Entre las tres de la tarde y las 12 de la noche del último miércoles se diluyeron más de 40 días de negociaciones y esfuerzos para evitar que la toma de terrenos en Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón, terminase en el operativo represivo que desató la Policía, por decisión del juez de Garantías N° 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo. Hasta ahora, fue el más grande que se aplicó en el Conurbano bonaerense desde que Axel Kicillof asumió la gobernación el 10 de diciembre. Pero no fue el primero, porque la pandemia invisibilizó los cerrojos represivos realizados en otras localidades, como La Matanza. Hace una semana, las tropas policiales ya hicieron estragos en el Barrio Los Ceibos y quemaron las casillas  de 350 familias, sin la atención de nadie. 

En Guernica, las escenas devastadoras del jueves por la madrugada podrían haberse evitado, pero sobre el filo del vencimiento de la prórroga del desalojo no hubo acuerdo entre  la coordinadora de delegadas, delegados y organizaciones de la toma y los negociadores del gobierno, comandados por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. Todo saltó por los aires en un momento cargado de secretismo, intrigas y sospechas cruzadas. Aún así,  todavía siguen los esfuerzos para reunir las piezas de la negociación trunca y retomar las conversaciones para encontrar una solución al problema de fondo, es decir, evitar que las familias que huyeron de la represión del jueves sigan una silenciosa peregrinación sin techo, ni comida, ni un centavo para alquilar una pieza. Precisamente, la misma situación que las empujó a formar parte de una toma de tierras.

En la administración de Kicillof apuntan a las organizaciones y las acusan de dejar plantado a Larroque en una reunión previa. El ministro de Seguridad Sergio Berni dijo que habían pedido una prórroga hasta el lunes, pero los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (SerPaj) comprobaron que ese pedido nunca existió, porque el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta les informó que el Gobierno no la había solicitado. Así como hace más de un mes Kicillof tomó la decisión política de pedir una postergación, esta vez no lo hizo y esa decisión alimenta los interrogantes sobre quién dio la orden de frenarlo todo y afrontar los costos políticos del desalojo.

Los representantes barriales y las organizaciones involucradas en la negociación sostienen que las ofertas iniciales eran insuficientes, pero es la primera vez que la administración provincial les hacía una propuesta concreta ante un reclamo organizado y sostenido que soportó meses de bajísimas temperaturas, lluvias, condiciones de extrema vulnerabilidad, presiones políticas, sobrevuelos nocturnos de helicópteros y ataques de patotas.

Así como hubo especulaciones oficiales para frenar el desalojo y desgranar la toma, las organizaciones involucradas no supieron o no pudieron sostener una mesa inédita de negociaciones y mantener el diálogo, a pesar del avance que implicaba construir una síntesis posible frente a un escenario totalmente desigual. La administración de Kicillof perdió una oportunidad única de evitar un desalojo violento que marcará su gestión. Enterró la iniciativa superadora que elaboraban sus funcionarios y desde entonces están encerrados en la autodefensa pública. Las organizaciones y los delegados también perdieron, pero a diferencia de los negociadores, vivieron en carne propia los costos de la represión. Así, a pesar de los baches de la oferta oficial, perdieron la posibilidad de cerrar meses de sacrificio con un logro colectivo.

Las pérdidas políticas son compartidas, pero las responsabilidades no son iguales, menos en un conflicto territorial donde las y los protagonistas son familias extremadamente pobres que suman años de padecimientos habitacionales y deben acordar complejas estrategias para consensuar una respuesta.

Todavía sobrevuela la mayor incógnita de la crisis: quién decidió terminar con las negociaciones y habilitar la represión. Dicen que la directiva salió de la Casa Rosada y se hizo efectiva cuando ya se había consumido una vidriosa cuenta regresiva, que ahora los organismos de Derechos Humanos buscarán revertir. El drama de Guernica continúa en los paradores dispuestos por el gobierno, donde las familias siguen en condiciones pésimas, sin un lugar a donde ir y con el trauma de una represión que nunca olvidarán. De eso sí que no se vuelve y menos aún en una crisis habitacional donde el caso de Guernica es solo una muestra. «