La posibilidad de que se aplique la tarifa plana en el servicio de gas domiciliario comienza a acercarse, a pesar de que los usuarios desconocen cómo funciona y no quede claro si los perjudica económicamente.
La semana pasada, el defensor del Pueblo de la provincia de Jujuy, Javier de Bedia, llevó el planteo ante el titular del Enargas, Mauricio Roitman. Según De Bedia, el objetivo es «que se establezca una tarifa que sea previsible y que le permita al usuario saber cuánto abonará mensualmente por el servicio». El defensor detalló que en su presentación ante Roitman planteó que quien consumió 1200 metros cúbicos de gas el año anterior, pague 100 metros cúbicos de gas por mes el siguiente año.
De aplicarse la propuesta de De Bedia, alcanzaría a medio millón de clientes de Gasnor en las provincias de Jujuy, Salta Tucumán y Santiago del Estero, aunque el defensor aclaró que tendría carácter voluntario.
Mariana Grosso, jefa del Área de Usuarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, acompañó a De Bedia en la presentación. «Hay que ver las características de cada zona y la segmentación de usuarios. Se debe hacer un buen análisis de cada caso», le dijo a Tiempo sobre la reunión. De cualquier manera, Grosso sostuvo que «la implementación de este tipo de facturación debería hacerse sobre la base de una norma clara y bien comunicada al usuario y que además no le genere ningún costo económico, y debe tener carácter optativo».
En el caso de las provincias servidas por Gasnor, aún no hay debate sobre el tema y sólo se conoce lo que comienza a difundirse por los medios de comunicación.
La propuesta de De Bedia fue aceptada por Roitman, quien adelantó que el tema estará presente en las próximas audiencias gasíferas de septiembre, en la primera experiencia de este tipo del nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel.
El titular del Enargas ya se había mostrado interesado en esta iniciativa. En una conferencia de prensa en marzo pasado, admitió que en el Enargas se estaba trabajando «en ese camino, no ir a un esquema de tarifa obligatoria aplanada, sino a un esquema de financiamiento, o sea, separando la facturación del volumen consumido. Eso tiene que ser una señal para el usuario, de saber cuánto es lo que consume».
Jorge Ruesga, secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, le dijo a Tiempo que «la tarifa plana por ahora es un trascendido, no hay certezas sobre ella. Creemos que el problema central es otro, que no sabemos aún cuál es el verdadero valor del gas en boca de pozo. Las autoridades nunca lo dijeron».
Ruesga observó, además, que «las actualizaciones tarifarias carecen de racionalidad y no están atadas a la variación de los salarios», ambos aspectos que señaló la Corte Suprema en 2016 en su fallo que ordenó las audiencias públicas para debatir el tarifazo del gas.
Desde algunas organizaciones de defensa del consumidor advierten justamente sobre eso: que la tarifa plana sea un mecanismo para ocultar el tarifazo y hacerlo pasar. «
