Tras la turbulenta salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete, el gobierno empieza a reestructurar las áreas que el ex Corporación América tenía bajo su órbita. Según entienden desde Casa Rosada, las mismas estaban mal administradas. Dentro de este paquete está la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la que el gobierno nacional buscará reorganizar a fondo.
Además, la trabazón respecto a los pliegos para incorporar a Ariel Lijo y Lucio García Mansilla como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya pone a Mariano Cúneo Libarona en la lista de hipotéticas salidas del gabinete.
Para la cerrada cúpula del Ejecutivo es menester llevar adelante una reforma estructural del organismo, históricamente utilizado como herramienta de espionaje interno. Para ello, explican fuentes cercanas al presidente Javier Milei, avanzarán con una “limpieza” del órgano y un posterior desmantelamiento que les permita volver a conformarlo desde cero. “Hay que detonar el bicho como está y volver a empezar”, se sinceraron.
En este marco, desde el gobierno no descartan “dividir” a la AFI y conformar dos nuevas agencias que se ocupen del seguimiento de la inteligencia exterior, que continuaría teniendo las mismas facultades que hasta ahora, y una dedicada exclusivamente a las cuestiones de interior que ayuden a combatir las causas de crimen organizado.
Presidencia sospecha de la AFI por espionaje interno
Entre estas modificaciones que se planean está la posible decisión de que la AFI vuelva a estar bajo la estricta supervisión de la Presidencia. Hasta el lunes por la tarde, la titularidad de la agencia estuvo a cargo del abogado Silvestre Sívori, hombre del riñón del eyectado Posse. Ambos funcionarios dejaron la gestión públicas envueltos en una serie de acusaciones sobre supuesto espionaje a altísimos miembros de la gestión libertario.
Entre los presuntos espiados se encontrarían la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien descubrió que su teléfono estaba intervenido por un comentario que el propio Posse le hizo tras una reunión de gabinete. “Que la pases lindo en Punta del Este”, le habría dicho en aquel momento el ex jefe de los ministros a la favorita del presidente, quien había organizado ese viaje sin mencionarle nada a nadie.
A este particular episodio se le sumaron las sospechas de espionaje a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Fue, según pudo reconstruir este medio, la interna que protagonizaron los amigos presidenciales lo que terminó de detonar la pronta salida de Posse del gabinete, a sólo cinco meses de gestión.
Con el camino allanado, el gobierno anunciará en los próximos días al nuevo titular del organismo que cargará sobre sus espaldas la repetida promesa de saneamiento. Aunque el nombre del jefe de los espías aún no fue dado a conocer, fuentes del gobierno confirmaron ante Tiempo que el mismo “no es alguien conocido” pero que es de “extrema confianza del presidente”, condición ineludible para evitar nuevos escándalos en el futuro.
La misma fuente, en tanto, descartó las versiones sobre la posible incorporación del ex secretario de Inteligencia durante la presidencia de Eduardo Duhalde, Miguel Ángel Toma. “Tiene demasiadas internas abiertas”, dijeron para justificar la decisión.
La nueva Corte Suprema, en veremos
El otro frente abierto que batalla el oficialismo son las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Este lunes, los pliegos de ambos jueces fueron enviados al Congreso con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, otro de los nominados para abandonar el gabinete.
Para el gobierno, las designaciones de ambos postulantes están supeditadas una a la otra. “No es uno sí y el otro no, son los dos o ninguno”, afirmó sin rodeos un miembro de la mesa chica del presidente. En esta línea, la misma fuente dejó trascender que, en caso que el Senado sólo apruebe un único pliego, Milei podría no poner la firma para su designación, lo que impediría la obligada renovación de la Corte Suprema.
En los cálculos del gobierno, el pliego de Lijo puede conseguir 50 votos y el de García Mansilla 48. Entre estas bancas, desde el oficialismo cuentan las 33 voluntades de Unión por la Patria y los bloques provincialistas. “Raspando pero pasan”, se sinceraron.
Si bien las postulaciones oficiales fueron presentadas esta semana, en el gobierno admiten que aún no comenzaron con las conversaciones formales con la oposición en la Cámara Alta para avanzar en el tratamiento. En tanto, y según pudo reconstruir este medio, importantes agentes del oficialismo mantuvieron una reunión clave para aceitar los vínculos con la justicia.
A pesar de las diferencias que emergieron a la superficie desde el inicio de la gestión, un alfil del presidente se reunió en las últimas semanas con el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. Durante la charla privada, el representante del gobierno le hizo saber al juez superior el sentido que la gestión libertaria busca darle al funcionamiento del país.
Aunque no hay voluntad de ahondar en las críticas, el participante oficialista de este encuentro confesó a Tiempo que Rosatti “tiene una visión corporativista de la sociedad y el estado que no combina con la que queremos darle al país”, una postura que podría ser más que perjudicial en las eventuales demandas que el oficialismo deba afrontar en la Corte.
Por eso, la asunción de Lijo y García Mansilla será fundamental para completar el engranaje jurídico que el gobierno quiere imprimirle a su gestión. Su llegada inclinaría la balanza en favor de Juan Carlos Maqueda, con quien Rosatti comparte una interna de larga data a pesar de conocerse desde hace más de tres décadas.
Este detalle entusiasma al oficialismo, que buscará desgastar el poder del presidente de la Corte una vez que sus designados aterricen en el palacio de Talcahuano y Lavalle. “Ojo que Lijo no termine siendo el presidente, eh”, dijo en tono burlón un habitué del presidente.
