El gobierno argentino entregó al estado de Brasil un listado con información acerca de personas de ese país que se encuentran prófugas de la justicia y cruzaron la frontera en los últimos meses para refugiarse. Entre ellos y ellas, decenas corresponderían a identidades confirmadas como condenadas en el país vecino por participar del asalto multitudinario a las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial el 8 de enero de 2023, en el comienzo del tercer gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva. Aunque autoridades nacionales todavía se niegan a confirmarlo, muchos de ellos ya iniciaron trámites de asilo político.
El número de prófugos de nacionalidad brasileña en Argentina sería mayor, ya que crecen las versiones de múltiples ingresos ilegales desde países limítrofes. Se trataría de individuos que incluso contaban con detención domiciliaria que portaban tobilleras electrónicas, las cuales habrían cortado para luego filtrarse por entre la vigilancia de fronteras del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
Este jueves, los portales brasileños UOL y CNN revelaron la respuesta sigilosa a Brasil por parte de la canciller Diana Mondino, quien presentó el listado por requerimiento del Supremo Tribunal Federal del vecino país durante la semana pasada.
A contracorriente de la habitual pirotecnia discursiva del gobierno de Javier Milei, en los últimos días el vocero Manuel Adorni negó en conferencia de prensa la existencia de un «pacto de impunidad» con los prófugos brasileños, algunos de ellos identificados como militantes del movimiento que respalda al ex presidente Jair Messias Bolsonaro.
CNN Brasil asegura que autoridades nacionales expresaron a sus pares brasileños que de los 143 condenados por los ataques del 8 de enero, 76 intentaron escapar a Argentina. De ese total, 62 lograron ingresar al país, uno fue impedido y otros 13 estuvieron pero partieron a otros destinos.
Argentina evalúa asilo político a prófugos de Brasil
De acuerdo a información recabada por Tiempo y lo publicado por UOL y CNN Brasil, la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) aceptó el inicio de las solicitudes de asilo político por parte de ciudadanos brasileños que residen en Argentina. Estos habrían huido de su país en medio de procesos judiciales en su contra por participar del ataque a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, en un episodio similar al que ocurrió tras la derrota de Donald Trump en EEUU en 2021.
UOL, que hace algunas semanas publicó una entrevista a dos prófugos residentes en el país desde principios de 2024, asegura que 78 solicitudes de asilo ya habrían sido solicitadas. Sin embargo, voceros de la Dirección General de Migraciones rehúsan cualquier tipo de información oficial que confirme las averiguaciones que este y otros medios ya han obtenido entre migrantes de Brasil en esa condición.
En particular, Migraciones aduce que el proceso de concesión del asilo político está protegido por legislación internacional, lo cual obliga a tomar recaudos para evitar cualquier vulneración de derechos individuales.
El conflicto bilateral subyacente a la situación de los pedidos de refugio por parte de quienes se fugaron y cruzaron la frontera vuelve a poner al gobierno de Milei en situación de definiciones políticas tajantes y alejadas de su narrativa. Por un lado, la entrega de manos de Mondino a la justicia de Brasil de información que había sido requerida es un nuevo gesto de apaciguamiento en el vínculo entre ambos países, muy enquistado por los repetidos ataques del presidente a su par Lula.
Pero el revés de la trama de los prófugos revela un grave problema de seguridad fronteriza, ya que personas comunes y corrientes lograron atravesar los controles migratorios a pesar de la propaganda militarizante y permanente desde la cartera de Bullrich.
Por último, cabe recordar la visita fugaz de Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, a Buenos Aires y más precisamente al Congreso de la Nación el miércoles 29 de mayo. Invitado a una actividad sobre derechos humanos a cargo de la diputada libertaria y nexo coordinante María Celeste Ponce, «Dudu» le dijo a este diario que Argentina debía conceder asilo político porque «Brasil está viviendo una dictadura» bajo el gobierno de Lula.
El gobierno de Javier Milei queda entonces frente a la disyuntiva entre su línea política, cercana al bolsonarismo, y la posibilidad de que el estado brasileño solicite extradiciones.
