Después de meses de negociaciones que no llegaron a buen puerto, el gobierno publicará esta noche el decreto con el que nombrará a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. La decisión del oficialismo se dio ante la imposibilidad del oficialismo de reunir las voluntades necesarias en el Congreso y ahora ambos magistrados accederán al máximo cargo judicial por comisión por un año.
Según pudo reconstruir este medio, la redacción del decreto que sería publicado en la madrugada del 26 de febrero en el Boletín Oficial, se concretó horas antes del viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos para participar de la cumbre ultraderechista de la CPAC en Washington. El mismo, contó con la estricta supervisión del asesor todoterreno, Santiago Caputo, y el viceministro de justicia, Sebastián Amerio, que oficia en los hechos como el titular de la cartera que todavía coordina Mariano Cúneo Libarona.
Pese a contar con la voluntad política para avanzar en este sentido, lo cierto es que el oficialismo todavía debe derribar una traba aún más importante. Es que el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 no quiere dejar su cargo en Comodoro Py para ser designado por este método.
Al no contar con la aprobación del Senado, la forma legalmente establecida para el nombramiento de jueces, el presidente tiene la potestad para designar por comisión a los magistrados, a condición de ser evaluados por el cuerpo legislativo durante el período ordinario. Pese haber juntado las voluntades necesarias dentro del peronismo para impulsar su pliego, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, adelantó meses atrás que el espacio impugnaría cualquier nombramiento por decreto, lo que dejaría fuera de juego a Lijo y Mansilla, un escenario para nada tentador para un juez del calibre del penalista.
Con este escenario, en las últimas horas se especuló con la posibilidad de que Lijo pudiese tomarse una licencia en su juzgado, para así poder cumplir con el pedido del presidente de quererlo en la Corte, pero sin arriesgar sus competencias en los tribunales con sede en Retiro. Sin embargo, existen versiones que indican que, de tomar este camino, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vice de la Corte, no estarían dispuestos a tomarle juramento, lo que obliga al gobierno a nuevamente repensar la estrategia.
Cercados, en Casa Rosada se viven horas de tensión. Pese a que las versiones indican que el decreto saldría publicado en la próxima edición del Boletín Oficial, en el gobierno tienen tiempo hasta el viernes a la medianoche, día previo al inicio de las sesiones legislativas ordinarias, para nombrar por decreto a los jueces. Decididos a completar el máximo tribunal antes de esa fecha, en el oficialismo analizan cada una de las variantes para poder iniciar su primer año electoral con la pata judicial ordenada.
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