En la conferencia de prensa del 20 de septiembre el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al “traspaso de hospitales nacionales a jurisdicciones provinciales, entre ellos el Bonaparte”. Lo dijo al pasar, entre otras “mejoras” implementadas por el Gobierno en salud. El comentario pasó casi desapercibido hasta que la orden de cerrar la internación del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte encendió todas las alarmas. La fuerte lucha de esa comunidad obligó al Gobierno a garantizar los puestos de trabajo y la continuidad de los tratamientos, aunque no está claro qué implica la “reestructuración” en marcha. En tanto, en Casa Rosada confirman que aquel comentario del vocero sigue vigente.

“Vamos a traspasar todos los nacionales a sus jurisdicciones. Si no, se cierran o privatizan”, dijo una alta fuente del Gobierno a este diario. Según esa voz, el conflicto en el Bonaparte estalló porque Ciudad de Buenos Aires no aceptó hacerse cargo. En el gobierno porteño niegan que haya habido un ofrecimiento formal. Por su parte, desde la cartera sanitaria bonaerense indicaron a este medio que tampoco hubo planteos por el traspaso de hospitales nacionales ubicados en Provincia de Buenos Aires. Entre ellos, algunos tan emblemáticos como el Posadas o el Hospital El Cruce.

Todo esto, en el marco de un conflicto de alta intensidad en el Garrahan. Algunas versiones exceptuaban al hospital pediátrico de la intención de traspaso de los nosocomios nacionales a sus jurisdicciones. La fuente de Casa Rosada no hizo esa distinción. En la semana que pasó hubo otros dos paros en ese hospital. Reclaman mejoras salariales, tras haber obtenido un bono de 500 mil pesos por única vez que llevó a que el ministro de Salud, Mario Lugones, echara al Consejo de Administración que había decidido otorgarlo, pese a que se financiaba con recursos propios del hospital.

Una de las protestas de estos días confluyó en Casa de Gobierno y dejó un mensaje simbólico. De rodillas y haciendo fuerza sobre corazones imaginarios, personal del Garrahan le hizo Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a la salud pública. Con una premisa: “Hay que salvarle la vida a los hospitales”.

No es sólo cuestión de camas

“Recibe un presupuesto de 17 mil millones de pesos anuales y cuenta con una muy baja ocupación”, fue el argumento esgrimido por el Gobierno Nacional para apuntar contra el Bonaparte. Según el informe de ejecución presupuestaria elaborado por el Centro de Economía Política (CEPA) y difundido el mes pasado, el ajuste interanual sobre el presupuesto de ese hospital es de casi el 20%. Es decir que antes del anuncio de “reestructuración” ya había comenzado el recorte.

El comunicado del ministerio de Lugones sobre el Bonaparte apuntó también contra la “internación promedio anual de 19 de pacientes diarios” como un dato para justificar el achique. “Poner el acento en la cantidad de ocupación de camas es no comprender los modos de intervención y abordaje que hay que hacer en salud mental actualmente», remarcó Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de salud del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interpuso una demanda ante la Justicia apenas comenzó la amenaza de cierre del Bonaparte.

«Si el Bonaparte tiene una menor cantidad de camas utilizadas que las disponibles, habla muy bien del hospital. Significa que tiene otros servicios ambulatorios, consultorios externos y un seguimiento de los equipos tratantes que logran adherencia a los tratamientos sin requerir internación. Es casi el ejemplo modelo de cómo hay que trabajar”, acotó.

El miércoles, mientras el Congreso avalaba el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, comenzó a circular la versión de que estaban empezando a trasladar a pacientes del Bonaparte. Delegados gremiales lo desmintieron. “Lo que sí es cierto es que seguimos esperando el acto administrativo que dé marcha atrás la orden de cerrar la internación”, dijo una trabajadora. Antes que el Gobierno emitiera el comunicado sobre la “reestructuración”, el cierre momentáneo se concretó con unos 40 pacientes que permanecían internados, sin información sobre qué pasaría con ellos y ellas.

