Un juez del máximo tribunal penal del país se refiere en sus fallos a las violaciones de los Derechos Humanos durante la última dictadura y los delitos de lesa humanidad como «represión y aniquilamiento de los elementos subversivos». La última oportunidad en que lo hizo fue en un fallo que terminó abriendo las puertas de la cárcel común de Ezeiza al abogado y exministro de Gobierno bonaerense y colaborador de Ramón Camps y a Miguel Etchecolatz, condenado ya a prisión perpetua por su actuación durante los años de plomo. «Si bien es cierto que, en causas como la que nos ocupa, no puede perderse de vista la gravedad del contexto y de los hechos que caracterizó el funcionamiento de la maquinaria estatal de represión y aniquilamiento de los elementos subversivos durante el último golpe institucional en nuestro país y el imperativo internacional de que sus responsables sean juzgados y sancionados, lo cierto es que ello no puede jamás conllevar la supresión de los derechos y garantías que le asisten a todo imputado o una interpretación diferente y más perjudicial a los intereses del encausado a la legalmente establecida», escribió en su voto el juez Juan Carlos Gemignani.

Se trata del juez que a mediados del año pasado protagonizó un escándalo en Tribunales cuando mandó a detener a una secretaria que supuestamente desobedeció la orden de «inventariar» computadoras y televisores remitidos por el Ministerio de Planificación, bajo la órbita de Julio De Vido, en el marco de un convenio de provisión de elementos para el funcionamiento del tribunal. La secretaria terminó rápidamente sobreseída y Gemignani fue imputado por presunta «violencia de género».

En coincidencia con sus colegas Roberto Hornos y Mariano Borinsky, el resultado del fallo es la ratificación de la prisión domiciliaria para Jaime Lamont Smart, de 81 años de edad y afectado por dolencias que, según la resolución, no pueden ser adecuadamente tratadas en el penal. En 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a Jaime Smart, a Etchecolatz y a otros represores. El fallo aún no está firme. Falta la confirmación de la Cámara Federal de Casación Penal.

Para la Casación, para «mantener tal medida coercitiva grave (NdelaR, la prisión común para Smart) deben manifestarse razones fundadas acerca de la necesariedad de tal decisión y la ausencia de riesgos para la salud del imputado, atendiendo no solo a la normativa nacional sino, además, de los estándares y obligaciones internacionalmente».

El fallo sostiene que «habiendo finalizado la etapa probatoria ya no podía alegarse la existencia de riesgos procesales para rechazar el beneficio impetrado». Mantener a Smart en prisión «se basó únicamente en apreciaciones dogmáticas abstractas, carente de un análisis exhaustivo de los requisitos establecidos por la normativa aplicable al instituto procesal bajo examen, y de las particulares circunstancias que rodean al presente caso».

Gemignani utiliza habitualmente el término «subversivos» para referirse a las víctimas de delitos de lesa humanidad, según fallos consolidados de los tribunales. En una resolución en que votó a favor del represor exagente peniteciario Héctor Horacio Marc, el camarista utilizó argumentos similares. «Si bien es cierto que el contexto que caracterizó el funcionamiento de la maquinaria estatal de represión y aniquilamiento de los elementos subversivos durante el último golpe institucional dificulta o impide contar, en la mayoría de las investigaciones, con el ‘elemento del delito’ o con un plexo probatorio completo y acabado, sin que ello implique la imposibilidad de investigar, imputar y condenar, lo cierto es que dicho obstáculo material no habilita a prescindir de un análisis probatorio que brinde certeza acerca de que Marc conocía que esas 19 personas que estaban detenidas ilegalmente iban a terminar siendo trasladadas y asesinadas». «