En plena dictadura militar, la madrugada del 14 de julio de 1977, el genocida Antonio Domingo Bussi, por entonces gobernador de facto, organizó un operativo en el que se detuvo a un grupo de personas que vivían en la calle en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En un camión militar, fueron trasladados a la frontera con Catamarca y abandonados a lo largo de una ruta, en el medio de la nada, en grupos de a 2 o tres, por las fuerzas de seguridad. Era gente de la calle, algunos con discapacidad motriz, otros con padecimientos psiquiátricos o simplemente, linyeras. Indigentes. Para el dictador, ensuciaban la ciudad.
A más de 47 años de aquel hecho infame, el gobierno democrático de la Ciudad más grande del país (Buenos Aires) por medio de su Jefe de Gobierno, Jorge Macri, hace de este tipo de operativos una política de estado. Y buscó promocionarlo, como algo para vanagloriarse. Casi como el personaje capussoteano de Micky Vainilla. Pero en este real.
Tal como informó Tiempo, Jorge Macri muestra el “antes” y el “después” del paisaje porteño en videos institucionales y redes sociales. Ese “antes” incluye a las personas de la calle y las pocas pertenencias que poseen y el “después”, sus ausencias como una victoria. En ese pasaje entre un estadío y el siguiente, también hay otras imágenes del “Operativo especial de orden y limpieza en Recoleta y Palermo”: quienes viven en las calles son requisados por la policía y sus bolsillos, vaciados.
Sus pertenencias son desechadas en el camión de la basura ante la mirada de rabia y angustia de sus dueños. Las esquinas se impregnan de litros de agua y desinfectante por parte del área de Ordenamiento del Espacio Público. Las publicidades oficiales nada dicen del destino de quienes son desalojados, aunque se encuentran presentes durante los operativos, agentes del programa Buenos Aires Presente (BAP).
Ante la presión por las críticas recibidas, la Ciudad decidió dar de baja la publicación. Pero detrás de los spots, hay una política a esa población más vulnerable del distrito, que sigue firme en su desfinanciamiento. Ese «hacer de cuenta que no existen» se lleva a la práctica con la falta de ejecución de recursos.
Política habitacional desfinanciada
El Jefe de Gobierno solo atinó a mencionar que se trató de una publicidad “poco feliz”. Entre quienes salieron a pronunciarse sobre esta política que lesiona los derechos de las personas en situación de calle, se encuentra el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires.
El organismo no solo elevó un pedido de informes a Jorge Macri: también difundió un informe propio donde demuestra, tras un análisis de los datos oficiales, que la política habitacional de la Ciudad en relación a esta población se ha visto desfinanciada de manera progresiva.
Datos oficiales mentirosos
Según los datos oficiales del GCBA, la cantidad de personas en situación de calle aumentó en un 229% desde 2017 a 2023. Cabe resaltar que en 2022, el gobierno porteño reconoció la existencia de 2.400 personas en situación de calle, en tanto que en 2023, informó que se trataba de 3.511. Es decir, considerando los datos oficiales, esta población creció en un 46 % en el último año.
Sin embargo, las organizaciones sociales denuncian que los números que reconoce el gobierno no se acercan a la realidad. Así, la ONG Proyecto 7 asegura que son, al menos, 12 mil quienes viven en las calles porteñas y el Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (Renacalle) registró 8.028 personas en el censo 2023.
Un programa diezmado
La política pública que aborda, de manera central, esta problemática es el programa de “Apoyo para Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional”, que depende de Secretaría de Inclusión Social y Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la CABA.
Según expresa la página web oficial, “otorga un apoyo económico, de carácter dinerario, no retributivo, intransferible e inembargable, con la finalidad de mitigar la vulnerabilidad habitacional de personas residentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
No obstante, el informe difundido por el Ministerio Público de la Defensa, advierte que la cantidad de beneficiarios del Programa se redujo en un 45% en el lapso 2020-2023. Del año 2021 al año 2023, la reducción de beneficiarios fue del 60%. Quienes reciben este apoyo bajaron de 16.462 a 9880.
El informe difundido resalta que “el presupuesto sancionado del Programa se ha mantenido con mínimas oscilaciones en el período 2017-2024, pueden observarse leves aumentos y disminuciones en algunos años, observándose que disminuye un 27% de 2023 a 2024”. De esta manera, “en el lapso 2017-2023 la participación en el presupuesto ejecutado de la Ciudad, se ha mantenido estable y –de la misma manera que el sancionado-, con años de mayor o menor ejecución”.
No obstante, considerando los datos oficiales o los que brindan las organizaciones sociales, se concluye que “mientras la cantidad de personas en situación de calle aumenta en los últimos años, el número de beneficiarios decrece”.
Es decir, cada vez hay más personas que viven en la calle y sin embargo, hay cada vez menos acceso a este programa de apoyo. Y no solo eso, en el contexto de grave crisis económica e inflacionaria, el monto del beneficio que muy pocos reciben se mantiene inalterado desde mayo de 2023.
