Jorge Macri dio fin a la licitación del servicio de grúas que su antecesor había preadjudicado a 3 empresas pocos días antes de dejar la gestión. En esta nota vamos a recorrer la cronología de una estafa que sufrimos los vecinos y vecinas hace décadas y que pudimos frenar en 2022 gracias a un histórico logro de la oposición unida en el Frente Anti-grúas.

Recientemente el Jefe de Gobierno anunció con bombos y platillos la suspensión de la licitación del servicio de acarreo de vehículos que había firmado Horacio Rodríguez Larreta en diciembre pasado. Se hace en nombre de la transparencia y la austeridad, pero lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires es muy distinto. En una pelea entre bandas, donde distintos grupos del PRO se enfrentan por manejar lo que ellos mismos llaman “la caja de la Ciudad”, la última prioridad es el bienestar de las y los porteños.

Macri actúa como un recién llegado al distrito que gobierna. Puede ser que eso sea porque vivió muchos años en Vicente López, donde era intendente, antes de candidatearse en la Ciudad. Sin embargo, haría bien en recordar que mientras se tomaron las decisiones que hoy descubre con asombro, él era Ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Se ve que no acostumbraba a leer el Boletín Oficial.

Grúas: la historia de un negociado

Para entender las idas y vueltas de las concesiones del servicio de grúas, debemos resumir brevemente la historia de este negociado que lleva décadas de irregularidades. La primera licitación fue en 1991, cuando se hicieron cargo de las grúas y acarreos las empresas Dakota y BRD. Fue un contrato por diez años, que venció en diciembre de 2001, cuando Argentina atravesaba una crisis sin precedentes.

Por este motivo, legítimamente, el Gobierno de la Ciudad decidió autorizarlas a seguir explotando el servicio. Sin embargo, esa prórroga se reiteró otros diez años, cuando ya estábamos muy lejos del estallido social y económico y no había más razones que mantener un acuerdo rentable para algunos amigos del poder.

Hay que mencionar que en esa segunda década, cambió el formato: entre 2011 y 2020 la concesión irregular fue prorrogada siete veces. Y para colmo, en 2013 se decidió congelar el canon, es decir, el valor mensual que los concesionarios pagan al Estado, en $55.000. A su vez, la Ciudad comenzó a hacerse cargo de los salarios del personal.

Una verdadera estafa: para 2022, con un sólo día de ganancias las empresas alcanzaban a cubrir el pago de todo el mes. Luego, en 2018, comenzó a haber intentos de licitaciones, pero fueron todos frenadas por la Justicia ante amparos presentados por las propias empresas Dakota y BRD.

Un Frente contra las grúas

En agosto de 2022, tuvo lugar un hito histórico en la Legislatura: desde el Frente Anti-grúas, impulsado por el peronismo porteño y conformado por toda la oposición al PRO, logramos que Rodríguez Larreta anule una concesión que ya llevaba más de 20 años vencida.

El cambio fue muy beneficioso para el Estado y también para los vecinos y vecinas. La Ciudad pasó de cargar con déficit por el servicio, a adquirir ganancias considerables. Sin embargo, el ex Jefe de Gobierno quiso dejar todo entre amigos y pocos días antes de terminar su mandato, firmó una “preadjudicación” del servicio a tres nuevas empresas: Ashira-Ecoba, Transporte 9 de Julio y SAEM-Tránsito Rosario.

Esa es la licitación que Jorge Macri anuló recientemente, denunciando costos excesivos e irregularidades de una gestión de la que él mismo formaba parte en una posición central como ministro de Gobierno. La hipocresía del PRO no tiene límites.

Lo que ocurre acá es que el nuevo Jefe de Gobierno se encontró con un negocio armado por su predecesor y prefiere preparar el terreno para dárselo a amigos propios. En ningún momento le preocupa impulsar un servicio más eficiente, mejor administrado y más útil para el orden del tránsito en las calles. De hecho, el acarreo funciona cada vez peor. Jorge Macri lo único que quiere es poder manejar “la caja de la Ciudad” (como ellos mismos decían en la elección que disputaron con Martín Lousteau).

Si de verdad se tratara de transparencia, el oficialismo porteño debería permitir que la Legislatura investigue los 21 años de concesión irregular. Tenemos presentado un proyecto solicitando que se conforme en una Comisión Investigadora y se niegan a tratarlo en el Recinto.

Además, para mejorar la vida de los vecinos, el gobierno porteño podría integrar el acarreo a la planificación general del tránsito e impulsar la gestión a través de nuevas empresas públicas que manejen de manera eficiente el trabajo de las grúas. Podemos tener más transparencia y orden en nuestras calles. Menos excusas y más gestión.