El referente del Frente Patria Grande Juan Grabois pidió el «rechazo total» del DNU y la ley ómnibus enviados por el Gobierno al Congreso por tratarse de «medidas antinacionales y antipopulares» y consideró una «trampa andar negociando artículo por artículo» la iniciativa, al exhortar al presidente Javier Milei a mandar «un proyecto por cada tema, como corresponde».
El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) presentó un análisis «artículo por artículo» de las medidas del Gobierno «realizados por los equipos técnicos y legislativos» de la organización política que lidera, Argentina Humana.
«Es una trampa andar negociando artículo por artículo como en un mercado persa cuando asistimos a una estrategia integral de desguace nacional, destrucción ambiental, confiscación de los ingresos y expropiación de los derechos de todos y todas, al servicio de un puñado de corporaciones y el 1% más rico de la sociedad», criticó.
Consideró que el «rechazo a estas medidas antinacionales y antipopulares (DNU y Mega Ley) debe ser total» y destacó que los diputados del Frente Patria Grande que integran Unión por la Patria (UxP), Itai Hagnan y Natalia Zaracho, «vienen impulsando» esa acción «junto a tantos otros» legisladores. Además, criticó que si Milei «quiere que se aprueben sus proyectos de ley» debe mandar «un proyecto por cada tema como corresponde».
Y advirtió que «no se pueden aceptar ni decretazos monárquicos ni leyes-ensalada, redactados en los bufetes legales de las grandes corporaciones coordinados por un criminal como (el asesor presidencial, Federico) Sturzenegger», a quien responsabilizó de llevar a Argentina «a otro 2001».
Sobre el DNU y el proyecto de ley remarcó la importancia de «comprender cada parte» como así también de «comprender el todo» y señaló que existen «artículos que son más perjudiciales que otros, desde la visión de cada sector».
En cuanto a los barrios populares, tildó de «cinismo atroz» la propuesta de retirar «todo el financiamiento para obras de integración socio-urbana proveniente del aporte específico del Impuesto País» y su reemplazo con la «recaudación de las multas contra organizaciones sociales por protestas callejeras».
«Otros artículos perjudican a trabajadores de la economía popular, asalariados del sector privado, empleados públicos, jubilados, clubes deportivos, provincias mineras, vitivinícolas, ganaderas o petroleras, usuarios de prepagas, padres de niños que asisten a escuelas privadas, pescadores, campesinos, pueblos originarios, empresarios PyME, farmacéuticos, artistas, bibliotecarios, etc», enumeró.
Alertó que «otros atentan en general contra la independencia económica, mediante la habilitación de endeudamiento permanente y arbitrario; la seguridad nacional, con la atribución presidencial de permitir el ingreso de tropas; el orden republicano, con la delegación masiva de facultades; el ecosistema, con la desprotección de bosques, humedales, glaciares; etc».
