La motosierra de La Libertad Avanza, su desinterés por la cosa pública y su afán de romper todo, -especialmente, aquello que funciona bien- amenazan con costar caro no sólo en dinero: la Cámara Federal porteña acaba de reabrir una causa en la que la empresa que prestaba servicios para Diputados TV, el canal de la Cámara Baja, denunció que le rescindieron anticipadamente el contrato, buscaron quedarse con sus aparatos técnicos y, cuando se los devolvieron, tenían faltantes o no estaban aptos para funcionar adecuadamente.

La denuncia, presentada a principios de año (cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, ya había decidido reducir la señal a su mínima expresión, incluso retirándola del aire y de los servicios de cable), había sido archivada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti (misma que lleva adelante la causa por intento de asesinato de Cristina Kirchner y que fue recusada en varias oportunidades por la expresidenta).

Pero la Cámara, en un fallo firmado por los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, revocó el archivo y ordenó que la jueza llevara adelante, cuanto menos, una investigación mínima sobre la denuncia. «Se sabe que el asunto es litigioso pero no están claros sus pormenores».

La causa se inició por denuncia del socio gerente y representante de la empresa Rueda TV S.R.L., Carlos Wernli, a raíz de «una relación contractual con la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, originada mediante Licitación Pública N° 22/2021», mediante la cual «por el término de 24 meses, proveería el Servicio Integral de Producción Técnica Audiovisual del canal ‘Diputados TV'». Según la orden de compra 122/2021, el pago total por el servicio sería de 1.620.000 dólares, hasta el 15 de diciembre de 2023. Ante la renovación de autoridades parlamentarias tras las elecciones, el contrato fue prorrogado hasta el 31 de enero de 2024, como una suerte de transición. 

Pero según el denunciante, el 18 de enero pasado, poco más de una semana después de la asunción de Javier Milei como presidente, fue «convocado por los nuevos representantes del área a una reunión en el edificio donde funciona el Canal Diputados TV». Allí, de forma «intimidatoria, autoritaria y arbitraria buscaron obligarlo a rescindir, intimando a su empresa a ceder el dominio de los bienes destinados al funcionamiento del canal». Dicho de otra manera: le pidieron que se fuera y dejara sus equipos.

Al día siguiente –continúa la denuncia- «volvieron a citarlo con el objetivo de llegar a un acuerdo definitivo. Él se negó a firmar. Agregó que había una deuda económica con su empresa, por cuotas pendientes de pago (…) Sus equipos tecnológicos fueron indebidamente retenidos y, cuando se le ofreció retirarlos, detectó numerosos faltantes, generándole perjuicios económicos significativos».

La causa fue archivada por la jueza Capuchetti. La Cámara, tácitamente, la reprendió: «No es factible arribar a conclusiones con respaldo probatorio suficiente».

Los camaristas explicaron que «los interrogantes planteados en esta sede se limitan a la finalidad de corroborar o descartar presuntos delitos y, en derredor de ello, la información hasta ahora obtenida deja en pie interrogantes no aclarados sobre diferentes etapas de la supuesta maniobra que se denunció».

Además, recordaron que «las medidas probatorias que sugirió la parte –y que a su juicio serían útiles para superar esa situación- no fueron producidas», todo lo cual «constituye un obstáculo al archivo de la investigación».

El tribunal de alzada ordenó «reunir todos los datos necesarios sobre los alcances del compromiso original asumido por Rueda TV S.R.L. y otras autoridades de la Cámara de Diputados».

«Es necesario tener a la vista toda la documental ligada a inventarios, obligaciones convenidas y cumplimentadas (o no) en el anterior período. La falta de esto significa un déficit», subrayaron.

El fallo dispuso, además, avanzar sobre «lo relativo a cuáles fueron los motivos que dieron pie a los conflictos con los nuevos funcionarios y las justificaciones (formales o informales) que esgrimieron (o no) para seguir un cierto curso de acción respecto de los bienes, servicios y pagos involucrados».

«No se analizaron cursos de acción posibles para procurar conseguir los comprobantes o instrumentos vinculados, ni para buscar obtener referencias por otros medios (testimonios de empleados del área, por ejemplo)», reprocharon los camaristas.