El dirigente social Juan Grabois aseguró este martes que «hay una guerra contra los pobres«, al referirse a la reducción presupuestaria del Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU), dispuesta por el Gobierno, y consideró que además de «defender» la política pública, hay que «rechazar» la realización de campañas de difamación y desprestigio que degradan a personas honestas como la exfuncionaria del área, Fernanda Miño.
«Creo que además de defender las políticas públicas, hay que rechazar la realización de campañas de difamación y desprestigio que degradan a personas honestas y trabajadoras”, dijo Grabois en declaraciones a radio Urbana Play.
El referente del Frente Patria Grande señaló además que desde el Gobierno realizaron una «campaña de desprestigio» contra el FISU y contra Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana, para «manotearse la plata que iba para las obras en los barrios populares» y advirtió que esos fondos «ahora los va a administrar (el ministro de Economía, Luis) Caputo”.
Ayer, el Gobierno nacional redujo de 9% a 0,3% el porcentaje de recaudación del Impuesto PAÍS destinado al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), dirigido al financiamiento de proyectos de barrios populares y la creación de lotes con servicios, a través del Decreto 193/2024, publicado en el Boletín Oficial.
El gobierno planteó la revisión de los fondos fiduciarios
El vocero presidencial, Manuel Adorni, subrayó que la reducción del financiamiento al FISU, así como la eliminación – también dispuesta ayer- del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, permite «seguir eliminando las discrecionalidades».
«El 9 % de lo recaudado por el Impuesto País iba destinado a la integración urbana de los barrios populares, es decir ni más ni menos que darle luz, agua, cloacas, un centro deportivo, una pieza más a las personas que están en una situación de vulneración de derechos y que sufren una deuda social desde hace décadas”, remarcó hoy Grabois y agregó: “Parece que hay una guerra contra los pobres”.
“Es un crimen porque el Estado se retira por completo de los barrios populares”, indicó Grabois y citó al obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, al postular que “son los errores que pueden generar tragedias” ya que hay “un correlato antes del hacinamiento y el abandono y la criminalidad que es evidente”.
Ayer, sacerdotes de barrios populares advirtieron -en un comunicado- que «no es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos» y calificaron como «un golpe muy duro» la decisión del Gobierno nacional de recortar el FISU, programa que «beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores» y que «es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza».
Los denominados «curas villeros» remarcaron «bajar el presupuesto del FISU sería volver para atrás» y que no pueden «tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social».
