Los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron en la cárcel de Ezeiza a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura elaboraron un proyecto de ley y un decreto reglamentario para que todos se vayan a sus casas, en libertad o cuanto menos en prisión domiciliaria.
Así se desprende de los chats que el domingo, parcialmente, dio a conocer la diputada Lourdes Arrieta –a punto de ser expulsada de LLA- en la red social X. Esos grupos de Whatsapp muestran una indubitable postura reivindicativa de los torturadores, genocidas y apropiadores de bebés nacidos en cautiverio y, además, un profundo desprecio por los “montochorros” y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a quien llaman “vaca sagrada”.
Amigos de los genocidas
Los diputados también circularon un flyer en el que, al igual que reiteradamente lo hace el presidente, Javier Milei, negaron con supuestos datos estadísticos la cifra de los 30 mil desaparecidos.
El proyecto de ley que redactaron estipula “la imposibilidad de abrir cualquier causa futura por los hechos de los 70”, lo que derriba –de hecho- la calificación de lesa humanidad (por lo tanto, imprescriptibles).
También propusieron la redacción de “un decreto o una ley que incorpore la Convención Interamericana de Protección de los DDHH de las personas mayores que haga obligatoria la detención domiciliaria para mayores de 70 años y que impida la prórroga de la prisión preventiva para ellos pasados los dos años previstos por la ley”.
La abogada Laura Olea, quien junto a Alejandro Saint Jean defiende a represores, mencionó en los grupos un “Proyecto de ley de plazo razonable”. Esa iniciativa, afirmó en el chat fue presentada “al senador Torello”. Todo apunta a que se trata de José Torello, ex jefe de asesores de Mauricio Macri durante su presidencia, cuyo mandato como senador venció el 10 de diciembre pasado. El 5 de diciembre el proyecto ingresó por la Mesa de Entradas del Senado “y se encuentra en la Comisión de Legislación Penal”, precisó la abogada Olea.
“Habíamos propuesto que no alcanza a quienes se encontraren prófugos al momento de la sanción de la ley. Esto por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, que fueron declarados casos de lesa humanidad y entonces van a aprovechar para hacer la objeción de que la extinción no abarque a esa clase de delitos. La aclaración de que no ampara a los prófugos (así están todos los presuntos responsables de esos atentados) dejaría sin argumentos a esa posible objeción”, especuló.
En ese contexto, el ex juez de la Cámara de Casación Eduardo Riggi, quien también integró el grupo de Whatsapp, fustigó al procurador general interino Eduardo Casal por su postura ante los pedidos de libertad condicional y morigeración de las condiciones de detención de los genocidas.
“Casal pretende perpetuarse en ese cargo y ha dictaminado en ese sentido ‘políticamente correcto’ para los progres e izquierdistas por conveniencia y grave debilidad moral. Su antiguo jefe y amigo Alfredo Bisordi se avergonzaría de este discípulo».
Bisordi fue juez de la Cámara de Casación hasta 2008, tuvo una postura idéntica a la de los diputados de LLA a favor de los torturadores y, de hecho, cuando regresó a la profesión de abogado defendió a varios de ellos, entre otros el ex subcomisario Luis Patti, condenado a prisión perpetua.
El abogado Saint Jean respondió a Riggi: “El procurador general interino, Casal, con la excusa de que es apolítico, la única política que mantiene y auspicia es la de la izquierda revolucionaria desde las procuradurías creadas para Justicia Legítima por Gils Carbó para darle impunidad a los amigos y perseguir opositores”.
Cuando la visita de los diputados comenzaba a ser un escándalo y detonaba la interna de LLA, Saint Jean redobló la apuesta: “Los ‘montochorros’, la izquierda y todos quienes fueron por cobardía o conveniencia sus cómplices en estos últimos 20 años van a reaccionar siempre con violencia a cualquiera de nuestros movimientos. No es mala noticia sino muestra del temor que sienten al ver amenazados sus privilegios y el mantenimiento de su ilegal sistema de lucro, venganza y odio. Felicitaciones a los diputados que representan a la verdad y a la mayoría del pueblo”.
El ex juez Riggi, quien fue sobreseído de una acusación por el presunto cobro de sobornos para una frustrada maniobra para beneficiar al sindicalista José Pedraza en la causa por el crimen del militante del PO Mariano Ferreyra en 2010, hizo circular un cuadro sobre los desaparecidos durante la dictadura.
Bajo el título “¿Cuántos desaparecidos hubo según las investigaciones?», el documento (sin explicar cómo y de dónde obtuvo la información) consigna:
Secretaría de DD.HH. 7089
Asamblea Permanente de DD. HH. 6000
Amnistía Internacional 4000
OEA 5000
Comisión Internacional de DD. HH. 5.580
Farenheit 6936
Senado de España 7000
New York Times 6000
Comité de DD. HH. de Ginebra 1377
REDEFA (Registro de Fallecidos) 7500
Desaparecidos.org (Meijide) 7954”.
El encono alcanzó a Estela de Carlotto: en uno de los grupos circuló una captura de pantalla de un artículo del portal Elcanciller.com con unas declaraciones de repudio por la visita a los represores.
La diputada Alida Ferreyra reaccionó con un calificativo despectivo: “La vaca sagrada”.
Los integrantes de los grupos manifestaron, en ese mismo sentido, su ofuscación por los resarcimientos pagados por el Estado a las víctimas y sus deudos.
“Por la salud de la República, si realmente queremos pacificar a la Nación y salir de nuestra larga y continua decadencia, debemos recuperar a la Justicia Penal Federal, recuperar lo robado, juzgar a todos los responsables de la comisión de dicha estafa y fundamentalmente reparar la injusticia sobre aquellos argentinos que han sido y son las víctimas, privados de la libertad, como consecuencia de la estafa denunciada por el señor ministro de Justicia», en alusión a Mariano Cúneo Libarona.
“Se atropelló a la Constitución Nacional, a los principios del derecho penal, se ha mentido, se ha falsificado la verdad ante el soberano, dictándose prisiones preventivas o sentencias injustas sobre la base de relatos falsos. En esta estafa se mintió en juicio y como consecuencia, se condenó y privó de la libertad a inocentes, hoy ancianos de edad avanzada y muchos de ellos ya fallecidos en cautiverio, situación que se mantiene», proclamaron.
Por su parte, el cura Ravazi informó que el diputado Beltrán Benedit habló con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para coordinar la visitar a lo que el grupo denomina como “presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz” y se les facilite el ingreso. «Ya está hablado, quienes quieran ir por favor coordinar por privado con Beltrán para coordinar…”, reza el mensaje.