Sabin Paz alertó que derivar a los pacientes a otras instituciones no es un simple trámite: deben firmar el consentimiento informado, los casos judicializados requieren autorización y el Ministerio de Salud de la Nación solo dispone de una alternativa propia especializada en salud mental: el Hospital Ramón Carrillo, en Luján. “Con 500 pacientes, sigue en gran medida con la lógica de un hospital asilar. Sería un retroceso gravísimo el traslado de pacientes allí”.

Cuando el Estado no está

Los otros hospitales que dependen de Nación –además del Bonaparte, Carrillo, Posadas y El Cruce- son Baldomero Sommer, Cuenca Alta, El Calafate, Bicentenario Esteban Echeverría, General de Agudos Dr. René Favaloro y SAMIC Presidente Néstor Kirchner. Casi todos, de alta complejidad. Se suman los de gestión compartida con predominio de Nación, como el Garrahan, y los que dependen de universidades nacionales, como el Clínicas.

También da cuenta de la crisis en el sistema sanitario la situación del Hospital Español, que recibe a personas mayores afiliadas al PAMI. “No podemos atender a un paciente más. Estamos sobrepasados, agotados, cansados”, expresó el jefe de Clínica Médica, Fernando Wahlmann, en un video que se viralizó.

“La gente se está yendo, cuanto más gente se va, más trabajo para los que estamos”, dijo sobre el impacto de la reducción de la planta. La institución arrastra una historia compleja: entró en concurso preventivo en 2002 y se decretó en quiebra en 2017. Desde entonces quedó bajo la órbita del PAMI, para salvarlo del cierre. El año pasado se presentó su puesta en valor tras una inversión millonaria: “Si no hay Estado condenamos a las personas mayores a una fragilidad enorme”, dijo en ese acto la entonces titular del PAMI, Luana Volnovich.

Este año el hospital fue intervenido por la gestión libertaria. Quedó congelada la posibilidad de compra por parte del PAMI –algo que se había anunciado en 2023- y el personal reclama que no les dan información ni aumentos desde enero. En tanto, según denunció Wahlmann, quedan seis médicos para atender a un centenar de pacientes.

Salud en agonía

A fines de septiembre, el CELS presentó un relevamiento de las principales medidas –y sus efectos- que tomó el gobierno de Javier Milei en materia sanitaria durante su primer semestre. El documento –titulado Salud en agonía– advierte que “los aumentos en las prepagas incrementaron el pasaje de afiliados hacia el sistema de obras sociales y al sistema público de salud. Esto ocurre mientras que el sector público ya no tiene capacidad para atender más población de la que está atendiendo y que representa un 33% de la población”.

En este contexto de mayor presión sobre el sistema público, la posibilidad de que haya menos hospitales nacionales sólo puede agravar el panorama. “Siempre es necesario el hospital público, pero en este momento se está incrementando la demanda porque las políticas de gobierno están produciendo una caída de la cobertura al bajar el empleo, y además con la pobreza se produce un aumento de la cantidad y la complejidad de los casos que se atienden. Necesitamos más hospital público del que tenemos, no menos”, sentenció el médico sanitarista Mario Rovere, director de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara.

El especialista resaltó que “Nación no hace salud pública ‘de onda’. Tiene una responsabilidad primaria y así lo establecen todos los pactos internacionales con rango constitucional -como el de los Derechos del Niño- que son mandatorios y el garante último es el Estado nacional”.

“Cuando uno ve los despidos en el Posadas, lo que pasó en el Bonaparte, el Garrahan, evidentemente ya es una política debilitar el hospital público. Todos tienen mucho prestigio, resistencia, apoyo de la comunidad. No es nada sencillo”, apuntó sobre la intención del Gobierno de dejar de sostener hospitales como el Posadas, al que “históricamente han apuntado los gobiernos de derecha”.

Por estos días, el aire que se respira allí es denso. “Hay comentarios de todo tipo, preocupación y mucho miedo en la gente de perder el trabajo”, dijo Aurora Ríos, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud. “Oficialmente no hubo notificación. Pero desde que asumió este gobierno hubo despidos, aprietes. Es cotidiano. Probablemente estemos en la mira”, lamentó una trabajadora del mismo hospital, despedida durante el macrismo y reincorporada por la lucha que le sucedió.

