En el último encuentro del Foro Económico Internacional de las Américas en Buenos Aires, el presidente Javier Milei, desentendiéndose de la desregulación de los precios, la devaluación del 118% y la reducción en las prestaciones de Servicios Sociales que ha implementado este gobierno apenas comenzadas sus funciones en diciembre pasado, afirmó ante los representantes de los principales grupos económicos que la consecuencia de las anteriores políticas “es una verdadera catástrofe (…), tenemos más de un 50% de pobres y 10% de indigentes”. Cabe mencionar, además, que dichas cifras desafortunadamente se incrementarán durante el primer trimestre de este año. En otro pasaje de su discurso, Milei destacó: “echamos a 50 mil empleados públicos” y ahora “van a caer 70 mil contratos”. Un impactante número que afecta la vida de las y los trabajadores, enunciado como si se tratara de una reducción de gastos menor. La decisión comenzó a implementarse con el grave despido de cerca de 15 mil trabajadores estatales el pasado miércoles.

Con estas políticas nunca se llegó a buen puerto, más allá de las promesas típicas de las gestiones neoliberales acerca del futuro promisorio. Son las mismas que en 1959 sostenía Álvaro Alsogaray: “hay que pasar el invierno”; o José Alfredo Martínez de Hoz: “el argentino en general no está acostumbrado a sufrir mucho y cuando se le pide que sufra un poco, no le gusta”. Es el “estamos mal, pero vamos bien”, de Carlos Menem, o “la luz al final del túnel”, de Mauricio Macri. Más actuales, aunque de menor relevancia, fueron las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio, quien sostuvo esta semana que a mediados del año pasado “el consumo estaba inflado artificialmente”, pero que ahora tenemos “una recesión con esperanza”.

La licuadora y la motosierra están funcionando a todo motor, lo cual, desde la perspectiva de este gobierno, significa que el plan está teniendo “éxito”: si no hay licuación no hay cambio de precios relativos, en contra de las jubilaciones y los salarios, principalmente. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con los salarios de enero (Indec), que en términos reales cayeron un 12,5% comparados con los de noviembre. La mayor caída la sufrieron los sueldos del sector público (-21,9%), y también cayeron los privados registrados (-12%).

Con el Decreto 268/24 se establece que desde julio, los aumentos de los haberes previsionales se producirán por la inflación de dos meses atrás: ello significa que no se compensa en su totalidad la inflación de los tres primeros meses de esta gestión, generando una pérdida real en los haberes, en especial para quienes cobran la mínima, que se consolidará hacia adelante, congelando así el cambio de precios relativos que está llevando a cabo este gobierno.

Es necesario que se reconozcan las pérdidas producto de la inflación y que además se incorporen en la fórmula variables como los salarios o la recaudación, para que a futuro, en el marco de otras políticas, las jubilaciones no estén al margen de lo que ocurre con la actividad económica y así se puedan empezar a recuperar.

Fue el propio gobierno el que se decidió a avanzar por la vía del decreto, pasando por alto el hecho de que ya está funcionando la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Pero además hubo una negativa del bloque libertario a una reunión conjunta entre esa comisión y la de Presupuesto y Hacienda para poder avanzar con mayor rapidez. En este caso la acción del oficialismo y sus aliados impide que el Parlamento arribe a resultados que verdaderamente resuelvan la situación de los/as jubilados/as.

Las estadísticas siguen mostrando los efectos del ajuste. En enero, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó un 1,2% respecto al mes anterior y un 4,3% interanual. Como consecuencia del freno total a la obra pública, la mayor caída contra un año atrás se verificó en la Construcción (-16,9%), un sector con grandes implicancias en términos de empleo directo e indirecto.

A su vez, datos del Ministerio de Economía indican que en febrero las exportaciones de carne bovina crecieron un 25,6% interanual (¡récord en 57 años!, según se tituló). No obstante, para la ciudadanía no hay nada para festejar: en dicho mes se observó una caída del consumo per cápita de carnes rojas del 14,5% respecto a igual mes del año anterior.

En enero de este año se veía como una “excelente noticia” la eliminación de las restricciones para exportar 7 cortes populares, y en esta columna hablé de los ganadores y los perdedores de esta decisión. En el primer caso se encuentran los exportadores de carne, mientras que entre quienes pierden están quienes compran en las carnicerías locales y pasan a pagar el asado y el vacío a precio internacionales.

Los resultados expuestos, y muchos más, son coherentes con la lógica que sigue este gobierno, la cual avanza en detrimento del salario, el mercado interno y las pymes.

Por su parte, el FMI volvió a apoyar las políticas del Gobierno, aunque dejó algunos reparos sobre el peso del ajuste. El director del Departamento del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, señaló que “el progreso ha sido impresionante”, pero alertó que “hay que sostener los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables, para que el peso del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras” reforzando la idea de que se requiere calidad más que cantidad en el ajuste que el propio organismo está acompañando. Adicionalmente, el funcionario del FMI afirmó que “el plan requiere implementación política”, en un implícito reconocimiento de las falencias institucionales de la administración libertaria.

El gobierno eliminó por decreto los adelantos de la Anses a cuenta de los déficits de las cajas previsionales a cargo de 13 provincias. No son transferencias discrecionales, venían siendo prorrogadas en las leyes de presupuesto. Un apriete más a dichas jurisdicciones y a los habitantes de las mismas.

Cuando avanzan con los recortes caen la actividad y la recaudación y para volver a tener equilibrio fiscal tienen que ajustar más aún. Este camino es inexorablemente cada vez más recesivo, con lo cual está muy en duda la famosa “recuperación en V” (es decir, que “luego de pasar el invierno”, en el “segundo semestre” la producción se recuperará) y, por el contrario, se profundizaría entonces una aún mayor redistribución regresiva de los ingresos.

Hace exactamente una semana se verificó una masiva movilización por el 24 de marzo, una de las más concurridas de las que tenga memoria. Participaron gran cantidad de partidos políticos y organizaciones, juventud comprometida, y también mucha gente que se acercó por fuera de la convocatoria de las distintas organizaciones sociales participantes.

El momento para semejante movilización popular no es casual. La lucha por Memoria, Verdad y Justicia confronta con el accionar de un gobierno que arremete contra toda una serie de derechos consagrados en la Constitución Nacional. Es un hecho político que no hay que dejar de ponderar y que también se vincula al conjunto de las manifestaciones de resistencia popular que no están aisladas. Por ejemplo, el rechazo a la Ley Ómnibus en Diputados no puede desvincularse del paro de la CGT y las dos CTA.

Cuesta encontrar un proceso político que en 100 días haya tenido el nivel de conflictividad y deterioro que tiene éste, como consecuencia de las políticas que viene implementando.