El próximo viernes las mil ochocientas familias que se instalaron en Guernica hace un año para reclamar una vivienda digna volverán a recordar la madrugada del 29 de octubre del año pasado. A las 4.40 de la madrugada 4500 efectivos de la policía bonaerense desataron una brutal represión que se extendió hasta la mañana por la resistencia de los vecinos y las organizaciones que, hasta la medianoche anterior, estaban a un paso de cerrar un acuerdo para comenzar con una inédita experiencia de urbanización coordinada con el estado provincial.
Todo fracasó en la noche y fue el preludio del enorme despliegue nocturno, coordinado en persona por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que dejó 33 presos, más de doscientos heridos y una amarga sensación para el gobernador Axel Kicillof y las asambleas que estuvieron muy cerca de sellar una salida a tres meses de negociaciones.
Salvo Berni, sus demás funcionarios quedaron atrapados entre la desconfianza que le tenían a las organizaciones que estaban en el lugar desde el 20 de julio, la intransigencias de algunos de sus dirigentes, las presiones de los intendentes peronistas que reclamaban una salida represiva sin demoras y las diferencias de enfoque con la Casa Rosada. La combinación de esos factores provocaron la estrepitosa y todavía inexplicable caída de un plan habitacional que, si se concretaba, podría haberse transformado en un distintivo fundacional para la administración del Frente de Todos.
De aquellas horas traumáticas quedan solo recuerdos y escasas autocríticas de funcionarios y dirigentes. Con la represión comenzó un éxodo de familias para conseguir techo donde pudieran. Algunos volvieron al lugar de donde se fueron, otros no tuvieron a donde irse y fueron asistidos en paradores del gobierno y una gran parte continuó con la estrategia de retomar el punto de negociación previo al desastre. Nada detuvo la diáspora de las familias por todos los rincones del conurbano sur. En su gran mayoría estuvo protagonizada por mujeres que, al frente de sus familias, habían decidido participar de la toma de tierras más grande de los últimos años.
Una parte de esa comunidad, marcada a fuego por la experiencia del año pasado, se movilizará este lunes a la sede del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que encabeza Andrés Larroque, para reclamar que se concrete la adjudicación de 840 lotes con servicios como parte del plan que anunció Kicillof el 14 de agosto.
Al lado del terreno que fue el epicentro del conflicto, el gobernador anunció que había obtenido la cesión de 60 hectáreas por parte del municipio de Guernica y que planificaba un barrio con 850 terrenos, más de 40.000 metros cuadrados de espacios verdes, un polideportivo, un parque para realizar actividades recreativas, un colegio con los tres niveles educativos, centros de desarrollo infantil, equipamiento de salud y de seguridad. El diseño del barrio fue a partir de las propuestas que habían impulsado los vecinos y organizaciones de la toma.
En su proyecto original la planificación colectiva buscaba garantizar la autoconstrucción para una toma de tierras que, de acuerdo a la primera toma aérea, albergaba a 2223 toldos. Cada uno de esos techitos era sostenido por familias que trataron de resistir como pudieron a un invierno particularmente duro. La lluvia y las bajas temperaturan castigaron muy duro a los protagonistas de un proceso de organización que se gestó a la intemperie.
El lanzamiento que encabezó Kicillof en agosto implicó la movilización de equipos de obra y maquinarias. Pero el despliegue duró pocos días y luego se fueron de la zona. Después del conflicto del año pasado y los primeros meses de trajín luego de la represión, la asamblea de vecinos quedó dividida en dos. Hay un sector minoritario, indentificado como Asamblea Permanente de Guernica, y otro que reune a 177 familias organizadas dentro del Frente de Recuperación de Tierras de Guernica. Este sector se movilizará el lunes a La Plata para reclamar la entrega de los lotes que el gobierno se había comprometido.
En el ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense no aportaron detalles ante las consultas de este diario. Una alta fuente de la Gobernación confió que esta semana distintos funcionarios mantuvieron reuniones de trabajo sobre el tema. Los movimientos generaron expectativa dentro de la administración provincial, pero hasta ahora no hubo explicaciones sobre la demora en el cumplimiento de un acuerdo que sus funcionarios habían firmado con los delegados de las familias.
“Esta no es tierra comprada, ni regalada, ni donada. Es tierra para el Estado porque se cumple la ley, que el municipio decide usar para los que más la necesitan. Son 60 hectáreas en Guernica que, por una decisión que tenemos que agradecer, de acogerse a la norma y adelantar la cesión, hoy estamos pudiendo hacer esto y lo vamos a hacer en todo el conurbano bonaerense. Vamos a ir a buscar la tierra para hacer la urbanización que falta”, dijo Kicillof en el acto que encabezó en agosto para reinvidicar que la aplicación de la a ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que establece que la regularización incluye la cesión de tierras al municipio de desarrolladores privados.
La medida iba acompañada con la puesta en marcha de una Unidad de Gestión de Tierras que lanzó la entonces ministra de Gobierno Teresa García. Los gestos fueron prodigados antes de las primarias del 12 de septiembre. Con el impacto de la derrota para el oficialismo, Kicillof entregó una parte de su gabinete a los intendentes del conurbano.A partir de esa negociación juró el lomense Martín Insaurralde como jefe de Gabinete y su par de Malvinas Argentinas como titular de la cartera de Infrastructura.
El reordenamiento frenó el avance del annuncio dentro del Gobierno y también en las intendencias. En Guernica la cesión de las tierras no avanzó porque el Concejo Deliberante del municipio todavía no aprobó la ordenanza que formaliza la entrega de las tierras. El distrito es gobernado por la peronista Blanca Cantero que el año pasado pensaba que la toma era una conspiración del kirchnerismo en su contra. Desandar ese camino implicó un largo camino para Kicillof y sus funcionarios. También un complejo aprendizaje de interlocución con organizaciones que no formaban parte de su armado político ni adyacentes al Frente de Todos. La llegada de Insaurralde hasta ahora no generó cambios en las postergaciones y la partida de García redujo las chances de celeridad, pero algunos funcionarios bonaerenses arriesgan que esta semana se concretaría una parte de los puntos incumplidos.
