El gobierno sostuvo que los montos de los subsidios a los usuarios de electricidad son “escandalosos” y avaló los incrementos solicitados por las empresas que participan del proceso de transporte y distribución. La posición fue sostenida por la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, en la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE).

La funcionaria dijo que «el nivel de subsidios es escandaloso» y que es el reflejo del “agotamiento de un modelo que llegó a su fin”. También justificó el traspaso de los mayores costos a los usuarios con el argumento de que «el Estado nacional se encuentra quebrado y sin posibilidad de abordar el costo de inversión requerido”.

Beljansky llevó el peso de la representación del gobierno en la segunda de las audiencias convocadas por el ENRE para debatir la actualización de las tarifas eléctricas. En esta ocasión se expusieron los pedidos de las ocho empresas transportadoras que llevan la electricidad a todo el país, las que solicitaron incrementos en sus tarifas de entre 114% (Transnea) y 255,7% (Transpa). La incidencia en el costo final que pagan los usuarios no supera el 4%, según estimó la Secretaría de Energía.

La semana anterior se había realizado una primera audiencia para escuchar las ponencias de las empresas distribuidoras. En ese momento Edenor y Edesur pidieron actualizar sus ingresos en una proporción que implicaría una suba de 89% en la boleta final.

En esa ocasión la ponencia del Estado fue similar pero estuvo a cargo del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. “Estamos sumergidos en una crisis económica descomunal generada por administraciones anteriores y agravada por el último gobierno. Su origen es un modelo que llegó a su fin”.

“El Estado hizo creer a los usuarios que pagando costos de suministros de eléctricos menores a los reales, eran justos y razonables», sostuvo el hombre de Javier Milei en el área. El funcionario insistió en que el sector «tiene que ser autosuficiente económica y financieramente, con asistencias puntuales del Estado, dando subsidios a usuarios vulnerables».

En el esquema vigente, la parte que abona el Estado se centra en el costo de generación de la electricidad, uno de los tres que sostienen el sistema junto con el transporte y la distribución. Su coordinación depende de Cammesa, una empresa con participación tanto estatal como de las empresas del rubro. De acuerdo a un minucioso estudio realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, que depende de la Universidad de Buenos Aires, en el último año, el gobierno giró a esa compañía $ 1,758 billones para solventar la diferencia entre lo que les paga a las generadoras y lo que les cobra a las distribuidoras.

Sin embargo, si se compara con la inflación, los montos abonados en 2023 fueron 17,6% menores que en el año anterior. Según el mismo trabajo, los subsidios abonados por todo concepto (energía, transporte y agua) representaron 12 puntos del gasto primario de la Administración Pública, dos menos que en 2022.

Así y todo, Beljansky insistió en que en los últimos años los subsidios representaron entre el 65% y el 89% del precio estacional de la energía, fijado en el mercado mayorista que controla Cammesa. Esa es la parte que el gobierno quiere dejar de soportar y cuyo peso busca transferir a los usuarios.

Hasta ahora, combinados los incrementos pedidos por distribuidoras y transportadoras, la suba acumulada en la boleta final rondaría el 93%. A ello habrá que sumar lo que Cammesa fije como nuevo precio estacional, lo que agregaría mayor presión contra el consumidor final.