A horas de que el Senado comience el tratamiento del pliego de Ariel Lijo, el gobierno descartó la posibilidad de nombrar al juez por decreto en caso que la sesión no prospere y ya evalúa sumar nuevos candidatos para intentar completar la Corte Suprema de Justicia. Golpeados por la imposibilidad de cerrar acuerdos con la oposición, la mesa política libertaria piensa en Ricardo Rojas, Ricardo Ramírez Calvo,  Claudio Laplacette y Alberto Bianchi como posibles aspirantes. 

El radical cambio de postura del oficialismo se da en medio del escándalo que supuso la divulgación de Javier Milei a la criptomoneda $LIBRA que culminó con una estafa que ronda los USD 100 millones y abrió camino para que el bloque de Unión por la Patria presentara un pedido de juicio político para el presidente. Con este escenario, la mesa chica del oficialismo teme que el peronismo no cumpla con las negociaciones y se niegue a apoyar el pliego de Lijo este viernes en la sesión especialmente convocada. 

Alertados de un posible cambio de planes, desde el gobierno ya anticiparon que, en caso de que el pliego del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4 de Comodoro Py se caiga, no insistirán con el mismo por decreto y, por el contrario, presentarán dos nuevos nombres de jueces libertarios de pura cepa. Aunque todavía no están definidos, Rojas y Ramírez Calvo pican en punta en la bolsa oficialista.

Como ya había adelantado este medio, García Mansilla, quien nunca logró juntar las firmas necesarias para siquiera iniciar el debate en el recinto, sí será designado por decreto una vez que finalice el período de sesiones extraordinarias el 21 de febrero. El borrador de la resolución ya estaría escrito desde hace varias semanas y contó con la estricta supervisión de María Ibarzabal Murphy, la poderosa abogada a cargo de la secretaria de Planeamiento Estratégico que está bajo la órbita del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Los posibles candidatos

El nombre de Carlos Laplacette ya rondaba los intereses de la mesa chica libertaria desde hacía varias semanas. Durante los días en los que el gobierno preparaba la eyección de Rodolfo Barra de la Procuración del Tesoro, el nombre del constitucionalista sonó como posible reemplazante del ex ministro de la Corte menemista, que fue sacado de la gestión por accionar contra el gobierno en un litigio clave y en medio de rumores por aparentes malversaciones de su cargo.

Lo mismo ocurre con Ricardo Rojas, quien fue el primer nombre que evaluó el gobierno para reemplazar a Barra. Como contó este medio semanas atrás, el jurista tuvo una reunión con el presidente y su mano derecha, Santiago Caputo, a fines de enero donde fue seducido para ingresar a la gestión. En aquel momento, el doctor en Historia Económica rechazó la posibilidad de sumarse a la Procuración, aunque los diálogos con la Casa Rosada nunca se cortaron del todo. 

Rojas fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia desde el retorno de la democracia hasta el primer ciclo del menemato y juez en lo Criminal de Buenos Aires, lo que le valió el respeto en el mundo jurídico, una cucarda más que valorada por la gestión libertaria, que volvió a pensar en él para ocupar una silla en el máximo tribunal.

Completar la Corte, el hueso más duro de roer

A pesar de tener un Congreso más que alineado, el gobierno nunca logró juntar las voluntades necesarias para lograr imponer a Lijo y García Mansilla frente al todavía abroquelado peronismo parlamentario. Para aprobar los pliegos, son necesarios los apoyos de 48 bancas, un número imposible de alcanzar sin el apoyo del bloque de Unión por la Patria, dueño de 34 jugosas bancas. En paralelo al juego de enemigos públicos que ambos espacios retroalimentan a diario, el oficialismo y los espacios que responden a Cristina Fernández de Kirchner tendieron desde hace meses puentes subterráneos para intentar unir ideas.

Cada sector puso a disposición un representante. En la silla del oficialismo se sienta el operador judicial y ministro de Justicia, Sebastián Amerio, íntimo amigo de Caputo. Del otro lado del mostrador los interlocutores no sólo se multiplican, sino que además son algo difusos. Juan Manuel Olmos, histórico dirigente del PJ y habitante del mundo judicial porteño, dialoga con frecuencia con las terminales libertarias. También lo hacen el ministro de Justicia bonaerense, Martín Mena, la senadora Anabel Fernández Sagasti y no merman las versiones que ponen a Eduardo ‘Wado’ de Pedro como posible representante del Instituto Patria, aunque cerca del senador descartan por completo esta posibilidad.

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