En una nueva avanzada contra el status quo, el gobierno nacional planea modificar el Código Penal. El texto, que se encuentra en plena etapa de redacción, buscará aumentar las penas para todos los delitos -con énfasis en los asesinatos y las violaciones-, eliminar la figura del femicidio y terminar el sistema acusatorio que el oficialismo intenta instalar desde hace varios meses.
Para el oficialismo el sistema penal actual no sólo está obsoleto, sino que, además, su aplicación carece del poder para ejecutar el verdadero motivo por el cual fue impuesto: evitar el aumento del delito a través de la imposición de una pena que “asuste” a quien se vea tentado a cometerlo. Es por ello que las secretarías legales del gobierno comenzaron a diagramar un nuevo Código que implemente cambios contundentes en las penas de quienes la justicia encuentre culpable.
Tal como había adelantado este medio, uno de los principales cambios que busca aplicar el oficialismo es la eliminación de la carátula de femicidio, que impone una pena de reclusión perpetua para el ejecutor. Para la mesa chica libertaria, el asesinato de una mujer no debe “valer” (SIC) más que el de un hombre, puesto que entienden que “todas las vidas valen lo mismo”. “A menos que el tipo que esté matando a su esposa diga que lo hace por su condición de mujer, no podemos decir que la mata por violencia de género”, explicó sin sonrojarse uno de los impulsores de esta modificación a Tiempo.
Con esta misma premisa de igualdad ante la ley, es que buscarán “compensar” esta quita con la suba de todas las penas por homicidio por igual, sin que la cuestión de género tenga un diferencial contra quien lo cometa. En este sentido, en el gobierno analizan aumentar la pena de todos los homicidios -“hombres y mujeres” recalcan cada vez que pueden- a 35 años, la máxima imputación que prevé el código penal actual.
Además, tal y como ocurre en Estados Unidos, donde el código penal prevé la acumulación de penas que permiten que los reos pasen el resto de su vida en la cárcel, los equipos técnicos del gobierno analizan implementar una “verdadera cadena perpetua”, dicen. Con esto, explican que buscarán que los encontrados culpables de asesinatos y violadores sean condenados de por vida. “Se tienen que morir en la cárcel”, dijeron tajantes fuentes al tanto de estas reformas.
Conscientes de que esta reforma implica mucho más que sólo una modificación de la cuestión legal, en el gobierno afirmaron que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue instruida para ejecutar un plan que modifique la situación carcelaria nacional, que en los últimos días volvió a quedar en evidencia su paupérrima ejecución.
Todavía sin dar mayores detalles, en los planes del Ejecutivo está la posibilidad no sólo de construir nuevas cárceles para distribuir la hacinada población carcelaria, sino que además buscarán poner en marcha políticas que desarticulen la “escuela de delito” que, afirman, se monta dentro de las celdas entre quienes se encuentran privados de su libertad.
También, afirman, avanzarán contra el sistema judicial, al que califican como “garantista” en favor de los delincuentes. Para el gobierno, la única forma de combatir el delito será aplicando una reforma integral en materia de seguridad, judicial y penal que ataque por todos los frentes.
“La modificación del Código penal está prevista desde el 2011, el problema es que nadie se animó a ir contra los jueces. A nosotros no nos va a temblar el pulso”, lanzó la misma fuente semanas en el Congreso donde se disponen a bendecir o descartar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos ministros de la Corte Suprema, junto con otros 150 pliegos que siguen en el helado freezer de los gobernadores.
La reforma, que todavía se encuentra en etapa preliminar, está siendo redactada por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, el hombre designado por Santiago Caputo para seguir de cerca las gestiones judiciales que comanda, con cada vez más lasitud, Mariano Cúneo Libarona. El ex secretario de la Corte tiene un conocimiento privilegiado del mundo penal, al que ya empezó a modificar aplicando el código acusatorio en varias provincias, con la esperanza de completar todos los juzgados nacionales para fines de este año.
Junto a él, además, trabaja en silencio María Ibarzabal Murphy, a cargo de la secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo que funciona, en los hechos, como una virtual secretaría Legal y Técnica. Íntimos amigos de Caputo desde antes de que se convierta en el Rasputín libertario, los abogados tienen la titánica tarea de encontrar los vericuetos legales para lograr que los deseos libertarios sean ejecutables más allá del terreno cultural.
