Este jueves a partir de las 15, el gobierno de Javier Milei deberá dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la brutal represión y la persecución a manifestantes en las protestas y movilizaciones sociales de los últimos meses.
La audiencia, que se podrá seguir en vivo en este link, fue convocada a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales, quienes reclamaron ante el organismo regional por la gravedad de las violaciones al ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
Expondrán representantes del CELS, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (FADUN), de la Unión de Trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), del Centro de Profesionales de Derecho Humanos (CEPRODH), de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y de H.I.J.O.S. Un representante del Estado nacional tendrá 20 minutos para contestar las denuncias y luego hablará un experto de Naciones Unidas y un representante de la CIDH.
Con discursos que deslegitiman a quienes se movilizan en su contra, con la persecución a quienes integran organizaciones sociales, sindicales y políticas, y, sobre todo, con el crecimiento de la represión y la criminalización de manifestantes, el gobierno nacional avanzó desde diciembre del 2023 con políticas para desalentar las manifestaciones y las protestas.
Con Patricia Bullrich a la cabeza del ministerio de Seguridad, se avanzó con un protocolo anti-protestas y dio a las fuerzas de seguridad libertad de acción para usar indiscriminadamente balas de goma, gases y palos, que en muchos casos apuntaron directamente contra trabajadores de prensa.
Según denunció el CELS en el informe “Bala y cárcel” publicado este miércoles, en los seis meses de gobierno de Milei ya hubo 665 personas heridas durante la represión a protestas en la Ciudad de Buenos Aires; 80 que sufrieron detenciones arbitrarias en CABA, Córdoba y Rosario y 47 trabajadores de prensa que sufrieron heridas.
La semana pasada, ya hubo un duro comunicado en el que la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron su preocupación por el “uso desproporcionado de la fuerza pública contra personas que participaron en protestas pacíficas y contra periodistas en Argentina y los actos de violencia cometidos por particulares.”, durante las manifestaciones contra la ley Bases en el Congreso.
Allí, llamaron al Estado argentino a “respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como garantizar la seguridad de la población y abstenerse de criminalizar la protesta y a quienes participan de ella, y a cumplir con los estándares interamericanos sobre el uso excepcional de la fuerza pública”.
También advirtieron por las detenciones arbitrarias y las “declaraciones estigmatizantes y criminalizantes contra manifestantes” realizadas por el Gobierno, que calificó como «terroristas» a quienes protestaron y describió los hechos como «un golpe de Estado moderno», para justificar la violenta represión.
“El Estado argentino debe investigar los hechos descritos y sancionar a quienes resulten responsables”, sostuvieron y reiteraron que “la protesta pacífica es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”.
