Desde que comenzó el año hasta el 31 de enero, 30 mujeres fueron víctimas de femicidio. La gravedad de la situación parece no generar alertas dentro del gobierno de Javier Milei, cuyas acciones hasta ahora, en lo que respecta a género, fueron eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dar de baja el programa Registradas que favoreció durante dos años a 34 mil mujeres trabajadoras domésticas y presentar un proyecto para derogar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Alertas y preocupadas por la ausencia de un plan constructivo por parte del gobierno, organizaciones no gubernamentales presentaron el 16 de enero un pedido de reunión junto a un diagnóstico ante el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Hasta ahora no han obtenido ninguna respuesta.
En el escrito piden por la continuidad de la Línea 144 y del programa Acompañar. También el mantenimiento de la Ley Micaela y de la Educación Sexual Integral (ESI).
“Hubo 30 femicidios en 2024, y venimos del 2023 con un femicidio cada 26 horas. La vida de las mujeres y las diversidades no pueden esperar. Se necesita un programa de abordaje integral e interseccional, y con alcance federal para dar respuesta a las mujeres y diversidades que necesitan salir de una situación de violencia”, dice a Tiempo Argentino Agustina Rossi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una de las ONGs que presentaron el informe.
El giro incierto
El trabajo articulado durante la gestión pasada planteó avances en igualdad y diversidad que hoy están ante un grave retroceso: “Una de las grandes preocupaciones que tenemos es respecto al cambio de enfoque. El Ministerio de Mujeres no se ocupaba únicamente de atender las violencias, sino que se trabajaba en el abordaje, con una mirada integral más amplia, de todas las desigualdades de género. Donde entran, por ejemplo, las brechas en los ingresos, motivadas por muchísimas variables, entre las cuales nosotras hacemos hincapié en la desigual distribución de las tareas de cuidado. Si reducimos este abordaje de todas las desigualdades, que son las que generan condiciones de opresión, de subordinación y ponen a la mujer en mayor vulnerabilidad, se agrava su situación. Es un retroceso que ahora sólo contemos con una subsecretaría y que esté únicamente enfocada en atender las violencias y no en todas las desigualdades de género”.
Se trata de un retroceso de más de 30 años. La primera institución de género en Argentina fue la Subsecretaría de la Mujer en la década del 80. “A partir de allí hemos ganado institucionalidad, más presupuesto y mayor jerarquía. Al volver a una subsecretaría, retrocedimos”.
Entre lo que se desconoce de este organismo están el presupuesto y los recursos con los que contará para implementar un programa de atención a las violencias.
No se habla de diversidades
El cambio de enfoque, del que habla Rossi deja afuera a las diversidades. “Necesitamos un Estado presente que trabaje con las diversidades y fortalezca sus derechos. Hoy se cuestiona la Ley de Identidad de Género, o el derecho de acceder a un sistema de salud que garantice los tratamientos hormonales y las cirugías. Estamos yendo a contramano de lo que avanzamos en las últimas décadas”.
La negación de la violencia
Si bien en el mundo existen muchas estadísticas sobre la desigualdad de género, los funcionarios de La Libertad Avanza, incluido el presidente, niega su existencia.
“Se intenta invisibilizar la realidad que viven tantas mujeres y diversidades. Tenemos datos, estadísticas que demuestran que una de cada dos mujeres sufrió violencia de género en algún momento de sus vidas. También de que se registraron 30 femicidios tan sólo en enero de este año. Entonces, no es una percepción nuestra, sino que es una realidad y no la podemos negar”, expresa Rossi. “Otro discurso que está circulando es el que afirma que estas cuestiones de atender la agenda de género es sólo un interés de una minoría. En realidad, de lo que estamos hablando es de construir una sociedad libre de violencias. Hay que tener una mirada más amplia para pensar en esta transformación a nivel social y estructural, que supone poder atender y prevenir las violencias”.
Desde LLA se consideran las políticas de género como un “gasto” e insisten en que hay que achicar el Estado. De acuerdo al informe “Mejor prevenir que curar” de ELA, al Estado le cuesta 22 veces más intervenir en un caso de violencia cuando la mujer está en alto riesgo que si hubiese intervenido de manera temprana. “Lo que proponemos es contar con políticas de prevención y de atención para las mujeres y diversidades. Eso es hacer un uso más eficiente de los recursos que ya tenemos”, finaliza Rossi.
Quiénes firman
El informe y pedido de reunión con Pettovello lleva la firma de Natalia Gherardi (ELA); Georgina Sticco (Grow- Género y Trabajo); Gabriela Liguori (Comisión Argentina para Personas Refugiados y Migrantes -Caref); Monique Thiteux Altschul (Fundación Mujeres en Igualdad); Sandra Chaher (Comunicación para la Igualdad Asociación Civil), Marcia Baranovsky (Fundación Siglo XXI de Jujuy) y Diana Cabral y Leticia Gauna (Fundación Derechos Humanos, Equidad y Género-Corrientes)
Se suman las firmas de Mabel Beatriz Bianco (Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer -Feim); Gladis Villalba (Asociación Civil Razonar y Red Federal Mujeres Abolicionistas); Ada Rico (Asociación Civil La Casa del Encuentro y Observatorio de femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano); Alejandra Benaglia (Red Internacional De Periodistas Con Visión De Género En Argentina); Paula Litvachky (Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS); Fernanda Tarica (Shalom Bait) y Mariela Belski (Amnistía Argentina).
Una buena de la Justicia para el colectivo LGBT+
La Sala III de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo condenó al Gobierno porteño a brindar una política pública «efectiva e integral» para abordar la emergencia habitacional que enfrenta la población trans. La sentencia ordena «realizar un relevamiento del colectivo trans de la Ciudad de Buenos Aires y presentar, en un plazo de 90 días, planes habitacionales para atender esta problemática».
«Esta decisión judicial representa un avance significativo hacia el acceso a la vivienda digna para el colectivo trans en nuestra ciudad», sostuvo Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.
