuestamente faltó decisión del gobierno anterior para poner plata en los servicios públicos y eran malos, no podemos castigar a los usuarios de la Provincia queriendo en un año hacer lo que no se hizo en diez. Lo dijimos en las audiencias del gas y del agua, y lo vamos a decir en las audiencias de Aubasa (NR: empresa estatal que opera los peajes en la autopista Buenos Aires-La Plata y en el Sistema Vial Integrado del Atlántico) el 9 de mayo en Madariaga.
La Defensoría se ofreció y participó informalmente como mediadora en el conflicto docente en la Provincia. ¿Cómo continuarán presentes en la negociación?
Nosotros a esta altura del conflicto queremos a los chicos en clase. La postura de la Defensoría va a ser muy firme en garantizar que los chicos, quienes en definitiva van a la escuela pública y son los más vulnerables, no pierdan más días de clase. Así que vamos a ver cuál es la decisión que se toma, pero vamos a utilizar todos los mecanismos administrativos y judiciales para garantizar que haya clases.
Hay hechos puntuales, como la represión en el comedor comunitario de Lanús, que lesionaron garantías
En la sumatoria, no son hechos aislados. El tema Lanús, encima avalado por el secretario de Seguridad (Diego Kravetz) es inaceptable, más allá de que no existe querer hacer algo bueno y cuando hago algo bueno me cargo inocentes o hago cosas malas. No podemos aceptar que nuestras fuerzas de seguridad, en el afán de hacer cosas buenas justifiquen accionares negativos. «