Mario Lugones, ministro de Salud.
La motosierra también alcanza a programas esenciales de salud

La decisión del Estado Nacional de dar un paso al costado en cuestiones sanitarias no sólo se refleja en su política sobre los hospitales nacionales. También, en la subejecución y la eliminación de programas relacionados con la investigación y el trabajo en el territorio.

De acuerdo al informe difundido por CEPA en septiembre sobre ejecución presupuestaria “se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-67%), hospitales nacionales e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-29%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-15%)”. Además, el estudio mostró que “existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos”. Entre ellos: Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica (-58%), Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra (-75%), Atención Sanitaria en el Territorio (-96%), y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-90%).

En la misma conferencia en la que deslizó que comenzaba el embate contra el hospital Bonaparte, Manuel Adorni se refirió a la “eliminación de programas con nombres engañosos”. Como Salud Investiga, del Ministerio de Salud de la Nación. “Otorgaba unas 250 becas anuales en torno a los 158 millones de pesos”, criticó el vocero, y descalificó las temáticas investigadas.

Meses antes de la eliminación definitiva de Salud Investiga ya había reclamos por falta de pagos. “Son becas con larga trayectoria, en las que se llama a concurso, se otorgan a temas diferentes que salen de consultas con referentes y hay jurados. Son becas pequeñas, sin montos importantes, pero que contribuyen a los gastos de funcionamiento”, explicaba por entonces a Tiempo el pediatra Enrique Abeyá Gilardón, de la Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP).

El listado de proyectos que habían sido aprobados para este año –todavía visibles en la web oficial pese a la eliminación– incluía investigaciones sobre diarreas en Tucumán, sífilis en personas gestantes en la Provincia de Buenos Aires, efectos de la pandemia de Covid-19 en la atención de pacientes con cáncer y muchos otros. Todo eso, afuera.

El Garrahan, en situación crítica

Tras una serie de paros de alto acatamiento, movilizaciones y gran visibilización del conflicto, el reclamo de trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan por mejoras salariales está lejos de concluir. Luego de los dos paros de esta semana se pautó una asamblea general para el próximo martes. “Ahí se van a definir nuevas medidas de acción que seguro van a incluir paros. Esto es así porque sigue sin haber ningún tipo de respuesta”, planteó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

“No hemos tenido novedades de las nuevas autoridades, que tampoco está claro que estén nombradas ni cuál es su plan de acción”, señaló. Hasta esta semana, la designación de los nuevos integrantes del Consejo de Administración no había sido publicada en el Boletín Oficial.

En relación a ese cambio de autoridades impuesto por el ministro de Salud, Mario Lugones, la titular de la Coalición Cívica –Elisa Carrió- lo denunció judicialmente por abuso de autoridad. “La directiva impartida tiene por único fin amedrentar a toda autoridad administrativa a que se someta al criterio del Ministerio de Salud de la Nación, aun cuando se actúe en contra de las normas legalmente vigentes”, consideró la denunciante.

Residentes y concurrentes: otro frente de lucha

Tanto en las movilizaciones en defensa del Garrahan como en reclamo contra el intento de cierre del Bonaparte hubo gran participación de residentes, que no sólo acompañan estas luchas en defensa de los hospitales públicos nacionales sino que vienen llevando adelante su propio reclamo por mejores condiciones salariales y laborales.

A fines de septiembre, residentes dependientes del Ministerio de Salud de la Nación realizaron y paro en todo el país y se movilizaron hasta la cartera que hasta entonces conducía Mario Russo. “El paro se realiza frente al ajuste en la salud pública, el deterioro significativo de nuestro salario, la falta de diálogo y el incumplimiento del pago del bono acordado por parte del Ejecutivo en julio del corriente año”, explicó por entonces Agostina Fiandrino residente de Pediatría del Hospital Garrahan.

“Somos profesionales en formación y continua evaluación que prestamos servicios esenciales en organismos públicos de todo el país. Nuestro trabajo es fundamental para el funcionamiento del sistema sanitario argentino. Nos encontramos en estado de alerta y movilización en defensa de la salud pública y mejores condiciones laborales”, añadió.