La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, señaló este martes que se busca que las familias que ocuparon los terrenos en Guernica, partido de Presidente Perón, que deberán desalojar el predio este jueves, «vuelvan a sus municipios en lotes con servicios».

«Esperamos llegar bien al jueves con la relocalización de todas las familias. La idea es que vuelvan a sus municipios en lotes con servicios», dijo García y destacó que «hay familias de Guernica, que son las que tienen prioridad en la relocalización», para lo que «se está trabajando con la intendenta» de Presidente Perón, Blanca Cantero.

En declaraciones a radio El Destape, la ministra manifestó que su par de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, como el de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, “han hecho un enorme trabajo en la toma de Guernica».

«No pasó que hubo una sentencia de desalojo y el Estado se corrió, todo lo contrario”, remarcó la funcionaria.

El domingo «varios funcionarios sufrieron agresiones en Guernica pero igual siguieron trabajando. Queremos que no haya ninguna familia en Guernica que quede sin solución», agregó García.

A medida que se acerca la fecha de desalojo, pautada para el 1 de octubre, la negociación entre la provincia y las familias y organizaciones que están en la toma de Guernica se vuelve más compleja. 

Larroque acusó a organizaciones de izquierda de estar «obturando el proceso para encontrar una salida pacífica”.

Las organizaciones, entre las que se encuentran Barrios de Pie, Polo Obrero, el FOL, rechazaron la acusación y se movilizaron junto a delegados y delegadas de la toma este lunes a la casa de Gobierno bonaerense en reclamo de que se suspenda el desalojo y de una solución habitacional para todas las familias. 

El 8 de septiembre último, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras, ocupadas desde julio pasado. La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías, Martín Rizzo, quien luego postergó la desocupación de los terrenos hasta el 1 de octubre próximo.

Según la resolución judicial, «se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública», que deberá realizar el procedimiento «con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes» y recurrir «al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible».