El último lunes el gobernador Axel Kicillof giró el Presupuesto 2025 y la Ley Fiscal a la Legislatura bonaerense que ya le dio ingreso y comenzará a tratarlo en comisión en los próximos días. El proyecto, que contempla un gasto de 34,3 billones y autorización para tomar deuda por 1,1 billones, incluye un Fondo de Recupero de las deudas que el gobierno nacional mantiene con la Provincia. ¿Cuánto estima el Ejecutivo que perdió Buenos Aires?

Las dos iniciativas fueron presentadas por el ministro de Economía, Pablo López, ante diputados y senadores de todos los bloques políticos con los que ahora arrancará la negociación política en busca de los votos. En ese marco, el funcionario de Kicillof trazó un cierre de año complejo marcado por una profunda recesión, mayor desocupación y pobreza; explicó cómo las políticas del gobierno de Javier Milei afectaron a las finanzas bonaerenses y habló también del Fondo previsto en la ley de leyes con los recursos adeudados por Nación.

Los detalles fueron volcados en el mensaje que acompaña el proyecto de Presupuesto 2025 y que firma Kicillof. Allí, el Ejecutivo explica que hay cinco factores que impactan en las cuentas provinciales. El primero es la recesión que tiene efectos en el mercado interno y en la recaudación, y el segundo, la «interrupción unilateral del Gobierno nacional de transferencia legales y obligatorias» como el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo Compensador del Transporte, y los aportes a cajas previsionales no transferidas a Nación, entre otros.

A esto se le agregan la paralización de la obra pública nacional en territorio y también el retiro del Estado nacional de las funciones que comparte con las provincias y para las cuales recauda impuestos. En el caso de Buenos Aires, se agrega el esquema actual de coparticipación federal que, como suele repetir Kicillof, no la favorece pese a ser el distrito más rico y el que más aporta a la economía nacional.

La suma de todos estos factores definen la pérdida de recursos sólo hasta septiembre. «El perjuicio financiero para la Provincia causado por el incumplimiento de obligaciones nacionales asciende, en un lapso menor al año calendario, a la significativa suma de 1,2 billones de pesos», señala el mensaje del Ejecutivo a los legisladores y agrega que, a esta merma, debe adicionarse la generada por la recesión. «En suma: con un impacto fiscal por la recesión, estimado en 1,7 billones, y con la suspensión de transferencias obligatorias no automáticas, en el orden de los 1,2 billones, podemos concluir que las políticas del gobierno nacional han generado una pérdida monetaria para la Provincia de alrededor de 2,9 billones acumulados en tan sólo nueve meses».

Estos 2,9 billones de pesos representan el 10% del gasto anual de la Provincia. «Para tener una noción de magnitud fiscal: esta cifra es equivalente a tres meses de recaudación provincial y a más del 10% de los gastos totales del Estado provincial», remarca el gobierno de Kicillof.

En busca de mensurar el perjuicio económico a las arcas bonaerenses, el Ejecutivo provincial detalla qué se podría haber hecho con esa plata que no ingresó por las políticas nacionales definidas por Javier Milei. Así, con esos fondos se podría financiar el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y de entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), que se distribuye en las escuelas a más de 2 millones de estudiantes por espacio de tres años y medio. O podrían comprarse 5 mil patrulleros, 3 mil ambulancias y construir 1400 escuelas nuevas; o construirse 4400 kilómetros de rutas.

En materia salarial, el Ejecutivo asegura que la masa de recursos perdidos representa más de 3 meses de sueldos de los 687 mil trabajadores estatales bonaerenses; o 7 meses de haberes docentes, o 16 meses de salarios de los 130 mil efectivos de la Policía bonaerense.

A lo largo del año, Kicillof reclamó por los fondos recortados primero al ministro de Economía nacional, Luis Caputo, vía administrativa y luego formalizó el recurso judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía no se expidió. La suma total duplica a los 2,9 billones si se le agregan los fondos correspondientes a las mil obras públicas que Nación paralizó en territorio bonaerense. Es decir que el perjuicio supera los 5,8 billones de pesos.

La administración provincial no se resigna a perder estos recursos y por eso incluyó en el artículo 48° del Presupuesto la creación del «Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional», que se conformará con los ingresos reclamados al Estado nacional y que vayan ingresando conforme falle la Justicia o la Nación resuelva por motus propio cancelar las deudas.

Según explicaron fuentes de la cartera de Economía bonaerense a Tiempo, el Fondo incluirá la totalidad de los recursos reclamados al Estado nacional, pero en este presupuesto se incorporan «de forma parcial por razones de prudencia presupuestaria» ya que no hay certeza de que vayan a cobrarse. En caso de ingresar, las partidas serán destinadas a los fines que marcan las leyes que crearon los respectivos fondos. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía. «